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Un amigo de la Politécnica de Valencia me ha pasado dos notas de prensa del INE con el número de los electores para las elecciones del 28 de Mayo y del 23 de Julio pasado. Son dos pantallas del INE y no sé traer la imagen a este medio pero los datos de las fotos son los siguientes.Elecciones municipales y autonómicas del 28 de Mayo: Podrán votar 36.585.840 electoresLa nota de prensa del INE es del 4 de Abril.
Elecciones Generales del 23 de JulioPodrán votar 37.466.432La nota de prensa del INE es del 5 de Junio.
La diferencia es muy importante. Nada menos que 880.592 electores más en solo dos meses. Tanto es así que al coincidir con la concesión de la nacionalidad a los herederos de las brigadas internacionales y otros en vías de urgencia, en su momento la Junta Electoral Central pidió a Moncloa que antes de las elecciones hiciera públicas sus instrucciones al efecto del procesamiento de dichos procesos y su autenticidad. Moncloa dio largas y todavía hoy no ha cumplido.
Así las cosas ayer, Jueves, 17 de Agosto, el diario ABC en su página 2 abre con este titular: Transparencia exige a Moncloa publicar las nacionalizaciones exprés por su impacto electoral.
El mismo medio en su página 13 trae este otro titular: Transparencia exige al gobierno sus circulares sobre nacionalización exprés por Memoria.
Ambos contenidos son de muy alto interés, escasísima difusión y preocupantes. En este momento no voy a comentarlo porque lo estoy digiriendo pero agradecería a los compañeros que habitualmente lo hacer traigan los contenidos que acabo de citar porque, posiblemente, tengan una importancia histórica.Un saludo cordialPS. Dado que los extrajeros residentes votan en autonómicas pero no en geerales la diferencia es aún más anómala
PS. Dado que los extranjeros residentes votan en autonómicas pero no en generales la diferencia es aún más anómala
China's Evergrande says it is asking for US court to approve debt plan, not filing for bankruptcyBEIJING -- A giant Chinese real estate developer that is struggling to avoid defaulting on $340 billion in debt said Friday it is asking a U.S. court to approve a restructuring plan for foreign bondholders and rejected what it said were news reports that suggest it filed for bankruptcy.Evergrande Groupe’s mountain of debt prompted fears in 2021 of a possible default that might send shockwaves through the global financial system. China’s government has tried to reassure investors that its problems are contained and that lending markets will be kept functioning.The request Thursday under Chapter 15 of the U.S. bankruptcy code is “a normal step in the overseas restructuring procedure and doesn’t involve bankruptcy filings,” the company said in a statement issued in Hong Kong. It cited unspecified “media reports” and said it was clarifying the situation.(...)
Bruselas pone el broche al mecanismo que encarecerá las importaciones de electricidad, acero, cemento, aluminio y fertilizantesPrevé multas de hasta 50 euros por tonelada para quienes no informen de las emisiones vinculadas a los productos adquiridosYa está todo listo para que empiece a rodar el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM por sus siglas en inglés). La Comisión Europea aprobó ayer las últimas directrices de este modelo de peaje que tiene previsto gravar buena parte de las importaciones de cemento, acero, aluminio, hierro, fertilizantes, hidrógeno y electricidad a partir del 1 de enero del 2026.Cualquier compañía asentada en la Unión Europea (UE) que se vea tentada a adelgazar su factura comprando estos productos en terceros países donde no se penaliza a quien más contamina, deberán pagar en la frontera una tasa proporcional a las emisiones directas a indirectas de carbono en las que incurra el proveedor extranjero. Para calcularla, se tendrán en cuenta los precios medios semanales de las subastas de derechos de emisión (ETS).Antes de esa fecha -el 1 de octubre del 2023- entrará en vigor el período transitorio con el que contará la industria para adaptarse a este nuevo mecanismo, ideado para reforzar los compromisos climáticos de la UE (reducir un 55 % las emisiones para el 2030) y proteger a los productores europeos de la competencia de otros países, como China, donde los estándares medioambientales son mucho más laxos o inexistentes. ¿Qué obligaciones tendrán las empresas a partir de esa fecha? Aunque todavía no se les obligará a pagar por las importaciones más contaminantes, sí se exigirá a los importadores que anoten cada trimestre en el Registro Transitorio CBAM la cantidad de bienes adquiridos (en toneladas o megavatios hora), las emisiones de carbono aparejadas y el precio pagado por el CO2 emitido, de ser el caso. También deberán dejar constancia del país de origen, el nombre del proveedor y las coordenadas geográficas de la factoría, además de la tecnología usada para producir los bienes. Todo ello con la intención de afinar el método de cálculo final que entrará en vigor el 1 de enero del 2026. A partir de entonces, las declaraciones se efectuarán antes del 31 de mayo de cada año. Finalizado el período de transición (1 de octubre del 2023 al 31 de diciembre del 2025) se valorará la posibilidad de ampliar el mecanismo a las importaciones de químicos y polímeros. Las compañías que incumplan con el deber de anotar todos estos datos trimestrales se exponen a multas que oscilarán entre los 10 y los 50 euros por tonelada. La sanción la aplicarán los Estados miembro en función de la gravedad de la falta y aumentarán si así lo hace la inflación. (click to show/hide)Consecuencias¿Qué consecuencias acarreará la activación de este mecanismo? En primer lugar, se encarecerán las importaciones de terceros países de los que la UE es muy dependiente, como China, principal proveedor de bienes (20,8% del total). El aumento de los precios en la frontera reduce los márgenes de beneficio de los importadores, que podrían encarecer las tarifas en sectores como la construcción, la automoción o el despliegue de renovables, trasladando ese aumento al cliente final. Por otra parte, Bruselas espera este mecanismo evite una posible deslocalización de factorías hacia terceros países con políticas climáticas menos ambiciosas. En el sector no las tienen todas consigo. La Asociación Europea del Acero (Eurofer) denuncia que las importaciones de «acero barato de terceros países continúa fluyendo hacia el mercado europeo». Apuntan que hay otras medidas urgentes al margen del CBAM que adoptar para garantizar la producción en territorio comunitario: «Los proyectos de descarbonización están en marcha, pero necesitamos tener acceso a una electricidad libre de combustible fósil [a precios asequibles] si queremos que el sector transite y siga siendo competitivo a nivel global». Y para lograrlo se necesitan energías renovables. La instalación de aerogeneradores para la eólica, electrolizadores e hidroductos para el hidrógeno o las placas solares necesitan algunos de esos productos que se gravarán en frontera. No acaban aquí las repercusiones. Los abonos y fertilizantes también estarán sujetos a este cargo, con lo que ello implica. Los precios de estos bienes, vitales para la agricultura y la disponibilidad de alimentos, se llegaron a triplicar el año pasado, obligando a gobiernos como el español a extender ayudas al campo de hasta 300 millones de euros para hacer frente a los sobrecostes. Cuando entre en vigor el mecanismo CBAM definitivo, los importadores tendrán que hacer frente a tarifas más caras, lo que podría en última instancia, volver a elevar el precio de los alimentos en los supermercados.
Un letrado judicial: «El endeudamiento de los vigueses es brutal, nunca vi tanto volumen»Los juzgados de la ciudad han embargado desde mayo las devoluciones de Hacienda a 500 morosos. Los acreedores presentaron en un mes 700 demandas por 1,1 millonesstamos al límite, el nivel de deuda privada de los vigueses es brutal, nunca había visto tanto volumen de reclamaciones de cantidades, estoy preocupado y asustado», comenta el letrado judicial de un juzgado de primera instancia de Vigo con treinta años de experiencia. Este funcionario ha vivido en su oficina tiempos duros de embargos y desahucios en la crisis de los años 90 y en la Gran Recesión del 2008. Ayer hizo un parón en sus vacaciones para visitar su despacho y se topó con una montaña de expedientes en su mesa. «Nos llegan reclamaciones de cantidades de todo tipo, desde impagos de 16 euros del recibo de la luz hasta préstamos on line. Llevamos todo el año así, ya desde el año pasado, y los asuntos no bajan, suben, porque hay mucha deuda, es de escándalo, para asustarse», añade.«Es preocupante porque el nivel de deuda es muy alto y mientras haya trabajo se puede recobrar pero el problema vendrá si los acreedores cortan el crédito, porque entonces sí que va a haber lío», afirma. Entre los acreedores figuran oficinas de recobro, bancos, fondos buitre, comerciantes, prestamistas por Internet y, «un nuevo fenómeno», empresas contra particulares y contra otras empresas.«Lo significativo es que haya tal volumen de deuda», afirma el jurista. En un rápido cálculo, los once juzgados de Vigo especializados en deudas habrían recibido desde el mes de julio entre 650 y 700 demandas en las que los acreedores reclamarían más de 1,1 millones de euros. «En toda mi carrera, nunca había visto nada así», asegura. (click to show/hide)Una prueba de la alta deuda es que, desde mayo, el mismo letrado ha ordenado el embargo de 50 devoluciones de impuestos que Hacienda ingresó en las cuentas bancarias de morosos, con una cuantía media de 3.000 o 4.000 euros por persona. Su juzgado requisó el dinero y ordenó el pago.Dado que Vigo tiene once juzgados especializados en deudas, en total se ejecutaron en la ciudad 550 embargos de devoluciones tributarias en algo más de tres meses, «una cifra altísima». PleitosOtra prueba del elevado índice de deuda que arrastran los vigueses es el número de pleitos que entra en cada tribunal. El mismo letrado judicial muestra sobre su escritorio un fajo con 65 demandas de reclamación de deudas que su oficina ha registrado en el último mes y medio, en pleno verano. En total, los acreedores reclamaron más de 100.000 euros en 45 días solo en su juzgado. «Cien mil euros en mes y medio es brutal, no se trata de gente en erte endeudada en la pandemia, he visto las fechas y las deudas son de antes y de ahora, no está claro que sea por los años de la pandemia», dice.Solo su juzgado ha tramitado 875 procedimientos declarativos, quince más que el año pasado, y 110 ejecuciones. El número de asuntos registrados en toda la primera instancia subió un 14,4 %, de 9.739 a 11.131 en un año.Entre los expedientes se incluyen juicios promovidos por acreedores que reclaman incluso deudas de 16 o 24 euros por el impago de un recibo de la luz, lo que se explica porque «este tipo de reclamaciones les sale gratis» aunque genera un arduo trabajo a los funcionarios. Otras deudas son por no haber abonado las compras realizadas con la tarjeta del súper, créditos bancarios o préstamos en plataformas on line. En general, las cuantías medias de deuda rondan los 3.000 o 4.000 euros pero las hay también de 10.000 o 23.000 euros, lo mismo que de 250 euros o 480.«Se pide mucho préstamo a webs por pequeñas cuantías pero son caros y peligrosos»Un año antes de la crisis del ladrillo del 2008, los juzgados encendieron la luz roja porque de forma súbita los bancos empezaron a pedir la ejecución de hipotecas y doblaron el número de expedientes. Esta vez, las demandas de ejecución de hipoteca de los bancos para expulsar al moroso quitarle la casa no sirven como farolillo rojo ni de termómetro porque hace quince años había mucha manga ancha y ahora la banca se ha vuelto precavida. «Tiene cuidado con a quien se la concede, por eso no hay tantas», dice el letrado judicial. Otros expertos sugieren que el impacto de la subida del euríbor en las cuotas de la hipotecados se notará dentro de unos años en los juzgados porque los trámites tardan.El letrado también avisa a los ciudadanos que contratan préstamos en las plataformas on line: «Ahora se piden muchos préstamos en webs que son cantidades pequeñas pero resultan caros (por los intereses) y son peligrosos por el endeudamiento que generan», afirma.El juzgado sigue recibiendo expedientes en agosto, pero como es un mes inhábil no los notificará hasta septiembre. Recibe sobre todo procedimientos monitorios (deudas exprés) y verbales (deudas que no exceden de 6.000 euros). De enero a julio, en Vigo se registraron 4.235 monitorios (frente a los 3.200 de un año atrás) y 2.101 verbales general (frente a 1.525 de un año antes). Son subidas del 24,4 y el 27,4 %, respectivamente.El letrado judicial descarta que la avalancha de deudas se deba al atasco durante febrero y marzo por la huelga de su colectivo porque a pesar del paro «la oficina siguió registrando asuntos», y los que hay sobre la mesa son nuevos.
Una comunidad de vecinos gana la batalla judicial para cerrar un piso turístico por las molestias que generaUna reciente sentencia de la Audiencia de Vigo declara «asocial» e «incívico» el negocio (click to show/hide)rimeras victorias judiciales de las comunidades de vecinos de Vigo que piden el cese de actividad de pisos turísticos que están prohibidos en sus edificios. Solo en la ciudad, la Xunta tiene registradas 1.201 viviendas de uso turístico, casi diez veces más que hace cinco años, y el INE, 953. La junta vecinal de un inmueble cercano al parque de San Roque y al ambulatorio de O Calvario, ha ganado dos juicios contra una propietaria que reconvirtió un primer piso para explotarlo como un apartamento turístico y ofertarlo en Internet. La demandaron por las molestias, ruidos y trasiego, música alta y humos que generaban los huéspedes y por desobedecer un acuerdo adoptado en el 2016 por el resto de comuneros y que prohibía el alquiler para estas actividades. Luego inscribieron la modificación de los estatutos en el Registro de la Propiedad de Vigo.El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Vigo ordenó cesar la actividad en el 2021 porque «conlleva una actividad molesta y perjudicial» y, dos años después, la sexta sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, en marzo de este año, avaló dicho cierre porque el ejercicio de dicha actividad de tipo turístico era «anómalo y antisocial» y le constaban conductas «incívicas continuadas y graves» que privaban al resto de comuneros del disfrute del edificio. La condenó a pagar las costas. Pasados cinco meses, el hospedaje sigue abierto porque la dueña aún tiene la opción de presentar un recurso en el Tribunal Supremo.En el 2015, los vecinos se quejaron de que, desde que una propietaria alquilaba un primer piso por días, se había deteriorado la normal convivencia. Aunque estaba en un barrio periférico, la casera anunciaba su apartamento con el gancho de ubicarse en Vigo. A los demás propietarios les molestaba el trasiego de desconocidos, a los que ella les entregaba las llaves en las zonas comunes como portales o rellanos. A horas intempestivas, veían movimientos de gente joven y maletas. La música sonaba a alto volumen, oían cánticos y ruidos y detectaron un fuerte olor a marihuana que se colaba por las cajas de persiana de los pisos de arriba. La casera les explicó que no podía cerrar su negocio porque «necesitaba el dinero», todo era legal y tenía el piso dado de alta. Y, además, según su versión, nadie le había notificado oficialmente el acuerdo de prohibición de pisos turísticos en su piso.Los estatutos de la comunidad establecían desde 1996 que los pisos solo podían ser usados como vivienda y prohibía cualquier actividad abierta al público, negocios y despachos. En febrero del 2016, la junta vecinal votó a favor de cambiar los estatutos para incluir la prohibición expresa de la comercialización de viviendas para uso turístico. La afectada no estaba allí, hizo oídos sordos y la demandaron por actividades molestas, contravenir el acuerdo y seguir ofertando su piso a través de plataformas. La Audiencia rechaza su excusa de que nadie le notificó la resolución pese a que se lo dijo el administrador.(...)
US Banks Suffer $18,900,000,000 in Losses As JPMorgan Chase and Capital One Take Big Hits From Bad Loans: ReportAmerica’s biggest banks are taking hits to their bottom line as soaring interest rates cause billions of dollars in loans to fall apart.JPMorgan Chase, Capital One and others lost a combined $18.9 billion in the second quarter of this year due to soured loans, reports the Financial Times.The banks are facing “charge-offs,” or losses on loans that have now been designated as unrecoverable at a 17% higher rate than the previous three months, and a 75% higher rate than 2022.In an earnings call last month, Capital One CEO Richard Fairbank said that the US is coming out of an “unprecedented” credit environment that favored borrowers, and that some type of consequence was inevitable.“We have to remember that the credit performance we saw over the past three years was unprecedented…So we believe there’s some catching up that happens on the other side of that, especially for consumers who might otherwise have charged off over the past three years.”Banks are now preparing for loan losses to continue rising, and have already set aside $21.5 billion in contingency funds for future potential losses.The new numbers on loan losses come after Moody’s cut its ratings of 10 regional banks and announced it’s considering whether to downgrade a number of additional big lenders due to the potential for further deposit flight and “eroding” profitability.
Private equity lawyers are taught to eat what they killLaw firms are fracturing partnerships by raiding each other for talent in London and New YorkIf a reminder were needed that we are living in a material world, it emerged this week in the once-stuffy profession of corporate law. The US firm Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison raided its larger rival Kirkland & Ellis for several top private equity partners, the kind of people who get paid up to $20mn a year.It is another nail in the coffin of loyalty, which used to keep lawyers at elite firms in London and New York in place for their entire careers. They advanced steadily in lockstep, being paid more as they got older and more senior. It was an intricate exercise in deferred financial and psychological gratification that has fallen apart in the past decade as partnerships have splintered.It is also a function of the inexorable growth of private equity finance, despite recent setbacks as interest rates have risen. When your clients are constantly raising new funds, acquiring companies, and structuring deals to deliver rewards for them, their investors and corporate executives, it feels natural to start seeking a bigger piece of the action yourself.This pains the leaders of law firms trying to retain prized partners, who can not only defect and be paid more elsewhere but see no moral reason to resist temptation. “Loyalty used to mean something but then pay started rising dramatically and, one by one, the lockstep systems broke,” says one senior lawyer, rather sadly.Firms now poach partners from others by offering guarantees of higher pay, rather than relying wholly on promoting juniors from within. These lawyers bring business with them, although they are barred from soliciting for it before they leave. One says before switching firms he hired his own lawyer to advise him on what he could tell clients.One culprit for lawyers becoming so footloose is Kirkland & Ellis, which turned itself into the world’s highest grossing law firm by rejecting tradition and poaching partners from others. Kirkland’s rivals are rude about it behind its back (“You’re just a cog in a machine there,” says one) but money talks: its 505 equity partners took home an average $7.5mn last year.Nor has the old guard’s scorn for Kirkland stopped it from adopting similar tactics. Hence, the rumble that has erupted in London between it and Paul Weiss, a New York firm founded in 1875, which this week hired four private equity partners from Kirkland’s London office. That followed Kirkland’s poaching of the head of Paul Weiss’s London office.As the spat shows, private equity partners are now the most valuable of recruits. Making such deals happen is a less glamorous job than advising the boards of famous public companies, but it is a rewarding business. Private equity firms such as Blackstone, Bain Capital and CVC Capital Partners offer lawyers a constant flow of transactions. First, they raise multibillion funds for buyouts of companies. This keeps plenty of lawyers busy in itself: US private equity firms spend more than 4 per cent of commitments to funds on legal costs, on one estimate. Given that CVC has just raised a €26bn buyout fund, these are rich pickings.Then the funds start to acquire companies. Lawyers on all sides must not only pin down each deal’s terms, but how the rewards from each company’s future growth will be split among investors and executives. More billable hours than an innocent would believe are spent on ensuring they are all financially “aligned” and will be wealthy if the business flourishes.Much of this haggling is now allocated to external lawyers by private equity firms because they are experienced at it. “I am getting older but my clients are getting younger,” says Ramy Wahbeh, co-leader of private equity for Sidley, the US law firm. He has only been in that job in London since June, having been hired from Paul Weiss, where he had worked for 18 years.The key is to be trusted by one of the world’s top private equity firms: the rest flows from that. The most important bond of loyalty used to be among partners of top law firms; now, it is between private equity dealmakers and the individual lawyers they favour. That has not only broken lockstep, but electrified the transfer market.This is familiar in other industries, from entertainment to sport. As businesses expand globally and technology allows top-tier individuals to extend their reach, more rewards are taken by stars. Employment traditions that entrench team loyalty and cohesion get swept away: as with football players, so with lawyers.The twist is that private equity lawyers imitate clients’ behaviour as well as obeying economic incentives. CVC is known as a firm where financiers “eat what you kill” by keeping a slice of the deals they make. The US lockstep partnerships rose by serving companies such as IBM and General Motors and were equally staid; these lawyers exist by the transaction.This all has dangers for law firms: having to compete for the most valuable talent pushes up costs and makes partnerships fragile. It also has risks for individuals: if the deals dry up, other partners will not rally round. But it is how lawyers have been taught to behave.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2023/08/17/comunidad-vecinos-gana-batalla-judicial-cerrar-piso-turistico-molestias-genera/0003_202308V17C1993.htmCitarUna comunidad de vecinos gana la batalla judicial para cerrar un piso turístico por las molestias que generaUna reciente sentencia de la Audiencia de Vigo declara «asocial» e «incívico» el negocio (click to show/hide)rimeras victorias judiciales de las comunidades de vecinos de Vigo que piden el cese de actividad de pisos turísticos que están prohibidos en sus edificios. Solo en la ciudad, la Xunta tiene registradas 1.201 viviendas de uso turístico, casi diez veces más que hace cinco años, y el INE, 953. La junta vecinal de un inmueble cercano al parque de San Roque y al ambulatorio de O Calvario, ha ganado dos juicios contra una propietaria que reconvirtió un primer piso para explotarlo como un apartamento turístico y ofertarlo en Internet. La demandaron por las molestias, ruidos y trasiego, música alta y humos que generaban los huéspedes y por desobedecer un acuerdo adoptado en el 2016 por el resto de comuneros y que prohibía el alquiler para estas actividades. Luego inscribieron la modificación de los estatutos en el Registro de la Propiedad de Vigo.El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Vigo ordenó cesar la actividad en el 2021 porque «conlleva una actividad molesta y perjudicial» y, dos años después, la sexta sección de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, en marzo de este año, avaló dicho cierre porque el ejercicio de dicha actividad de tipo turístico era «anómalo y antisocial» y le constaban conductas «incívicas continuadas y graves» que privaban al resto de comuneros del disfrute del edificio. La condenó a pagar las costas. Pasados cinco meses, el hospedaje sigue abierto porque la dueña aún tiene la opción de presentar un recurso en el Tribunal Supremo.En el 2015, los vecinos se quejaron de que, desde que una propietaria alquilaba un primer piso por días, se había deteriorado la normal convivencia. Aunque estaba en un barrio periférico, la casera anunciaba su apartamento con el gancho de ubicarse en Vigo. A los demás propietarios les molestaba el trasiego de desconocidos, a los que ella les entregaba las llaves en las zonas comunes como portales o rellanos. A horas intempestivas, veían movimientos de gente joven y maletas. La música sonaba a alto volumen, oían cánticos y ruidos y detectaron un fuerte olor a marihuana que se colaba por las cajas de persiana de los pisos de arriba. La casera les explicó que no podía cerrar su negocio porque «necesitaba el dinero», todo era legal y tenía el piso dado de alta. Y, además, según su versión, nadie le había notificado oficialmente el acuerdo de prohibición de pisos turísticos en su piso.Los estatutos de la comunidad establecían desde 1996 que los pisos solo podían ser usados como vivienda y prohibía cualquier actividad abierta al público, negocios y despachos. En febrero del 2016, la junta vecinal votó a favor de cambiar los estatutos para incluir la prohibición expresa de la comercialización de viviendas para uso turístico. La afectada no estaba allí, hizo oídos sordos y la demandaron por actividades molestas, contravenir el acuerdo y seguir ofertando su piso a través de plataformas. La Audiencia rechaza su excusa de que nadie le notificó la resolución pese a que se lo dijo el administrador.(...)