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Alierta redobla su mensaje optimista sobre España: en la segunda mitad de 2013 volverá el crecimiento¿Digo lo que pienso o miento como un bellaco? Como el futuro es imprevisible, si predigo felicidad, y acierto, todos me alabarán, y si fallo siempre podré culpar a las circunstancias; si predigo calamidad, y acierto, me considerarán siniestro, y si no acierto seré un triste cenizo.Ya conozco el corazón de políticos y próceres.http://vozpopuli.com/economia/23016-alierta-redobla-su-mensaje-optimista-sobre-espana-en-la-segunda-mitad-de-2013-volvera-el-crecimiento
Cómo saquear el erario público con 3 normas nacionales, en 4 pasos, y con la excusa de las publicaciones científicasLes voy a relatar cómo pueden los gobernantes saquear fondos públicos en favor de asociaciones privadas mediante tres normas nacionales y en cuatro cómodos pasos. Los pasos son los siguientes:-El gobierno del Estado promulga una primera norma nacional contraria a la legislación europea. En esta norma el Estado se obliga a pagar a una asociación privada un dinero. -El gobierno del Estado espera cómodamente a que cualquier afectado por la primera norma luche judicialmente contra la misma hasta que consiga que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la declare contraria a la normativa europea. Se confía en que tarde muchos años. Mientras tanto, se sigue pagando a la asociación privada. -Una vez que el Tribunal europeo haya declarado que la primera norma nacional es contraria a la normativa europea, el gobierno del Estado espera todo lo posible para promulgar una segunda norma nacional en la que adapte su legislación a la sentencia europea. Hasta entonces, se sigue pagando a la asociación privada. -El gobierno del Estado promulga una tercera norma nacional en la que declara que lo pagado a la asociación privada es irrecuperable.Si lo anterior les parece pura teoría, quizás pueda sorprenderles saber que esta estrategia ya se ha completado en una ocasión. Como les salió bien, ahora estamos asistiendo al inicio de la segunda. Los gobiernos del Estado son los del PP y PSOE, que votan conjuntamente leyes nacionales de propiedad intelectual, y las asociaciones privadas son las entidades de gestión de la propiedad intelectual (SGAE, CEDRO, DAMA, VEGAP, AIE, AISGE, AGEDI y EGEDA).Primera ocasión: el canon digital.El primero de los casos consistió en el canon sobre los equipos, aparatos y materiales susceptibles de realizar copias de «obras divulgadas en forma de libros o publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, así como de fonogramas, videogramas o de otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales» tal y como constaba en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprobaba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Al gobierno se le hizo saber en dos ocasiones que debía cambiar la ley puesto que no era de recibo que el Estado fuese quien más canon pagara. En las dos ocasiones el gobierno, primero del PP y luego del PSOE, señalaron que ya lo estudiarían, cosa que nunca hicieron.El Tribunal de Justicia de la Unión Europea derogó la legislación española mediante su sentencia de 21 de octubre de 2010, en el caso Padawan vs. SGAE.El gobierno nacional no adaptó la legislación interna hasta el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, en el que derogó el canon vigente hasta entonces.Con posterioridad, mediante la Disposición transitoria primera del Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado se declaró irrecuperable el canon pagado hasta el 1 de enero de 2012.En resumen, señalamos las tres normas y los cuatro pasos:-La primera ley nacional es la ley de 1986, que establece el canon. El Estado es el principal pagador del canon pues era el mayor consumidor de equipos, aparatos y materiales para copias. -El Estado espera hasta que el 21 de octubre de 2010 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decreta que la ley española es contraria a la europea. El Estado sigue pagando. -La segunda ley nacional se produce el 30 de diciembre de 2011, en la que por fin se deroga el canon. Por fin el Estado deja de pagar canon. -La tercera ley nacional se produce el 7 de diciembre de 2012, en la que se establece que lo pagado antes del 1 de enero de 2012 es irrecuperable. Además, esa propia ley de 7 de diciembre establece que si antes el Estado pagaba el canon a través de su consumo, ahora lo hará directamente de los presupuestos generales del Estado.Segunda ocasión: el canon sobre las universidades.Si en la primera el principal beneficiado fue la SGAE, en esta segunda lo va a ser CEDRO, la que podríamos describir coloquialmente como la SGAE de los libros.En el año 2010, CEDRO solicitó a la Comisión de Mediación de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura una intervención para lograr un acuerdo con el conjunto de las universidades españolas con el fin de que le pagasen los derechos que CEDRO pretendía tener sobre las obras que se digitalizaban y se colgaban en los campus virtuales de las universidades. La petición de CEDRO no era pequeña sino que se trataba de 5 euros por alumno por copia digital más otros 4,12 euros por copia reprográfica. El importe al que aspiraba era de 13,5 millones de euros cuyo reparto entre universidades públicas y privadas se haría conforme alumnos: un 80% de alumnos de las primeras y un 20% de las segundas por lo que el importe a satisfacer por las públicas ascendería a 10,8 millones de euros. De estos 10,8 millones, 7,4 millones corresponderían a derechos sobre copias digitales y 3,4 millones a derechos por fotocopias.El único problema, según las universidades, es que CEDRO estaba intentando cobrar por unos derechos digitales que la inmensa mayoría de los autores nunca había encargado su gestión a CEDRO. Las universidades están llenas de autores, unos 130.000 de los que un 80% tenía acreditado el último sexenio, lo que implica unos 104.000 autores en pleno proceso de creación. Mientras tanto, CEDRO señala, en su página web y en las fechas de escribir estas líneas, que tiene 19.631 socios personas físicas. Además, si CEDRO señalaba que su gestión alcanza a unos 4 millones de obras, el catálogo de REBIUN, la red de bibliotecas universitarias, señala la existencia de unos 29 millones de obras. Y sobre los derechos digitales, los profesores bien sabían que pocos habían encargado a CEDRO la gestión de sus derechos.Las sospechas de las universidades se agudizaron cuando al solicitar a CEDRO que mostrara sus derechos, ésta abandonó en primavera del año 2011 el proceso negociador con la excusa de que no podía enseñarlo por los derechos de privacidad de sus socios, excusa que luego se comprobó que no era cierta puesto que en los contratos que CEDRO firma con sus socios, hay una cláusula en la que se permite mostrar los datos para la realización de los fines del contrato y qué mejores fines que los de cobrar a quienes usan el repertorio.Tras abandonar este proceso negociador, CEDRO demandó ante la jurisdicción civil a tres universidades: la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Carlos III de Madrid. En la demanda que se interpuso y en sus documentos adjuntos se pudo comprobar cómo, mientras las universidades negociaban de buena fe en el Ministerio de Cultura, CEDRO matriculaba detectives en las universidades para luego verificar qué profesor subía textos escaneados a los campus virtuales y levantar acta de tales copias digitales. No parece éste un detalle de buena fe. Pero lo más desatinado es la perversidad de la reclamación: imaginemos que se hubiera producido la situación de que CEDRO hubiese encargado a un socio suyo, profesor de universidad, que digitalizase obras y las subiera a un campus virtual. Luego, el detective matriculado levantaría acta, se la pasaría a CEDRO para que ésta demandase a la universidad. Si CEDRO ganase el pleito, esta entidad recibiría un dinero que luego pagaría al profesor que es, precisamente, quien realiza la subida de los archivos sin conocimiento ni consentimiento de la universidad por lo que en buena lógica, es a quien CEDRO debiera haber demandado. Sin embargo, demandarles sería un acto de tirar piedras contra su propio tejado pues bastante le cuesta a CEDRO obtener socios en el ámbito universitario como para encima demandarles por usar obras sin consentimiento.Las universidades nunca se negaron a pagar a CEDRO, pero no aceptaban un sistema de tarifa plana que era el que esta entidad exigía, sino que propusieron pagar, tal y como señala la jurisprudencia, por el efectivo uso del repertorio de CEDRO, que es lo que les parecía justo. El sistema propuesto por las universidades consistía en, a principio de curso, enviar a CEDRO una relación de obras que los profesores querían utilizar en sus aulas virtuales; CEDRO verificaría entonces cuáles eran las gestionadas por ella y enviarían la factura a la universidad. CEDRO no aceptaba esta solución puesto que entonces se haría evidente la poca representatividad de esta entidad pero, además, implicaría la contratación de personal administrativo y, lo más significativo, CEDRO tendría que pagar a cada autor lo suyo, en lugar de meterlo todo en un saco común y que luego fuera la Junta Directiva quien encargara los estudios de cómo repartirlo. Las universidades ya satisfacían del orden de unos 125 millones de euros anuales en concepto de suministro de obras, pago que se realizaba directamente al titular de los derechos, y su única cuestión con CEDRO era la de pagarles por lo que verdaderamente representaban, y no por lo que decían que representaban.Se daba otra cuestión que se descubrió en los procedimientos: CEDRO había adaptado sus contratos para poder gestionar los derechos digitales en el año 2004 por lo que para tener derechos sobre las obras anteriores a ese año debería haberse realizado una ampliación de sus contratos de gestión. Esa labor sería fácil con respecto a las editoriales pero es prácticamente imposible en el caso de autores y traductores, que son los otros titulares de los derechos de un libro. En el juicio de CEDRO contra la Universidad Autónoma de Barcelona incluso quedó demostrado que la editorial de esta universidad adaptó sus contratos para incluir derechos digitales en el año 2011, por lo que difícilmente CEDRO podía reclamar derechos a terceros por obras de esta editorial que fueran anteriores a dicha fecha, puesto que la editorial no había actualizado todos los derechos de su fondo editorial y, por tanto, si los autores no los habían cedido difícilmente podía tenerlos la editorial y ésta pasárselos a CEDRO.Y llega el Ministerio con una propuesta de reforma legislativa. En el anteproyecto de reforma de la ley de propiedad intelectual se crea un canon a las universidades: Las universidades tendrían que pagar a CEDRO por el uso de un repertorio que ya sabemos que no es suyo.CEDRO gestiona muy pocos autores y muy pocas obras del total pero al Ministerio de Cultura no le importa: en la reforma se propone la creación de un límite a la propiedad intelectual consistente en el derecho de los centros educativos a reproducir las obras de los autores, creando un canon a pagarles a éstos, canon gestionado obligatoriamente a través de las entidades de gestión, esto es, CEDRO.El problema es que esta excepción no figura en la legislación europea pero ya sabemos que al Estado no le preocupa esta cuestión: en diez años el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarará esta excepción ilegal y luego con promulgar una norma nacional en la que impida la recuperación de las cantidades pagadas irregularmente, se acabó el problema.Mediante la promulgación de esta reforma de la ley, se “tapa” el agujero de que CEDRO no tiene la representación de los autores y se extrae dinero del ámbito público para financiar a una asociación privada de la que no existe ninguna garantía que luego pague a los autores. Es más, CEDRO en realidad no se ocupa de los autores sino que, según sus reglamento de reparto, en este caso cumple con pagar a las editoriales, despreocupándose de si éstas pagan o no a los autores de las obras.La apropiación del open access y expropiación del procomúnPero con esta reforma también se le otorga a CEDRO la gestión del open access, expropiándose el procomún. Al crear un derecho irrenunciable que obligatoriamente se tiene que gestionar a través de CEDRO, por ley se estaba expropiando el procomún (lo que es de todos y no es de nadie), cuya gestión se entrega a una asociación privada.En las publicaciones académicas es importante la circulación libre del conocimiento puesto que sólo así pueden refutarse las teorías: la ciencia depende de la capacidad de difusión y de refutación. Lo que se propone mediante esta nueva ley es que los centros educativos que utilizan open access pagan por ello a CEDRO, a quien se le crea ex profeso un derecho sobre esas publicaciones que hasta la fecha no tiene.Con esta reforma, el Ministerio no sólo está previendo que CEDRO pueda perder los litigios contra las universidades, sino que le otorga toda la gestión del conocimiento escrito, tenga esta asociación privada o no derechos sobre el mismo. El Ministerio “tapa” los flancos débiles que las universidades han puesto de manifiesto al defenderse de la pretensión de CEDRO de cobrarles por unos derechos que la entidad de gestión nunca pudo obtener de los autores, confiriéndosele por ley lo que esta entidad nunca pudo obtener por la voluntad de los creadores.Y, por último, se produce una situación kafkiana: las universidades son las mayores productoras de propiedad intelectual en formato libro y artículos; ninguna editorial dispone de una fuerza creadora de 130.000 autores como la tienen las universidades. Las leyes de la Universidad y de Economía Sostenible señalan que las universidades son las titulares de la propiedad intelectual que se crea bajo su entorno, por lo que la reforma pretendida por el Ministerio de Cultura obliga a que las universidades, propietarias de esas obras, a que cedan la gestión de su patrimonio a una asociación privada, CEDRO, para que ésta les cobre una tarifa por publicar en sus propios campus virtuales obras de las que las que la universidad es la dueña.El resumen es muy claro: mientras el Ministerio de Cultura paraliza todos los pagos posibles en becas, en ciencia y en investigación, sin embargo publica un anteproyecto de ley donde propone una excepción a la propiedad intelectual inexistente en la normativa europea y que obliga al erario público, esto es, a todos nosotros, a pagar 10,8 millones de euros a la asociación privada CEDRO.Para terminar, les dejo con el texto del anteproyecto. Pueden encontrar la norma expropiatoria en la adición de un artículo 32.3, página 7. http://www.slideshare.net/fanetin/anteproyecto-reformalpi1
La que se nos viene encima con la Ley LassalleCuando el gobierno de España se inventó la Ley Sinde, a instancia de la industria de contenidos y duramente presionado por el gobierno de los Estados Unidos, los que saben de todo esto dijeron que no serviría de nada y que lo que había que hacer era actualizar la Ley de Propiedad Intelectual y adaptarla a los tiempos que corren.Con el tiempo se demostró que en efecto la Ley Sinde ha resultado ser bastante inútil, así que la industria de contenidos vuelve a la carga, pero ahora con una reforma de la LPI abanderada por José María Lassalle que da miedito.Según resume Julio Alonso en Reforma de la LPI: todos somos policías:http://www.merodeando.com/2013/03/15-reforma-lpi-La copia privada se ve muy reducida, hasta el punto de que no podremos hacer una copia de un disco que nos regalen, y se declaran ilegales usos que hasta ahora no lo eran. Así la industria podrá perseguir esos usos y el estado tendrá que pagar menos por los escasos casos válidos que queden; por otra parte, se crea un nuevo canon a ser pagado por las universidades en concepto de poder subir a sus campus virtuales obras en formato digital sin distinguir el tipo de obra ni si el autor quiere o no que CEDRO gestione este asunto. -Se criminalizan los enlaces al equipararlos con poner a disposición una obra, algo que hasta ahora los jueces habían dicho que no era así. Claro que Google y de paso otros buscadores se libran porque este se las ha apañado para que los excluyan.-Proveedores de servicios, medios de pago y agencias de publicidad tendrán que dejar de hacer negocios con quien la Comisión –a todos los efectos Lassalle, quien asume todas las competencias sancionadoras– les indique. Y si se niegan se enfrentan a multas que van de 30.000 a 300.000 euros, mucho más grandes que en otros delitos económicos mucho peores.-Se sigue recurriendo al cierre o corte de acceso a los sitios contra los que se actúe.-Los proveedores de servicios tendrán que identificar a los infractores a petición de un juez, algo que antes sólo sucedía para los delitos más graves.-Todo esto hecho mediante notificaciones por edictos, sin que sea necesario comunicarse nunca de forma directo con el denunciado, que con toda probabilidad se enterará cuando ya se haya tramitado todo y no tenga oportunidad ni de rechistar.Hay más información acerca de todo esto en La nueva ley de Propiedad Intelectual convierte en policías de la red a los operadores y en Propiedad intelectual: Preguntas frecuentes sobre la Ley Lasalle, donde David Bravo habla de la que se nos viene encima en tono de humor, como hacen nuestros admirados Luthiers, pero no por ello sin soltar verdades como puños.http://www.tudosis.es/2013/la-nueva-ley-de-propiedad-intelectual-convierte-en-policias-de-la-red-a-los-operadores/http://www.eldiario.es/zonacritica/Propiedad-Intelectual-Preguntas-Frecuentes-Lasalle_6_112048800.htmlEs cierto que por ahora estamos hablando de un borrador escrito sin hablar con todas las partes y que es susceptible de ser modificado y que, al menos según dijo la Secretaría de Estado de Cultura a El Mundo «Habrá un periodo de información pública, que puede durar un mes, en un esfuerzo voluntario para mantener el diálogo y la transparencia» , amén de todos los trámites parlamentarios pertinentes.Claro que con la mayoría absoluta que ahora mismo ostenta el PP es poco probable que la cosa vaya a mejor, y además tal y como están las cosas, es muy probable que la Ley Lassalle pasé muy por debajo del radar del interés de la gente a la que le preocupa más –y lógicamente– la situación económica.Así que la cosa no pinta nada bien.
Facebook is trying to prevent scams and fake profiles, one locked account at a timeIt’s happened to the best of us, getting revoked access to our Facebook accounts, and sometimes for no reason at all. In fact, it happened to me, too:According to a CBS news report, a lot of Facebook users are being locked out of their accounts and asked to verify their identity using a government-issued ID. Privacy sticklers may immediately frown upon this requirement and easily claim that it is a scam on Facebook’s part to try and use your personal information to their advantage, but in fact, it’s for a higher purpose – users are systematically being locked out by Facebook as part of a security measure against scams, according to the report.A quick browse on the social networking site will easily reveal the following facts: One, there is a rich supply in fake Facebook profiles (you probably have seen one or two today, commenting on your favorite pages). Two, there’s an abundance of Facebook scams - and that’s likely where the increase in security measures are coming from. Facebook hopes that through temporary account suspension and lockout, they can put a stop to the growing number of accounts that continually violate their community standards. Now the question is, is it really necessary to provide a government-issued ID to confirm you are who you say you are? According to Facebook, yes – they prefer require users to use their real name and birthday on their profiles so others can be certain that they’re connecting with the right people. Upon reviewing profiles in question, Facebook ensures permanent deletion of user-submitted government documents.Of course, like in any situation that requires you to provide personal information to a service that has public access, verification wouldn’t hurt. In case you are brought to the same “Confirm Your Identity” page upon logging in, contact Facebook and find out the reason for your account suspension. You can additionally seek assistance by asking a friend you trust to report a problem on your behalf through the Help dropdown menu.DT
Cita de: Barcenitas en Marzo 19, 2013, 23:45:01 pmAlierta redobla su mensaje optimista sobre España: en la segunda mitad de 2013 volverá el crecimiento¿Digo lo que pienso o miento como un bellaco? Como el futuro es imprevisible, si predigo felicidad, y acierto, todos me alabarán, y si fallo siempre podré culpar a las circunstancias; si predigo calamidad, y acierto, me considerarán siniestro, y si no acierto seré un triste cenizo.Ya conozco el corazón de políticos y próceres.http://vozpopuli.com/economia/23016-alierta-redobla-su-mensaje-optimista-sobre-espana-en-la-segunda-mitad-de-2013-volvera-el-crecimientoSeis carajillos, esta vez.El hombre suele salir solo con cuatro, y eso lo explica todo.
Facebook quiere erradicar el anonimato en internet (la excusa es evitar falsos rumores y también perfiles falsos) y exige que los usuarios aporten un documento de identidad emitido oficialmente por un gobierno (DNI, pasaporte, etc) para desbloquear las cuentas de usuario...
Cita de: NosTrasladamus en Marzo 22, 2013, 11:57:19 amFacebook quiere erradicar el anonimato en internet (la excusa es evitar falsos rumores y también perfiles falsos) y exige que los usuarios aporten un documento de identidad emitido oficialmente por un gobierno (DNI, pasaporte, etc) para desbloquear las cuentas de usuario...Un par de apuntes:Cada vez entiendo menos qué puede motivar a alguien a verter sus gustos, filias, fobias y parafilias (si las hubiere) en la Red. Encima, no pudiendo trolear...Imaginemos que en las webs de contactos (de amistad, romance, o eróticas) uno hubiera de identificarse genuinamente. Sería su fin. Y encima, no pudiendo trolear...Eso es como rasgarse las vestiduras con la economía sumergida: se sabe que mucha actividad económica (y no necesariamente ilegítima, ojo) sólo puede existir como sumergida. Eso sí, las actividades en la Red que sean verdaderamente ilegales, van a existir tanto si implementan protocolos de identificación de los usuarios de las redes sociales como si no.
REFORMA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL: MULTAS PARA SOCIEDADES DE GESTIÓN Y WEBS DE ENLACESLa 'Ley Lassalle' se refuerza con más sancionesEl Consejo de Ministros ha determinado una reforma “urgente” del texto de la Ley de Propiedad Intelectual, a pesar de que se aplazara su anteproyecto el viernes anterior. Tal y como ha asegurado el ministro de Educación, Cultura y Deporte José Ignacio Wert la reforma puntual de algunos de los artículos de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), promulgada en 1987 y refundida en 1996, anuncia otra de mayor calado para conseguir que la transición digital se produzca “de forma agradable”. Las reformas -conocida ya como 'Ley Lassalle', que se pueden consultar aquí- se concretan en tres apartados, tal y como adelantó este periódico, y en la “dotación de medios para velar por la aplicación de las medidas que se contemplan en la ley”. Es decir, la reforma puntual afecta igualmente a la Ley de Enjuiciamiento Civil. UNO. Obligados a la transparencia. Cuando el anteproyecto de ley se desarrolle como norma las sociedades de gestión de derechos de autor estarán obligadas a ser transparentes bajo el control y vigilancia de sus actividades por el Estado. Se refuerzan las facultades de inspección, el arbitraje sobre el funcionamiento de estas sociedades. En ese sentido, se limitará y controlará la aplicación de las tarifas.“Garantizar lademocracia interna y la representación de los socios y la eficacia en la administración de estos derechos”, explicó José Ignacio Wert en sucomparecencia tras el consejo de ministros. Además, se incluye la obligación de realizar auditorías y se prevé la escala de sanciones sobre lassociedades que incumplan con las obligaciones puede llegar a suponer una multa del 2% de la cifra de negocio deestas. En último caso se contempla la retirada de la licencia como sociedad degestión y necesitarán una autorizaciónpara crear tanto fundaciones como sociedades mercantiles. DOS. Prevención y represión. La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual se refuerza para identificar la responsabilidad jurídica de la página de enlaces ilegales. La identificación permite acudir a la vía civil y acelerar los pasos de la sanción, que en último caso supondrá la desconexión, tras la intervención del juez.Hasta el momento no se podía identificar al sancionador, según especifican desde la Secretaría de Estado de Cultura. De esta manera, la reforma se dota de medios jurídicos para velar por la aplicación de las medidas que ya estaban aprobadas, consensuadas con el Ministerio de Justicia. El ministro de Educación Cultura y Deporte ha aclarado que el anteproyecto de ley mejorará la eficacia en la prevención y la represión. De hecho, las sanciones se fortalecen y en el caso de insistencia en la ilegalidad se aplicará una sanción que puede ir de 30.000 a 300.000 euros. Los procedimientos de arbitraje no se modifican, pero se pasa a un modelo de retirada por catálogo y no canción por canción.El poder sancionador atribuido a la Secretaría de Estado de Cultura es consecuencia del acuerdo con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI). Para que ambas partes llegaran a un acuerdo se ha precisado de una mayor definición de la web de enlaces a la que perseguir. Para la SETSI hay dos modelos distintos que marcan el eje de la legalidad y la ilegalidad: Seriesyonkis, malo; Youtube, bueno. “Afrontamos una misma realidad desde diferentes perspectivas y hemos acercado posiciones para enfrentarnos conjuntamente a una misma realidad”, confirmaba Fernando Benzo, subsecretario de Educación, Cultura y Deporte a El Confidencial, el pasado 13 de marzo.Sin embargo, el sector industrial no se muestra esperanzado con la reforma siempre y cuando no se refuerce con personal y recursos a la Sección Segunda. Las 30 resoluciones contra páginas de enlaces que se han ejecutado en un año de funcionamiento no parecen suficientes. Desde la Secretaría de Estado de Cultura se asegura que existe la “intención” de contar con más medios, sin especificar nada más. Aunque sí confirman que “con más medios sería más fácil”. TRES. Copia privada. El anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual define lo que es una copia privada de tal manera que ya no será posible defender que la descarga P2P sea copia privada o al menos eso pretende este anteproyecto. “Eso no se va a sostener judicialmente”,explican desde la secretaría de Estado de Cultura.La nueva definición de copia privada quedan excluidos los usos profesionales. La copia ilícita no es aquella que persigue fines lucrativos, según apuntó Wert. Amplía la reforma algunas excepciones en la enseñanza y la investigación científica. La compensación para las sociedades de gestión de derechos se satisface con cargo a los presupuestos del Estado. Desde la secretaría de Estado de Cultura se vaticina que la copia privada tiende a una desaparición natural, por eso la compensación económica por copia privada irá reduciéndose sustancialmente. El calendario de tramitación más optimista para convertir el anteproyecto en norma apuesta que en agosto o septiembre entrará en el Consejo de Estado y quizá para noviembre sea aprobado en el Parlamento. http://www.elconfidencial.com/cultura/2013/03/22/la-ley-lassalle-se-refuerza-con-mas-sanciones-117423/
La CIA pretende controlarlo todo en Internethttp://www.tercerainformacion.es/spip.php?article48994Internacional | Cubadebate | 23-03-2013El jefe de la Oficina de Tecnologías de la CIA, Gus Hunt, expresó que el mundo está lleno de información de gran valor incluso en lo que nadie considera muy importante, como los tuits, vídeos y mensajes de texto. Y la CIA lo quiere todo y para siempre.“El valor de cada pieza de información se conoce solo en conexión con otras piezas en un tiempo futuro”, dijo Gus Hunt en la conferencia tecnológica ‘Structure:Data’, en Nueva York. “Fundamentalmente tratamos de recogerlo todo y guardarlo para siempre”, añadió el alto cargo de la CIA. Los comentarios de Hunt llegan pocos días después de informes que aseguran que la CIA ha llegado a un acuerdo de 600 millones de dólares con Amazon para recibir durante al menos diez años sus servicios de la llamada ‘computación en la nube’. Se trataría de otra señal de que la CIA está interesada en almacenar y analizar datos a gran escala. Hunt confirmó que a la Agencia le gustaría poder recoger cada “migaja digital” que las personas están dejando incluso sin saberlo. “Ustedes ya son unas plataformas de sensores andantes”, ya que los móviles, los teléfonos inteligentes y tabletas, están dotados de cámaras, detectores de luz y equipos de geolocalización.”Alguien podría saber dónde está cada uno de ustedes en todo momento, ya que llevan un dispositivo móvil, incluso si está apagado”, explicó Hunt a los asistentes a la conferencia.Aunque no habló mucho sobre los conceptos de privacidad, advirtió que “las tecnologías se desarrollan más rápido de lo que los Gobiernos y las leyes pueden reaccionar”, lo que hace difícil contestar a la pregunta de “cuáles son sus derechos y a quién pertenecen sus datos”.(Con información de Russia Today)
Dos lobbies con intereses opuestos;1 sgaes2 telefónicasHagan sus apuestas.