www.transicionestructural.NET es un nuevo foro, que a partir del 25/06/2012 se ha separado de su homónimo .COM. No se compartirán nuevos mensajes o usuarios a partir de dicho día.
0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.
La empresa Aizoon, compartida al 50% entre Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, hizo negocios con la nueva empresa de Esperanza Aguirre. En el año 2007, la compañia de cazatalentos Seeliger y Conde SA pagó a la compañía de los duques de Palma alrededor de 40.000 euros por diferentes gestiones.Urdangarín además participó en 2008 en el consejo asesor de la empresa cazatalentos en la búsqueda de perfiles directivos, según publicó hace un año Economía Digital. Ese consejo asesor es el que ahora presidirá Esperanza Aguirre. La documentación de esos pagos entre Aizoon SL y Seelinger y Conde SA forma parte de la investigación del caso Palma Arena en la parte correspodiente a los negocios vinculados al yerno del rey.
El yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, ha dado un quiebro defensivo en su estrategia de defensa al advertir al juez instructor del caso Nóos, José Castro, que le ha provocado una “irreversible indefensión”. Así lo indica en la argumentación documental contra el auto en el que se le exige una fianza de 8.189.448,44 euros, donde el letrado Mario Pascual hace constar expresamente en la causa esa advertencia para poder formular en el futuro una apelación al Tribunal Constitucional. El camino está abierto para intentar impugnar y anular el proceso penal —y la eventual sentencia adversa— contra el esposo de la infanta Cristina. El argumento es una supuesta vulneración de los derechos fundamentales.Urdangarin “quien era (y es) pariente de SM El Rey”, anota el abogado, queda situado en “una indefensión irreparable” porque el juez incorpora nuevos documentos, testimonios y articula otras acusaciones (tráfico de influencias). El instructor, según el defensor del duque de Palma, “acomoda a deshoras las diligencias previas al procedimiento abreviado”, el paso previo a un juicio. Con ello veta procesalmente la posibilidad de discutir sus decisiones. Así “se denuncia la vulneración del principio de contradicción en del procedimiento del derecho de defensa, a los efectos de invocarlo ante la Audiencia y el Tribunal Constitucional”, prosigue.El defensor carga contra el juez del caso Nóos por la “ inclusión de escritos y testimonios”, que desconocía. “No podía defenderse de aquello que se ignora”, apostilla. Mario Pascual tilda de “novedosa, extemporánea y sorpresiva" la introducción del juez Castro en el auto. Insiste en que ello, otra vez, “vulnera el derecho de defensa” del duque de Palma.“No [hay que] imponer fianza alguna en concepto de responsabilidad civil derivada de delito, al no haber cometido mi mandante ningún delito", reseña en el recurso el letrado de Urdangarin, según consta en el escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS. En él afirma que no se sabe a ciencia cierta qué hechos se le imputan al duque y que el juez incluye sorpresivamente el delito de tráfico de influencias. En todo caso "no existen indicios de criminalidad" contra el duque, argumenta.“Empobrecimiento injusto” del "pariente real"En línea coincidente con la defensa de su exsocio Diego Torres, Urdangarin rechaza que se incluyan en la fianza civil las cantidades correspondientes al IVA e IRPF porque “habría enriquecimiento injusto e “injusto empobrecimiento para mi mandante [el duque de Palma]”, al tener que garantizar el importe de impuestos que ya habían abonado como proveedores y trabajadores de congresos en Valencia y las islas Baleares.Urdangarin “no se ocupaba de materias contables, fiscales, administrativas y que por ello nunca ha podido aportar factura”, agrega el escrito. Además en él se critica la no atribución de responsabilidad directa a los políticos imputados, que decidieron los convenios. Sostiene que el instituto Nóos era una entidad sin ánimo de lucro, mientras que las asociaciones funcionan operativamente como cualquier empresa. Argumenta que Urdangarin abandonó el instituto Nóos en marzo de 2006 y dejó en ese momento de percibir su salario mensual. En aquel año cobró 16.050 euros y desde entonces “solo iba por allí de ven en cuando y sin cobrar y no por ello puede ser igualado a ser asalariado”.MÁS INFORMACIÓNEl juez impone a Urdangarin y su socio una fianza civil de 8,1 millonesUrdangarin rechaza la fianza porque ni delinquió ni cobró de Valencia o BalearesUrdangarin volverá a declarar ante el juez el próximo 23 de febreroLa Abogacía del Estado se persona en el presunto fraude fiscal de UrdangarinIñaki Urdangarin, vetado por la Casa del Rey de la agenda de actos oficiales, ausente de las relaciones habituales pública de la Familia Real y borrado de la web oficial de La Zarzuela, niega al juez que ejerciera ante las autoridades ni influencia ni presión “por su mera condición de pariente por afinidad de SM El Rey de España". Su abogado refuta que esta presencia virtual e influencia no "devino tan irresistible” hasta el extremo de que las autoridades “tan solo por ello firmaron” y "aceptaron sin rechistar” .Mario Pascual afirma que las autoridades de Valencia y Baleares no se dejaron “doblegar ante la supuesta luz cegadora que emanaba de mi mandante por su condición de pariente real”, para obtener “ algún favor regio”. Es “inverosímil”, puntualiza. No se “sometían” a la voluntad, no existía poder de sujeción de tal magnitud. No era ‘víctimas’ de ” influencia o presión inaguantables insalvables”.El abogado defensor si relaciona, para rebatirlos, los delitos que el juez detalla: delito continuado e instrumental de falsedad en documento oficial, otro instrumental y continuado de prevaricación administrativa, de malversación de fondos públicos, de fraude a la Administración, otro de prevaricación”.Mario Pascual concluye que Aizóon (la empresa de Urdangarin y Cristina de Borbón) solo percibió de Nóos 706.932 euros en los años 2004 y 2005. La fianza reclamada de 8,18 millones de euros, dice, “es desproporcionadamente excesiva” y arguye que “sería más equitativa” la fianza alternativa a la mayor de 5,9 millones de euros, según un cómputo de facturas diferente. Al final reclama una prueba pericial sobre los convenios de colaboración entre interventores del Estado y el particular del duque.
LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Un hombre de Ana Botella implica al equipo de Ruiz-Gallardón en el 'caso Urdangarin' Fernando Villalonga, delegado del Area de Gobierno de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid, se puso en contacto con la Fiscalía para entregar toda la documentación sobre las irregularidades en el convenio firmado por una de las fundaciones del duque de Palma y la candidatura olímpica de Madrid 16. El juez Castro ha imputado recientemente a tres integrantes de esta última. Nacional | Ó. López-Fonseca | 20:23 Ana Botella y Alberto Ruiz Gallardón en un acto del PP. Foto:GTRES Una llamada de teléfono, una breve carta y decenas de folios de documentación. Fernando Villalonga, el delegado del Area de Gobierno de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid y hombre de la máxima confianza de Ana Botella, remitió el pasado 29 de enero al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, toda la información que obraba en poder de su departamento sobre las supuestas irregularidades cometidas entre 2007 y 2009 por el pago de 120.000 euros por parte de uno de los organismos que patrocinaba la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2016 a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), las última ONG creada por Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres. Esa documentación es la que llevó la semana pasada al juez que instruye el caso Urdangarin, José Castro, a desplazarse a Madrid para interrogar e imputar a tres de los directivos que se encontraban al frente de dicha entidad, la Fundación Madrid 16. Entonces, el primer edil era el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.En su carta al fiscal general, el hombre de confianza de Botella detalla que "como quedamos en nuestra conversación telefónica" le remitía el contrarto firmado entre la Fundación Madrid 16 y el organismo de Urdangarin y Torres, "así como los recibís en pagos bajo el concepto de 'donación' por la cantidad de 120.000 euros" que supuestamente recibió esta última. Villalonga añade que no ha "podido hasta ahora justificar a qué servicios corresponde el cobro de las citadas cantidades". El Ministerio Público considera que esta documentación demuestra que el 7 de octubre de 2007 Madrid 16, al frente de la cual estaban Mercedes Coghen, Miguel Villa y Gerardo Corral, los tres nuevos imputados la semana pasada, suscribió con la ONG de Urdangarín y Torres un "convenio marco de colaboración por el que ambas partes se comprometían [...] a impulsar la utilización del deporte como herramienta de integración social de colectivos desfavorecidos".Pese a que dicho convenio no especificó ningún tipo de contraprestación económica a cambio, la documentación remitida demuestra que Madrid 16 entregó a la FDCIS "en concepto de donación" 120.000 euros repartidos en 18 pagos entre el 31 de octubre de 2007 y el 24 de noviembre de 2009, la mayoría de ellos de 6.000 euros, aunque también los había de 12.000 euros. La Fiscalía recalca que dichas cantidades fueron abonadas sin que conste que la ONG de Urgandarín y Torres hubieran realizado ningún servicio. De hecho, el Ministerio Público considera que un escrito de cuatro folios con el título "Memoria" escrito a mano en su encabezamiento y fechado en diciembre de 2011 que esgrime Madrid 16 para justificar dichas entregas no es sino un "intento burdo" por enmascarar las irregularidades. Del dinero que Madrid 16 le pagó a la fundación del yerno del rey, ésta sólo declaró a Hacienda 72.000 euros, según consta en uno de los informes que la Agencia Tributaria ha hecho durante la instrucción del caso Nóos. El resto, presuntamente, fue evadido de España con rumbo a cuentas secretas en Luxemburgo, según descubrió recientemente la investigación.Declaración ante el juezEl propio Fernando Villalonga declaró como testigo ante el juez Castro el pasado 7 de febrero por la mañana. En su testimonio, aseguró que puso en conocimiento del fiscal general del Estado los datos que obraban en su poder después de que tuviera conocimiento de que el grupo parlamentario de UPyD en el consistorio había hecho en octubre de 2012 una pregunta sobre unos contratos relacionados con el Instituto Nóos. "Creí oportuno poner en conocimiento de la Fiscalía la documentación que obtuve". El alto cargo del ayuntamiento asegura que tomó "la iniciativa" porque le llamó la atención, "aparte de lo llamativo del nombre de una de las partes", que en el convenio de colaboración no se fijasen ni cantidades ni prestaciones y que, sin embargo, si hubiera facturas "a favor de dicha fundación a título de donación y sin que se localizase la justificación de la realización de los servicios a que correspondían estas facturas".Villalonga añadió que la concejala de Deprotes, Patricia Lázaro, que depende de él, fue la que se encargó de alertarle de las irregularidades del convenio firmado con la ONG de Urdangarín y su socio y que, a partir de ello, buscó "exhaustivamente en los archivos de la Fundación 2016, ya extinta, si existía algún tipo de trabajo o servicio que justifique estas facturas y no lo he encontrado". El máximo representante del Área de las Letras del Ayuntamiento destacó en su testimonio ante el juez que "es la primera vez en mi vida que he visto transferencias dinerarias en calidad de donaciones a pesar de que llevo muchos años en la Administración". Villalonga recordó, precisamente, su paso por el gobierno de la Comunidad Valenciana en 1995, con Eduardo Zaplana.
El juez José Castro, que instruye el caso Nóos por apropiación indebida de fondos públicos por parte de Iñaki Urdangarin, yerno del Rey, y su exsocio Diego Torres, ha citado hoy como imputada a la infanta Cristina. La hija del Rey, la ciudadana Cristina Federica de Borbón y Grecia, debe acudir a declarar el 27 de abril en el caso, como copropietaria de Aizóon y directiva de Nóos. Inicialmente esta citación, declarada de oficio por el juez sin petición de parte, no está apoyada por la Fiscalía.La decisión judicial se produce después de la séptima remesa de correos electronicos aportados por el exsocio del yerno del Rey, Diego Torres, con los que este trataba de demostrar que don Juan Carlos conocía y apoyó los negocios del duque de Palma. Urdangarin trató sin éxito que estos mensajes fueran apartados de la causa, pero el magistrado lo desestimó ayer.Torres, enfrentado con Urdangarin desde que se abrió la causa judicial contra ambos, lleva meses facilitando al juzgado una serie de correos electrónicos que buscan demostrar que la infanta Cristina estaba involucrada en el negocio del Instituto Nóos. Esta estrategia, puesta en marcha el 12 de abril de 2012, ha consistido en facilitar al juez, de manera dosificada, cientos de correos electrónicos que sacó de los ordenadores de la empresa que compartía con Urdangarin.Entre los documentos facilitados al juzgado por Torres figura un correo electrónico fechado el jueves, 20 de febrero de 2003, cuando su proyecto empresarial empezaba a caminar. En ese correo electrónico, el duque de Palma se dirige a su esposa y le explica: “Aprovecho que estás conectada para enviarte una comunicación de Nóos que tengo pensado enviar. Hay dos versiones. Clientes, colaboradores y amigos. Léelo y dime que piensas please…Ciao”.Hasta ahora, el magistrado y la Fiscalía había rechazado imputar a la infanta porque, aunque formó parte de la junta directiva del Instituto Nóos no había participado en la toma de decisiones. Torres lleva casi un año entregando correos electrónicos para demostrar lo contrario.Nóos era un instituto sin ánimo de lucro creado en 1999 que empezó a tener actividad en 2003, cuando Urdangarin fue nombrado presidente del mismo. Bajo la apariencia de una entidad sin ánimo de lucro, Nóos logró contratos millonarios de los Gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana, ambos en manos del PP. Esos contratos fueron adjudicados a dedo y nadie controló que el dinero público adjudicado se correspondía con lo realmente gastado, según la investigación judicial. Gran parte de los casi seis millones de euros que Nóos consiguió de las administraciones públicas entre 2004 y 2006 acabó en la caja de empresas privadas con ánimo de lucro que eran propiedad de Urdangarin y de su socio, Diego Torres.Cuando se hizo cargo del Instituto Nóos, el propio Duque de Palma hizo partícipe de su nueva aventura empresarial a decenas de personas en un correo electrónico, incorporado el pasado martes a la causa judicial y que también envió al Rey Juan Carlos, a la Reina y al secretario de la infanta.
El juez instructor del 'caso Nóos' tiene un margen breve de tiempo para imputar a la infanta delitos fiscales que derivarían de su presunta implicación en el instituto sin ánimo de lucro.En dos meses, los presuntos delitos fiscales relativos a IRPF y a impuesto de sociedades, prescribirían y ya no sería posible imputárselos a la hija menor del Rey, según publica el diario El Mundo. La decisión de la Agencia Tributaria de retirar la consideración del Instituto Nóos como empresa sin ánimo de lucro a una empresa normal ha provocado que nuevos delitos fiscales tengan que ser contemplados.Así, como empresa sin ánimo de lucro, el Instituto Nóos dejó a deber a Hacienda miles de euros. Los delitos anteriores a 2007 ya habrían prescrito.La decisión que el juez tendrá que tomar, según explica El Mundo, es quiénes son los responsables de esos delitos fiscales: si además de Iñaki Urdangarin y Diego Torres, los demás vocales de la directiva de Nóos también son responsables, y la infanta Cristina sería una de las implicadas en tal caso.
Cuando Mario Pascual, abogado de Iñaki Urdangarin, contrató, a comienzos del año pasado a un “forense informático” para recuperar los 30.000 correos electrónicos que su cliente había enviado en los últimos años, no se imaginó la que se le venía encima. El encargado de recuperar esos correos fue Matías Bevilacqua, un experto informático que, a pesar de su juventud, tenía un curriculum impresionante, con una intensa trayectoria como directivo en varias empresas de investigación, el asesoramiento de un sistema de escuchas para el Gobierno venezolano y su intervención en varios proyectos del CNI. Pero Bevilacqua recuperó algo más que los correos.Cuando fue detenido, en su poder se encontraron más de 143.000 euros en efectivo, varios discos duros de ordenador y CDs con información sensible del Ministerio de Defensa, una lista de 30.000 correos electrónicos del Duque (de ellos, 10.000 habían sido borrados, pero logró recuperarlos) y, lo más importante, la contabilidad interna del Instituto Nóos.Los documentos de Defensa, según ha podido conocer este diario, estaban encriptados, aunque los investigadores pudieron acceder, finalmente, a su contenido. En el momento de su detención, Bevilacqua se encontraba en su despacho, a donde se desplazó su esposa (hermana de un conocido abogado barcelonés) para entregar un ordenador personal, en el que también se encontró información sensible.Gracias a los documentos que tenía en su poder, el juez José Castro, que investiga el escándalo de Nóos, tuvo indicios más que evidentes de los movimientos de dinero dentro de la fundación del Duque de Palma. Tras ese hallazgo, las investigaciones se aceleraron, aunque luego llegaron los correos electrónicos que el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, guardaba en la manga.Los números secretos del Duque de PalmaPero lo importante ya había llegado a manos del juzgado: las millonarias transacciones que el Instituto había realizado durante los últimos años. Lo curioso del caso es que la información llegó de la forma más fortuita: a raíz de la investigación sobre la extensa red de espionaje que se enmarcaba bajo el nombre de Operación Pitiusa.En el sumario judicial sobre la amplia red de espionaje de la Operación Pitiusa hay claras evidencias de la intervención de Bevilacqua en distintas operaciones de hackeo de ordenadoresEn términos estrictamente jurídicos, lo más interesante que descubrió esta operación policial no fue que Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, había sido espiado. O que a Carlos Estévez, exconsejero delegado de Minas Río Tinto, le habían pinchado el ordenador; o que la cúpula de las multinacionales Unilever y DuPont habían ordenado espiar a directivos y trabajadores; o que altos cargos de varias empresas utilizasen métodos dudosos para espiar a sus empleados; o que una conocida actriz no está casada en realidad ni vive donde dice que vive, por lo que puede tener problemas con la custodia de su hijo. En realidad, lo más importante fue descubrir los números secretos del Duque de Palma y su emporio “sin ánimo de lucro”.Y, junto a ello, descubrir también a uno de los hombres que el CNI ha utilizado puntualmente para culminar algunas de sus operaciones. Cuando fue detenido, Matías Bevilacqua justificó la posesión de los 143.000 euros diciendo que provenían del Ministerio de Defensa. Además, afirmó que estaba a las órdenes de un mando operativo que responde al exótico nombre de “Don Aquiles”. El teléfono que facilitó de éste estaba registrado a nombre del CNI, pero al otro lado de las ondas nadie ha respondido todavía al juez.Los servicios de inteligencia, como han hecho tradicionalmente, no quieren verse mezclados en asuntos judiciales. Y menos si quien aparece implicado es sólo un colaborador ocasional y no un agente operativo. Porque en el sumario judicial sobre la amplia red de espionaje de la Operación Pitiusa hay claras evidencias de la intervención de Bevilacqua en distintas operaciones de hackeo de ordenadores. Se ha probado, al menos, su participación en distintas incursiones de los ordenadores de directivos y empleados de Unilever, Minas Río Tinto y Du Pont. Un asunto demasiado escabroso como para asociarlo al CNI y poner a las cloacas del Estado bajo la lupa de la opinión pública. Pero su implicación con al menos dos despachos de detectives (hay otro bufete de Barcelona para el que también había realizado trabajos sensibles, pero el asunto se está investigando aún) le han jugado una mala pasada, aunque no tanto como al abogado del Duque de Palma, que le contrató y, al final, le salió rana. Y es que a los hackers, como a las armas, los carga el diablo.