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Castilla-La Mancha recorta un 3% el sueldo a los funcionarios, privatiza hospitales y quita beneficios socialesLa presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha presentado una nueva batería de medidas de ahorro, entre las que destacan menos sueldo y más trabajo para funcionarios y empleados públicos, la gestión privada hospitalaria y la eliminación de beneficios sociales, para ahorrar 350 millones de euros.Cospedal ha dado a conocer estas medidas este viernes en la sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha, donde ha presentado el segundo paquete de medidas de ajuste aprobado por su Gobierno con el que ahorrará 350 millones de euros. También ha concretado algunas del primero, cifrado en 1.815 millones, de los que ya se han ahorrado 220.La presidenta, respaldada por su marido, Ignacio López del Hierro y el Consejo de Gobierno al completo han anunciado que para dar ejemplo de austeridad renuncian a sus pagas extras y a la flota de coches oficiales. Además de renunciar a sus 'extras', la presidenta y sus consejeros usarán coches oficiales de gama media que serán adquiridos a través de un servicio de 'renting' y se subastarán los Audi existentes. Además, las facturas por almuerzo no podrán superar los 18 euros y deberán contener el motivo por el que se ha celebrado.Dicho recorte se materializará en la merma de un 3% del salario bruto de las plantillas públicas "con carácter transitorio" y en el aumento de la jornada laboral a 37,5 horas laborables semanales desde las 35 actuales. En lo que se refiere al sueldo, la rebaja se efectuará a través de una pérdida del 10% del complemento específico y asimilado. Se trata del tercer anuncio de recorte en los sueldos públicos autonómicos en apenas de una semana, después de las mermas en Cataluña y el País Vasco.El paquete de medidas de ahorro también incluye acabar con los libros de texto escolares gratuitos para todos -ahora sólo se aplicará a partir de determinado nivel de renta-, así como del transporte urbano para jóvenes y mayores, que hasta ahora también era gratis. La renta también será el baremo para conceder desde ahora determinadas prestaciones sociales.En el apartado de educación y bienestar social también se emprenden otras dos polémicas medidas: se ampliará la educación concertada y, de acuerdo con el Gobierno central, se revisará el baremo de aplicación de la Ley de Dependencia. También se prevé un recorte en la inversión en infraestructuras y obras públicas.Desde ahora serán de gestión privada algunos centros hospitalarios castellano-manchegos que Cospedal ha calificado de "inviables": Almansa, Villarrobledo, Manzanares y Tomelloso, aunque los ciudadanos "no van a notar cuando entren a un centro sanitario nada diferente de lo que notan ahora", ha afirmado Cospedal.Éstas son sólo algunas de las medidas que conforman la segunda parte del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos de Castilla-La Mancha -que pretende un ahorro de 350 millones, que se suman a los 1.815 de la primera parte-.Cospedal ha adelantado además la decisión del Ejecutivo de prorrogar los presupuestos actuales durante todo el año 2012, y la aprobación -en un próximo Consejo de Gobierno a celebrar en Albacete el día 7 de diciembre- de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Castilla-La Mancha, informa Europa Press.También está ya "listo" el Plan Económico y Financiero que contiene todas estas medidas, aunque ha aclarado que la entrada en vigor de éstas no está supeditada a la aprobación de ese Plan."El sudor de hoy aleja las lágrimas de mañana"Cospedal, ha pedido este esfuerzo de austeridad a los castellano-manchegos para superar la "terrible" situación económica de la comunidad. "El sudor de hoy alejará las lágrimas de mañana", ha afirmado lacónicamente con estas melodramáticas palabras."Esta renuncia parcial a todo lo que no es estrictamente necesario es lo único que podemos hacer y la única alternativa que tenemos para preservar lo que es esencial, la única para cumplir los objetivos de déficit y encaminaros a la recuperación económica y la creación de empleo (...). Son medidas que van a garantizar una sanidad, una educación y unos servicios esenciales de calidad y que, de no actuar, se irían a la quiebra.Al cierre del presente ejercicio, el Gobierno de Castilla-La Mancha habrá alcanzado un ahorro de 320 millones de euros en este último trimestre y la región cerrará con un déficit aproximado al 9%, lo que supone un ahorro del 50%, según ha anunciado Cospedal.PSOE: el plan de Cospedal es "catastrófico"El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, José Luis Martínez Guijarro, ha calificado de "catastrófico" el nuevo plan de medidas y advierte de que va a "dinamitar el Estado de Bienestar" de la región: "va a privatizar la sanidad, deja herida la educación publica en Castilla-La Mancha y convierte a los servicios sociales en pura beneficencia".Para el portavoz socialista estas medidas son "absolutamente contrarias" a lo que el PP "ha venido diciendo durante mucho tiempo", ya que "dinamita" el Estado de Bienestar "y lo que deja en pie, lo pone a la venta". Es la "mayor estafa política que se ha producido en esta región, denuncia.Cospedal ha esperado a que pasaran las elecciones generales "para anunciar el mayor ataque contra el Estado de Bienestar que se ha producido nunca en Castilla-La Mancha", ha señalado. "Gran parte" de los nuevos parados de la región provienen directamente de las administraciones públicas, con lo que, según Martínez Guijarro, "es decisión directa de Cospedal de despedir a miles de personas y engrosar las listas del paro".Por último, ha asegurado que este plan "va a paralizar la economía" regional, "y cuando se paraliza la economía se generan menos ingresos, y como va a haber menos ingresos, vamos a tener más déficit y se volverá a necesitar otro plan de ajustes que volverán a pagar los que menos tienen en Castilla-La Mancha".Los sindicatos: "una brutal agresión"Por su parte, el sindicato independeinte de funcionarios CSI.F ha anunciado que no descarta ninguna medida de presión "ante tan brutal agresión a los empleados públicos de Castilla-La Mancha", tras las medidas anunciadas por la presidenta regional, María Dolores Cospedal, informa Europa Press.El sindicato ve "inadmisible" que el cuerpo de funcionarios y laborales de la administración "vuelvan a convertirse en la diana de las medidas de austeridad anunciadas por la presidenta regional: nueva bajada salarial y aumento de la jornada laboral". Según han alertado, los trabajadores no pueden seguir asumiendo nuevos esfuerzos en sus nóminas, pues la pérdida de poder adquisitivo se fija ya por encima del 45% en los últimos años.CSI.F ha recordado a la presidenta regional que los empleados públicos ya soportan un descenso en sus sueldos del 5% desde el año 2010 y una nueva congelación en el presente ejercicio, lo que significa un nuevo 12% de pérdida de poder adquisitivo. Las medidas anunciadas en el día de hoy producirán una nueva desviación acumulada por encima del 20% en los dos últimos años."Resulta sospechoso y muy preocupante que no se respeten los órganos de representación de los trabajadores y que los sindicatos tengan que enterarse de las medidas que afectan a los colectivos a los que representan por la prensa, sin siquiera dignarse a avanzarles el grueso o la filosofía de esas decisiones. Gobernar por decreto no es una opción cuando ni siquiera se ha convocado a los agentes sociales para debatir, o al menos informarles, de las intenciones del gobierno", condenan.CCOO y UGT también han advertido que no se van a callar ante los recortes anunciados por el Gobierno de Castilla-La Mancha, ante los que tienen dos vías, "afrontar lo que manda Cospedal o responder con todas las fuerzas para que estas injusticias no queden impunes". "No nos vamos a callar, responderemos de forma unitaria con todos los sindicatos representativos las acciones que convengamos de forma unitaria, porque lo que plantea Cospedal no es de recibo".
La presidenta, respaldada por su marido, Ignacio López del Hierro y el Consejo de Gobierno al completo han anunciado que para dar ejemplo de austeridad renuncian a sus pagas extras y a la flota de coches oficiales. Además de renunciar a sus 'extras', la presidenta y sus consejeros usarán coches oficiales de gama media que serán adquiridos a través de un servicio de 'renting' y se subastarán los Audi existentes.
El copago farmacéutico será una realidad en Cataluña el año próximo. Todos los catalanes, sin excepción, deberán pagar un euro por medicamento dispensado con receta médica. Así lo establece el proyecto de ley de medidas fiscales y financieras que acompaña a los presupuestos de 2012 y que este mediodía ha presentado en el Parlament el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell. Esta medida, que ya esbozó el presidente de la Generalitat, Artur Mas, hace apenas dos semanas, supondrá unos ingresos de 102 millones de euros en 2012. La medida entrará en vigor cuando el Parlament apruebe los presupuestos, lo que previsiblemente ocurrirá en el primer trimestre del año.Los usuarios de la sanidad catalana abonarán el euro por receta cuando los farmacéuticos les dispensen el medicamento. Es decir, las farmacias serán las encargadas de recaudar esa tasa. Estos comercios se quedarán el dinero recaudado y posteriormente el Servicio Catalán de la Salud se lo descontará de las transferencias que deben recibir por los medicamentos dispensados.El copago no discriminará, al menos en su entrada en funcionamiento, por nivel de ingresos ni por tipo de enfermedad. Es decir, lo deberán abonar desde pensionistas hasta enfermos crónicos. Mas-Colell ha justificado esta decisión alegando que la Generalitat quiere "simplificar" ese trámite y ha considerado que fijar exenciones resulta "complejo". Por ello, ha apostado por una tasa "universal". "Preferimos empezar por un nivel muy bajo e irla adaptando y, si cabe, desarrollar estructuras de exenciones", ha asegurado. Mas-Colell ha negado que la tasa tenga un fin "recaudatorio". "Se trata de poner barreras al sobreuso y abuso en el ámbito de la prescripción farmacéutica", ha concluido.El secretario general de Sanidad en funciones, Alfonso Jiménez, advirtió el pasado mes de noviembre a la Generalitat de que, en su opinión, "es inconstitucional imponer un copago a las recetas para que los pacientes paguen un fijo por cada medicamento", porque invade competencias. Fuentes del Ejecutivo catalán han mantenido que la medida es constitucional porque, a su juicio, no es un copago en sentido estricto, sino una medida disuasoria para evitar abusos en el uso de la sanidad pública.
La tasa turística, cuya posible aplicación despertaba encendidos debates entre empresarios y Administración desde hace años, verá la luz con los nuevos presupuestos de la Generalitat de Cataluña. El proyecto de este nuevo impuesto acompaña al de las cuentas catalanas que hoy ha presentado el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell. Según los primeros documentos, será un gravamen que se cobrará a todos los que pernocten en hoteles, apartamentos turísticos, casas rurales, cámpings e incluso cruceros. Los turistas tendrán que pagar tres euros en los hoteles de cinco estrellas, dos euros en los de cuatro y un euro en el resto de los establecimientos. Pagarán todos los que usen los establecimientos, sea cual sea su nacionalidad, excepto los menores de 12 años y las personas mayores que viajan con el Imserso.El dinero recaudado con este nuevo impuesto irá destinado al Fondo para el Fomento del Turismo, de nueva creación: una caja común con la que se pagarán acciones de promoción turística, de fomento de imagen de Cataluña e incluso infraestructuras que favorezcan el turismo. El 25% de los fondos, sin embargo, se transferirá a los municipios, "en función de la recaudación de sus establecimientos", para que los destinen también a promoción local. El Gobierno de Artur Mas llevaba semanas ultimando la ley, que no gusta a los gremios de hoteleros."Estamos en contra, todas las zonas turísticas y todo el sector", asegura Jordi Clos, presidente del Gremio de Hoteleros de Barcelona. "El Gobierno no es consciente de todo el daño que acaba de hacer al turismo. CiU siempre nos ayudó contra la tasa y ahora nos la imponen. Y sin negociar nada con el sector", ha explicado Clos visiblemente enojado. "La gente del Gobierno debe de ser muy rica si piensa que obligar a pagar dos o tres euros por noche no afectará a los establecimientos. Los clientes ahora miran mucho los precios y este impuesto puede influir mucho en sus decisiones", ha advertido.En el Ayuntamiento de Salou (Tarragonès), donde gobiernan CiU y el PP, ha prosperado hoy una moción conjunta de la junta de portavoces en la que piden a la Generalitat que negocie con los municipios la implantación de la tasa. “Una decisión unilateral provocaría conflicto y tensión, y podría perjudicar a la economía del turismo y a la unidad de acción necesaria para mantener la competitividad del sector”, dice el texto aprobado en el pleno del Consistorio. En el caso del Ayuntamiento de Barcelona, hasta hace prácticamente dos días el alcalde de Barcelona, Xavier Trias (CiU) se oponía a la introducción de este impuesto. Las tornas han cambiado y ahora el gobierno municipal espera negociar la parte del nuevo gravamen que le corresponderá a la ciudad.El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, durante la presentaciones de los presupuestos de la Generalita, ha defendido que la tasa turística "es algo que se hace en muchos sitios y en muchas ciudades extranjeras del entorno", en referencia a Roma y París. "Sería una lástima que la competencia tuviera herramientas potentes para el turismo y nosotros nos las negáramos, porque nos comerán terreno", ha defendido. La recaudación del dinero corresponderá a la Agencia Tributaria de Cataluña. No tendrán que pagar el impuesto los niños menores de 12 años ni los beneficiarios de programas sociales como el Imserso, que realiza los viajes subvencionados para personas mayores. Se incluye entre los que deberán pagar a quienes amarren su barco en un puerto y a los cruceristas, siempre que su crucero dure más de dos días. Se pagará como máximo por 10 noches.Cataluña fue la comunidad de España que más turistas recibió el pasado octubre, cuando registró 1,2 millones de visitantes, el 10,2 % más que en el mismo mes del año anterior. Siempre se ha guardado bajo la manga la opción de la tasa turística. El Gobierno tripartito ya trató de abrir el debate en varias ocasiones, pero la experiencia de Baleares, donde la ecotasa soliviantó a los empresarios, y las reticencias del sector hicieron que el Ejecutivo se decidiera por otras vías.
Josep Prat Domènech, el presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) —empresa de la Generalitat que gestiona unos 400 centros sanitarios de titularidad pública— e impulsor del plan que prevé trocear y abrir al capital privado esta empresa pública, compagina este cargo con la vicepresidencia de USP Hospitales, uno de los mayores grupos sanitarios privados de España. USP tiene cuatro centros en Barcelona y Girona, entre ellos el Instituto Universitario USP Dexeus, que alberga una fundación que mantiene un contrato desde 2009 por 360.100 euros para prestar servicios sanitarios a Salud. Esta contratación, otorgada por el tripartito, se mantiene vigente con Prat como máximo responsable del ICS.Desde su privilegiada posición, Prat supervisa la reducción de actividad de los hospitales públicos catalanes causada por los recortes presupuestarios y, según la oposición, maneja una información que constituye una gran oportunidad de negocio para cualquier grupo hospitalario privado.La Generalitat aseguró ayer que Prat no incurre en ninguna incompatibilidad, ya que califica su cargo en el ICS de “no ejecutivo y sin remuneración”, dietas aparte. El ICS defiende que un informe de los servicios jurídicos de Salud avala la doble posición de Prat, quien percibe un salario por su labor como vicepresidente de USP.“Quizá no sea ilegal pero sí totalmente ilegítimo”, opina el responsable de sanidad del PSC, Josep Maria Sabaté. Expertos jurídicos cuestionados por este diario evitaron posicionarse sobre la posible incompatibilidad de cargos, pero señalaron que este caso concreto merece un estudio detallado para verificar si las ocupaciones de Prat se ajustan a la normativa legal.Desde el pasado febrero, cuando la Generalitat designó a Prat como presidente del ICS, la vicepresidencia del grupo privado USP —que ocupa desde 2009— no ha sido el único motivo que ha generado dudas sobre la incompatibilidad de cargos que acumula Prat. Este también recibe otro salario por dirigir desde 2003 el holding Innova, grupo empresarial público propiedad del Ayuntamiento de Reus (Baix Camp) que agrupa, entre otros, varios centros sanitarios y la empresa pública Sagessa, compañía con una decena de hospitales y ambulatorios distribuidos por la provincia de Tarragona.Estos se hallan a su vez integrados en la red sanitaria pública de hospitales catalanes y compiten para captar recursos del Departamento de Salud por la prestación de servicios con los centros que gestiona en la provincia el ICS, a su vez presidido por Prat. A este embrollo de competencias se añade que desde la presidencia del Instituto, Prat es el autor o inspirador del plan que prevé trocear esta empresa pública en una veintena de compañías abiertas a nuevas formas de gestión y de colaboración con el sector privado, aseguran fuentes de Salud. Este proceso empezará el próximo año con la prueba piloto de convertir en empresa segregada del ICS los hospitales Arnau de Vilanova (Lleida) y el Trueta de Girona, según las previsiones del departamento. Los sindicatos, por su parte, consideran evidente el conflicto de los intereses que Prat defiende en el sector sanitario privado y la gestión que debe realizar de la sanidad pública catalana. “No entendemos de leyes, pero sí de sentido común: compaginar este tipo de cargos y responsabilidades es inaceptable”, señala un responsable de CC OO.La ley de incompatibilidad de altos cargos de la Generalitat no permite que una misma persona tenga la responsabilidad en dos empresas públicas “salvo excepciones expresas” que debe aprobar la Administración pública catalana. A principios de año, el consejo de Innova, por su parte, autorizó a Prat a presidir el ICS porque este cargo “no es ejecutivo, solo representativo”, señala Salud. El departamento insiste en destacar que Prat no percibe ninguna nómina por su labor en el ICS: cobra al menos las dietas que paga Salud, el sueldo como vicepresidente y miembro del consejo de administración de USP y, por otro lado, una retribución por dirigir el holding público del Consistorio de Reus.Este Ayuntamiento, gobernado a su vez por CiU desde las elecciones municipales del pasado mayo, ha anunciado que realizará una auditoría externa a esta empresa. El holding regido por Prat ha declarado un endeudamiento de 202 millones de euros por varios préstamos. Entre otros, un crédito de 47 millones de euros otorgado por el Servicio Catalán de la Salud, órgano de la Generalitat que el propio Prat dirigió en el anterior Gobierno de CiU, hasta 2003.La oposición municipal reusense denuncia que Prat incumple además la ley por no haber hecho pública la liquidación del impuesto de la renta del año pasado y el salario que percibe de Innova, como obliga la normativa. “Es inconcebible que no se sepa el salario del director de una empresa pública”, ha criticado el grupo municipal CUP de Reus.
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.(...)Artículo 2. Retribuciones del personal y altos cargos del sector público.(...)Seis. Las retribuciones de los Altos Cargos del Gobierno de la Nación, de sus Órganos consultivos, de la Administración General del Estado y demás personal directivo reguladas en el artículo 24 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011.Los créditos globales destinados al complemento de productividad de este personal para el ejercicio 2012 experimentarán una reducción de un 10 por ciento respecto de los destinados al mismo fin en el ejercicio 2011.