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Caso RelámpagoLos Hore pagan 5,7 millones a Hacienda y la Fiscalía retira las acusacionesEl juicio contra los Hore ha concluido con un acuerdo que les exime de sus cargos penales y obliga a la mujer a pagar 5'7 millones a HaciendaDIARIODEMALLORCA.ES/EFE.PALMA El juicio contra el matrimonio formado por el financiero de la City de Londres Christian Hore y Martha Hore por blanqueo y defraudación a Hacienda ha concluido hoy con un acuerdo que les exime de sus cargos penales y obliga a la mujer a pagar a Hacienda 5,7 millones de euros de impuestos no abonados.La Fiscalía pedía inicialmente hasta 95 años de cárcel para los Hore por quince delitos fiscales en la compra de dos fincas en Mallorca, en lo que constituye la pieza A del 'caso Relámpago', una causa abierta en 2007 sobre una supuesta trama de blanqueo y fraude fiscal relacionada con el bufete de abogados Feliu de Palma.Finalmente, las partes han llegado hoy a un acuerdo de conformidad por el que la Fiscalía retira la acusación penal contra el matrimonio, pero que obliga a Martha Hore, como responsable civil, a abonar 4 millones de euros a Hacienda del Estado y a la comunidad balear por los impuestos de transmisiones patrimoniales no pagados en la compra de las fincas, más 1,7 millones de intereses.Respecto al abogado Alejandro Feliu, el acuerdo le condena a 7 años de cárcel por sendos delitos fiscales, pero se contempla que estas penas se sustituyan por una multa de 504.000 euros.También se le obliga a pagar una multa de 4 millones de euros al considerarle responsable de no haber asesorado correctamente sobre el dinero que los Hore debían pagar a Hacienda.El acuerdo de conformidad está pendiente de firmarse esta misma mañana en espera de que se desbloqueen las cuentas de los Hore y puedan abonar lo contemplado en el escrito, tras lo que el juez de lo penal 5 de Palma dictará una sentencia de acuerdo con él.
Las mayores fianzas impuestas a políticos por casos de corrupción desde 2000 Los 686 millones de euros impuestos este viernes a Francisco Javier Guerrero por las irregularidades detectadas en la Junta de Andalucía es muy superior a la que hasta hoy era la más elevada: los tres millones de euros a Jaume Matas en 2010 EFE / MADRID Día 02/04/2012 - 17.06h REUTERS La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha dictado un auto en el que impone una fianza de 686 millones de euros al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, en relación a la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía. Una fianza infinitamente superior a los tres millones de euros impuestos a Jaume Matas en 2010, que, hasta hoy, era la más elevada en la historia de España. Esta es la relación de fianzas más altas impuestas a políticos implicados en casos de corrupción de España democrática, para eludir la cárcel: Jaume Matas: caso Palma Arena La fianza más alta impuesta a políticos implicados en casos de corrupción ha sido de tres millones de euros, exigida el 30 de marzo de 2010 a Jaume Matas, ex presidente de Baleares, implicado en el caso Palma Arena, que la abonó el 7 de abril. El juez instructor, José Castro, le imputó doce delitos de corrupción durante su último mandato en el archipiélago (2003-2007). Roca: caso Saqueo I Esta misma cantidad se le impuso el 23 de abril de 2008 a Juan Antonio Roca, ex asesor urbanístico del ayuntamiento de Marbella, vinculado a Jesús Gil, aunque no era cargo electo. El juez instructor de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, lo implicó en el caso Saqueo I, relacionado con la corrupción en el ayuntamiento marbellí. Roca nunca abonó esta cantidad para eludir la cárcel, ya que estaba en prisión por otros delitos de corrupción. Operación Pretoria En la Operación Pretoria, contra la corrupción urbanística en Barcelona, ordenada por el Juez Garzón en octubre de 2009, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU, salieron en libertad el 7 y 8 de diciembre tras pagar una fianza de un millón de euros cada uno. El 19 de febrero de 2010 la Audiencia Nacional redujo la fianza a 200.000 euros.El ex alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, debió abonar una fianza de 500.000 euros. Además el juez dejó en libertad bajo fianza de 200.000 euros al ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco.El 12 de abril de 2010 salió de prisión el ex diputado del PSC, Luis García Saez, presunto "cerebro" de la trama, tras pagar una fianza de 500.000 euros, impuesta por el juez Garzón el 1 de abril. Caso Cienpozuelos En el caso Cienpozuelos, por presunto blanqueo de dinero en Andorra, el entonces alcalde de esta localidad madrileña, Pedro Torrejón abonó 900.000 euros de fianza para salir de la cárcel el 14 de diciembre de 2006, donde permanecía desde noviembre.También le fue impuesta la misma fianza al ex alcalde de la misma localidad, Joaquín Tejeiro, ambos del PSOE. Jesús Gil: caso Saqueo I En el caso Saqueo I, el juez instructor, Juan del Olmo, impuso en abril de 2002 una fianza de 7000.000 euros a Jesús Gil, entonces alcalde de Marbella para eludir la cárcel. Esta misma medida fue adoptada para otras siete personas relacionadas con el ayuntamiento, entre ellas, el entonces gerente de urbanismo Juan Antonio Roca. Caso Son Oms El caso Son Oms (Mallorca), relacionado con supuestos pelotazos urbanísticos en el polígono palmesano del mismo nombre en la década de los años noventa, afectó al ex conseller insular de Territorio Bartomeu Vicens y al ex secretario general de Unión Mallorquina (IU) Damià Nicolau, dentro de una pieza separada del caso.El 23 de diciembre, Vicens eludió la cárcel tras abonar dos fianzas por un total de 200.000 euros, por esta pieza y por otra separada dentro del mismo caso, denominada "Maquillaje". Roca: caso Malaya El caso Malaya, uno de los de mayor repercusión mediática, sobre corrupción en el ayuntamiento de Marbella, ha tenido como principal inculpado a Juan Antonio Roca, ex asesor de urbanismo del ayuntamiento, para el que la Audiencia Provincial de Málaga dejó sin efecto el 20 de mayo de 2008 la fianza de un millón de euros, impuesta por el instructor.El político que debió pagar una fianza más alta en este caso fue Pedro Román, ex primer teniente de alcalde de este municipio, 200.000 euros, por lo que salió el 8 de enero de 2008, aunque antes, el 11 de octubre de 2007 la Audiencia Provincial de Málaga había fijado una fianza de un millón de euros para su excarcelación.El 13 de septiembre de 2006 el juez decretó libertad bajo fianza de 60.000 euros para la ex alcaldesa Marisol Yagüe, y los ex ediles Isabel García Marcos y Victoriano Rodríguez. Caso Ballena Blanca En el caso Ballena Blanca, Pedro Tirado, alcalde de Manilva (Málaga), abonó 250.000 euros y salió en libertad el 21 de de diciembre de 2005, por su presunta vinculación con una red de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. Caso Andratx En el caso Andratx, la primera gran causa de corrupción urbanística en Mallorca, han estado implicados diversos políticos. El 23 de diciembre de 2008 Jaume Massot, director general de Ordenación del Territorio, salió de prisión tras satisfacer una fianza de 200.000 euros. Dos años antes, el juez instructor decretó la puesta en libertad de Eugenio Hidalgo, alcalde popular de Andratx, con una fianza de 100.000 euros. Caso Inestur El caso Inestur ("operación Voltor"), en el que se investiga la supuesta corrupción en empresas públicas del Govern balear en la presente legislatura, se inició a principios de febrero de 2010, en el que están imputados varios responsables de Unió Mallorquina.El 9 de febrero, Miquel Nadal, concejal y ex conseller de Turismo, Angel Flaquer, ex presidente de UM, Antoni Oliver y Joan Sastre, ex directores generales, eludieron prisión tras depositar fianzas de 100.000 euros. Un mes después, el 15 de marzo, en una nueva fase de la operación, la Policía detuvo a otro ex conseller de Turismo, Francisco Buils (UM), que quedó en libertad dos días después tras depositar la misma fianza. Caso arcos En el Caso arcos, de corrupción urbanística, el 4 de junio de 2009, la jueza dictó libertad bajo fianza de 120.000 euros para el ex alcalde de Alcaucín, (Málaga) José Manuel Martín, del PSOE, único encarcelado que quedaba por esta causa en la que imputaron a 29 personas. Operación Troya El la Operación Troya, en enero de 2007 detuvieron al alcalde de Alhaurín El Grande (Málaga), Juan Martín Serón (PP), al concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, y en fases posteriores a veintitrés personas, entre ellas al asesor jurídico del Ayuntamiento y al arquitecto municipal. Juan Martín Serón y el edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, quedaron en libertad bajo fianza de 100.000 euros el 19 de enero de 2007. Caso Faycan En el Caso Faycan, que investigó la presunta corrupción del gobierno municipal del PP en Telde, Gran Canaria, la principal imputada fue la ex concejala de Obras Públicas, Contratación y Vivienda y ex presidenta local del PP, María Antonia Torres, quien quedó en libertad provisional el 4 de mayo de 2006 bajo fianza de 100.000 euros después de permaner en prisión durante 62 días, acusada de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y revelación de secreto. http://www.abc.es/20120316/espana/abci-mayores-fianzas-espana-201203161424.html
JUSTICIA | Abierta por Garzón en 1998 La Audiencia archiva la causa contra la viuda de Pinochet por blanqueo de dinero La viuda de Augusto Pinochet, Lucía Hiriart. | Alfonso Daniels También se investigaba al abogado del dictador y dos cargos del Banco de Chile Europa Press | Madrid Actualizado lunes 30/04/2012 16:02 horas El juez Pablo Ruz ha decretado el sobreseimiento provisional de una causa que aún permanecía abierta en la Audiencia Nacional contra la viuda del ex dictador chileno Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, su abogado Oscar Custodio Aitken y dos altos cargos del Banco de Chile, Pablo Granifo Lavín y Hernán Donoso Lira, por delitos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.El magistrado ha archivado la investigación -abierta por el juez Baltasar Garzón a raíz de una querella presentada en 1998 por la Fundación Española Presidente Allende dentro del sumario que investigaba el denominado 'Plan Cóndor'- al considerar que la Justicia chilena ya investiga a la mujer de Pinochet por los mismos hechos.Garzón consideraba que la viuda y los otros imputados podrían haber contribuido a la desaparición de "importantísimas cantidades de dinero de origen presuntamente ilícito" obtenidas por la familia Pinochet. Ampliaciones de la querella En septiembre de 2004 amplió la imputación a Hiriart y Aitken por los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de dinero, y en febrero de 2005 acordó el sobreseimiento libre de la causa contra el Banco Riggs National Corporation, que accedió al pago voluntario de una multa de 16 millones de dólares.La Fundación querellante presentó el 4 de abril de 2007 una segunda ampliación de querella contra el gerente general del Banco de Chile entre 2001 y 2005, Pablo Granifo, el responsable de la institución en Nueva York, Hernán Donoso, y otros cuatro responsables de la entidad bancaria y de dos de sus filiales de bolsa y fondos de inversión.Garzón resolvió esta última petición admitiendo la ampliación de la querella pero sin identificar a los responsables concretos contra los que se dirigía la acción penal, ya que, según explicaba, de la documentación aportada por los querellantes no se desprendía "la concreta participación de cada uno en los hechos delictivos investigados". Jurisdicción preferente Ruz ha tomado esta decisión tras confirmar con la Justicia chilena, que goza de la jurisdicción preferente, que ha existido en este país "una persecusión e investigación realmente efectiva de los hechos objeto de la presente causa, sujeta a los estándares y presupuestos exigidos por la legalidad y jurisprudencia internacional".Las consultas realizadas por el magistrado obtuvieron respuesta de la Corte Suprema de Chile, el 12 de julio de 2010. Los hechos "están siendo conocidos por un tribunal chileno con jurisdicción y competencia", indicaba el escrito recibido por el juez Ruz.Después de consultar al fiscal, que informó a favor del archivo, el juez asegura que ha quedado acreditada la "interconexión y coincidencia procesal sobre los hechos investigados". Agrega que la Justicia chilena goza, en este caso, "de una mejor posición para la persecución y eventual enjuiciamiento de los hechos".
La Agencia Tributaria denuncia la financiación ilegal del PP en MadridCitar“Al menos una parte de la facturación emitida a Fundescam es falsa. El cliente real era el Partido Popular”. La Agencia Tributaria es clara al considerar las pruebas sobre la financiación ilegal del PP de Madrid. En 2010 ya lo hizo la investigación del caso Gürtel. Ahora, los inspectores de Hacienda —ya bajo el mandato del Gobierno de Mariano Rajoy— han remitido al juez de Audiencia Nacional Pablo Ruz un informe en el que denuncian la existencia de documentos que acreditan que servicios realizados por la trama Gürtel para el PP acabaron siendo pagados por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam). Esta es una fundación del PP de Madrid que se alimentaba de las donaciones de empresarios privados y que no podían servir, según la ley, para financiar campañas electorales. Es decir, el dinero de los empresarios acabó pagando los gastos electorales del PP madrileño.Sin embargo, el presunto delito ha prescrito, motivo por el que ya en 2010 la Fiscalía Anticorrupción decidió no seguir adelante con la investigación. [...]
“Al menos una parte de la facturación emitida a Fundescam es falsa. El cliente real era el Partido Popular”. La Agencia Tributaria es clara al considerar las pruebas sobre la financiación ilegal del PP de Madrid. En 2010 ya lo hizo la investigación del caso Gürtel. Ahora, los inspectores de Hacienda —ya bajo el mandato del Gobierno de Mariano Rajoy— han remitido al juez de Audiencia Nacional Pablo Ruz un informe en el que denuncian la existencia de documentos que acreditan que servicios realizados por la trama Gürtel para el PP acabaron siendo pagados por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam). Esta es una fundación del PP de Madrid que se alimentaba de las donaciones de empresarios privados y que no podían servir, según la ley, para financiar campañas electorales. Es decir, el dinero de los empresarios acabó pagando los gastos electorales del PP madrileño.Sin embargo, el presunto delito ha prescrito, motivo por el que ya en 2010 la Fiscalía Anticorrupción decidió no seguir adelante con la investigación. [...]
Un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha denunciado este martes al presidente de este órgano judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, según informa el diario El País en su edición impresa de este miércoles.Dívar asegura que estos viajes han sido pagados con su dinero Manuel Gómez Benítez, el catedrático de Derecho Penal que ha interpuesto la denuncia, acusa a Dívar de un supuesto delito de malversación de fondos públicos.Según la documentación que ha entregado este vocal del CGPJ, Carlos Dívar podría haber pagado con 6.000 euros de procedencia pública seis fines de semana en un hotel de lujo de Marbella, así como diversas cenas en restaurantes de lujo de la localidad malagueña.También acusa Gómez Benítez al presidente del Supremo y del CGPJ de llevarse siete escoltas en esos desplazamientos, que costaron 27.000 euros al erario público.El vocal denunciante asegura que estos viajes no tienen nada que ver con los deberes del cargo de Dívar y que no ha denunciado más viajes porque aún está esperando documentación que ha solicitado a los órganos del Consejo.El diario El País ha contactado con Carlos Dívar, quien asegura que estos viajes han sido pagados con su dinero.Dívar asumió la presidencia del Supremo y el CGPJ en 2008, a petición del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, petición que fue apoyada por los populares. En el momento de su nombramiento las asociaciones de jueces coincidieron en considerar acertada la elección del entonces presidente de la Audiencia Nacional para presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo.
Enrique Iván Escalera Reina, juez sustituto de la magistrada Mercedes Alaya en el caso de los ERE falsos, es sobrino carnal de un histórico dirigente del PSOE de Sevilla, José Escalera Cosano, que encabezó la lista socialista al Ayuntamiento de Casariche en las primeras elecciones democráticas que se celebraron en España tras la Dictadura, como publicó el diario ABC de Sevilla el 22 de marzo de 1979. Casariche es un municipio de la Sierra Sur sevillana de 5.500 habitantes, situado a 120 kilómetros de la capital y conocido por sus canteras romanas.Escalera, que estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, admite en su perfil público de Facebook que es “amigo” de los socialistas de su localidad natal. No hay ni rastro de amistad con otras fuerzas políticas. En el apartado de eventos de la red social también posa mirando a la cámara del fotógrafo con una generosa cerveza de la marca Guinness, acompañado de una mujer rubia en un bar de estilo irlandés.Como publicó ayer El Confidencial, el magistrado que sustituye desde el pasado mes de septiembre a Alaya en el caso de las falsas prejubilaciones en Andalucía ha tirado por la borda la instrucción de la juez titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que se negaba constantemente en sus autos a rebajas indiscriminadas en la fianza impuesta a los imputados en prisión o a la excarcelación de algunos de ellos, como la de Juan Francisco Trujillo, el llamado chófer de la cocaína.Especialista en sustitucionesEl juez sevillano es un especialista en sustituciones. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial acordó el 18 de septiembre de 2008 nombrar a Enrique Iván Escalera Reina juez sustituto de los Juzgados de Sevilla, Alcalá de Guadaira, Carmona, Cazalla de la Sierra, Coria del Río, Dos Hermanas, Écija, Estepa, Lebrija, Lora del Río, Marchena, Morón de la Frontera, Osuna, Sanlúcar la Mayor y Utrera (Sevilla), según consta en el BOE del 25 de septiembre de 2008. En 2010 fue magistrado sustituto de lo social del número 3 de Sevilla. También fue juez sustituto del Juzgado de Huéscar (Granada). En 2011 fue juez del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Estepa (Sevilla).En Casariche, el municipal natural del magistrado, gobierna el PSOE desde las elecciones municipales de 2011, tras arrebatarle la Alcaldía a IU. El 9 de febrero de este año, IU-LV-CA pidió a la Junta Electoral que ordenara la “inmediata suspensión” de la visita institucional que el presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, finalmente sí realizó al Ayuntamiento sevillano de Casariche, gobernado por el socialista Basilio Carrión. Griñán visitó el Centro Especial de Empleo Mosaicos Casariche, dedicado a la elaboración del mosaico artesanal y que integra en el mercado laboral a personas con discapacidad.El municipio se vio envuelto, también a principios de 2012, en una presunta irregularidad con la recepción de ayudas de parte de la Diputación Provincial de Sevilla. El ente supramunicipal subvencionó desde 1998 una escuela de fútbol, "Peloteros del Sur", dirigida desde ese mismo año -y hasta 2011- por el actual alcalde de la localidad, Baltasar Carrión. Según publicó ABC de Sevilla, dichas subvenciones, que superarían el millón de euros, no habían sido justificadas según un informe de una auditoría.Enrique Iván Escalera Reina está muy vinculado con su pueblo. El sábado 1 de septiembre participó en las IX Jornadas Casariche Encuentros con su historia y cultura para hablar de los Derechos y deberes de los ciudadanos de Ventippo, la ciudad fundada por los celtíberos a tres kilómetros del actual municipio sevillano.