Los sucios asuntos de la familia Chaves

[Aire Mutable]

Por si no tenía bastante con sus hijos, ahora tb un sobrino...

    MENORES | Le fue concedido el tercer grado en 'tiempo récord'

'No sé si es por ser sobrino de Chaves, pero sería diferente si fuera un mortal cualquiera'   

 play Vídeo: José F. Ferrer   

• Jaime Chaves Díaz disfruta del tercer grado tras cumplir sólo tres semanas
• Fue condenado a tres años y medio y no tenía requisitos para el tercer grado
• Tiene antecedentes y no ha pagado las indemnizaciones a sus víctimas
• La familia de la menor pide que se investigue el presunto trato de favor

  Silvia Moreno | Sevilla
 Actualizado domingo 04/12/2011 10:18 horas

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Comentarios 184     El padre de una menor víctima de los abusos sexuales de Jaime Chaves Díaz, sobrino del vicepresidente segundo del Gobierno en funciones y presidente del PSOE, Manuel Chaves, ha solicitado que se investigue el presunto trato de favor de Instituciones Penitenciarias.
 
Jaime Chaves, condenado a tres años y medio de cárcel por abusar sexualmente de dos adolescentes de 14 y 15 años en el colegio privado El Altillo de Jerez en 2006, donde trabajaba entonces, acaba de lograr el tercer grado en un tiempo récord.
 
Tras permanecer sólo tres semanas privado de libertad, ahora ya sólo tiene que acudir a dormir de lunes a jueves al Centro de Inserción Social (CIS) Jiménez de Asúa de Sevilla, a pesar de que es reincidente y fue condenado por exhibicionismo y provocación sexual antes de los abusos en el colegio. Tampoco cumple el requisito marcado por la ley de haber resarcido a sus víctimas, ya que sólo ha pagado 30 euros de los 18.000 con los que debe indemnizar a las dos jóvenes.
 
El padre de la víctima, que prefiere ocultar su identidad para proteger a su hija, ha pedido una investigación sobre la concesión del tercer grado. "Yo creo que un privilegio debe de haber porque una cosa de estas no se concede a dedo. Debe haber algo de por medio y habrá que investigar qué ha ocurrido realmente porque esto no es normal", ha afirmado durante una entrevista con ELMUNDO.es.
 
Para este padre, es "inaudito" que se le conceda el "tercer grado, y a la calle", a pesar de todo el daño que ha causado. "Yo no sé si es por ser sobrino de Manuel Chaves, pero la cosa sería totalmente diferente si fuera un mortal cualquiera", afirma.
 
"Cómo es posible que una persona con estos antecedentes, con una condena de tres años y medio y ni pise la cárcel", se pregunta el padre, que no entiende tampoco que después de "causar tanto daño" a unas menores de edad, tan sólo "tiene que ir a dormir al centro de internamiento como si fuera un hotel".
 
A pesar de que ya han transcurrido cinco años desde que ocurrieron los abusos, su hija siente pánico de cruzárselo por la calle. "Muchas veces se ha imaginado que estaba cerca y ha regresado a casa corriendo", recuerda el padre. Ahora, al saber que ya está disfrutando del tercer grado, los temores se incrementan.
 
A esta familia también le duele la actitud del colegio privado El Altillo en Jerez donde daba clases de pádel el sobrino del vicepresidente porque "siempre protegió" al pederasta.
De hecho, al día siguiente de sufrir los abusos por parte de Jaime Chaves, "tres adultos varones", responsables del centro, "la encerraron en una habitación y comenzaron a decirle que estaba confundida, que sólo le puso la mano para saludarla... Estas cosas no tenían que haber ocurrido nunca".
 
Meses después, en los informes psicológicos a la menor, se subraya que este episodio con los tres responsables del centro agravó el estado de la víctima tras sufrir los abusos sexuales del profesor de pádel.
 
Tras sufrir esta encerrona, la adolescente se derrumbó con sus compañeras y, al verla así, "las chicas empezaron a decirle que a otras alumnas también se lo había hecho".
 
Así, se confeccionó una lista de 17 adolescentes que habrían sufrido abusos sexuales de Jaime Chaves, pero tras las presiones y varias reuniones de los responsables del centro con los padres afectados, el listado -aclara el padre de la víctima- "bajó a diez, luego a cinco, cuatro y, al final, se quedó en dos", que son las reconocidas en la sentencia firme.
 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/03/andalucia/1322940726.html

[Aire Mutable]

Una muestra más de cómo se las gastan nuestros corruptos

EL COMISIONISTA NAUFRAGA EN SU ESTRATEGIA DEL “ROBO DE DOCUMENTOS”

Así intentó Iván Chaves frenar a 'El Confidencial'   


19 Comentarios    E.C  14/12/2011  (06:00h)
 

  El hijo de Manuel Chaves ha fracasado en su intento de obstaculizar las informaciones sobre sus actividades que publicó en exclusiva este diario, así como dar con la fuente de las mismas. El dos y el cuatro de marzo de este año, antes de la publicación del primer reportaje sobre las actividades de comisionista de Iván Chaves con la Junta de Andalucía, El Confidencial llamó al hijo del vicepresidente del Gobierno -ahora en funciones- para recabar su versión sobre los hechos que este diario llevaba investigando desde hacía varias semanas. Tras sendas conversaciones, Chaves declinó el ofrecimiento y contraatacó personándose en la comisaría de Nervión.
 
Allí denunció que, tras la segunda llamada “busca entre los archivos de su empresa, comprobando la falta de la siguiente documentación”, según el atestado, que enumera una serie de contratos, alguno de ellos originales. También informa a la Policía de la “sustracción” de dos agendas y se pregunta cómo esta documentación “ha llegado a manos de Melchor Miralles”, autor de la información junto a Javier Chicote.
 
Desde entonces, la Policía Nacional ha practicado una serie de diligencias para aclarar el supuesto robo. Todas ellas han desembocado en la realidad: no ha habido ninguna sustracción. Aun así, la denuncia sirvió a Manuel Chaves y su entorno para intentar desacreditar la información de El Confidencial por haber sido obtenida, según su versión, por medios espurios.
Iván Chaves -o su padre- no valoraron dos asuntos clave. El primero, y más obvio, es que con la denuncia certificó la autenticidad de los documentos; el segundo, que en el listado que enumeró incluyó algunos contratos que no obraban en poder de este diario, lo que permitió a los redactores obtener nuevas exclusivas. 
 
Miralles declaró por exhorto ante el juzgado de instrucción número 17 de Sevilla, donde comunicó al juez que, por motivos profesionales, no podía revelar la fuente de la información, lo que no tuvo mayor trascendencia. Además, la tesis de Iván Chaves se derrumba si se tiene en cuenta que El Confidencial tiene archivos informáticos, una copia digital de los documentos empresariales del hijo del expresidente de la Junta de Andalucía, por lo que no pudo “echar en falta” ninguno de ellos, mucho menos los originales.
 
En su denuncia citó los papeles que creía que manejaba El Confidencial tras las dos conversaciones telefónicas, sin saber exactamente cuáles eran. No mostró reparo alguno en el hecho de que su denuncia, por un robo que no fue tal, obligaba a utilizar recursos públicos, como el tiempo empleado por la policía y los juzgados.
 
http://www.elconfidencial.com/espana/2011/12/14/asi-intento-ivan-chaves-frenar-a-el-confidencial-89306/

[CdE]

SORPRENDENTES INFORMES POLICIALES

La corrupción cerca a Chaves: trama de su hijo y dinero de los ERE para cocaína

El hijo de Chaves era, según un informe, el centro de una red de corrupción. Además, un testigo desvela que se utilizó dinero de los ERE para cocaína.



    Robo falso para anular pruebas contra Iván Chaves
    Destituyen al jefe policial que le investigaba
    Una nueva testigo confirma la trama de influencias

LIBERTAD DIGITAL 2012-01-09

El Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional ha realizado un informe que ha remitido al juez que sitúa a Iván Chavés, hijo del expresidente andaluz y presidente del PSOE, como eje de una red delictiva de "tráfico de influencias" por sus negocios con la Junta de Andalucía cuando era presidida por su padre.

Según informa El Mundo, los investigadores consideran que los contratos con adjudicatarias de la Administración andaluza podrían encajar no sólo en el delito de tráfico de influencias sino también en el de cohecho.

Por ello, el informe asegura que los contratos mercantiles que el hijo de Chaves denunció que le habían robado son pruebas de la existencia de una red de empresas y testaferros en cuyo centro estaría Iván Chaves. El fin era conseguir, a cambio de comisiones, suculentos contratos de la Junta gracias a la situación de su padre.

Los policías que han rastreado los documentos supuestamente robados, según Chaves,  y no dudan en utilizar el término "corrupción" en el atestado para referirse a la actuación del hijo del socialista.

De este modo, el informe asegura que en estos supuestos hechos delictivos estarían implicados tanto Iván Chaves como "terceros". Se apunta a que los testigos a los que tomaron declaración, excepto una exempleada, "tienen interés directo" en los negocios de Iván Chaves "por su implicación en esos mismos hechos". Éstos serían algunos socios y amigos y con los que también se buscaba "que se facilitase el acceso a la Administración andaluza".

Sin embargo, la causa que tramita el Juzgado no investiga de momento estos negocios de Chaves sino que se centra en la supuesta sustracción de los documentos. La presunta trama de tráfico de influencias deriva de las pesquisas realizadas para esclarecer el robo. Según los investigadores habría sido simulado para invalidar pruebas en su contra.

Cocaína con el dinero de los ERE

Mientras tanto, Juan Francisco Trujillo Blanco, chófer del exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ha declarado a la Policía Judicial que dedicó "a comprar cocaína" para él y para el alto cargo socialista. La "mayor parte" de este dinero era de los 900.000 euros en subvenciones a cargo del fondo de reptiles utilizado para pagar los ERE fraudulentos.

 

Ante los agentes, el chófer admitió haber recibido dos ayudas de 450.000 euros cada una para las empresas Iniciativas Turísticas Sierra Morena y Lógica Estratégica Empresarial. Sin embargo, reconoció que la mayor parte del dinero no fue a parar a tal fin. Dice que lo dedicó a "comprar cocaína para su jefe y para él". Además, otra importante cantidad de dinero se la habría dado a Guerrero "en mano".

"También, a solicitud del señor Guerrero, le compró varios efectos, tales como material de telefonía, artículos de música, antigüedades, ropa y otros, siempre a solicitud de su jefe", asegura Trujillo en el atestado. Igualmente, admite que otra parte del dinero del fondo de reptiles sirvió para "abonar otros gastos como ir de fiestas y copas".

El chófer asegura que fue el propio exdirector general de Trabajo de la Junta el que le animó a pedir subvenciones y le indicó la forma de hacerlo. "Una tarde, en un local de copas a los que era muy aficionado el señor Guerrero y a los que finalmente el dicente acabó afianzándose también, el señor Guerrero le comentó la potestad que él tenía como director general para conceder subvenciones indiscriminadamente y sin necesidad de justificar nada", asegura en su declaración. El ex alto cargo de la Junta le dijo que le diera "nombres para concederles unas subvenciones" o que "creara unas empresas para así podérselas conceder a él".

http://www.libertaddigital.com/nacional/2012-01-09/la-policia-situa-al-hijo-de-chaves-como-centro-de-una-red-delictiva-1276446234/

[Aire Mutable]

los contratos mercantiles que el hijo de Chaves denunció que le habían robado son pruebas de la existencia de una red de empresas y testaferros en cuyo centro estaría Iván Chaves.

Ya sabemos de sobra a quienes se refieren, Severiano López Martín, uno de los grandes protegidos de la nephila patria.

[Aire Mutable]

el chófer admitió haber recibido dos ayudas de 450.000 euros cada una para las empresas Iniciativas Turísticas Sierra Morena y Lógica Estratégica Empresarial. Sin embargo, reconoció que la mayor parte del dinero no fue a parar a tal fin. Dice que lo dedicó a "comprar cocaína para su jefe y para él".

Vomitivo!!!. No sé cómo es posible que todos los andaluces no se planten en el Palacio de San Telmo y arda TROYA!!!

[Urederra]

El comisionista de los ERE falsos cobró tres millones de euros de los Ruiz-Mateos

LE PAGABAN EN BILLETES DE 500 PARA CONVENCER A LOS TRABAJADORES Y A LA JUNTA

Los Ruiz-Mateos utilizaron los servicios de Juan Lanzas, el exsindicalista detenido por ser la pieza clave del caso de los ERE fraudulentos de Andalucía, para sacar adelante hasta cinco expedientes de regulación de empleo de sus empresas. Según la contabilidad interna del grupo de la abeja, a la que ha tenido acceso El Confidencial, Lanzas recibió pagos que llegaron a superar los 20.000 euros semanales en distintos periodos entre 2007 y 2010.

Además, todo apunta a que Lanzas cobraba en dinero negro, ya que se le entregaban en metálico sus enormes honorarios. El 3 de abril de 2008, A.E., contable de Nueva Rumasa, envió un correo electrónico a otros trabajadores dando instrucciones para una serie de pagos. Bajo el epígrafe “Sobres” aparece la inscripción “30.000,00 Juan Lanzas (en 500)”. El 19 de enero de 2007 el mismo contable envió otro correo a Javier Ruiz-Mateos, el hijo del clan encargado de las finanzas, con la siguiente pregunta: “Cuando tengamos los 25.000 de Juan Lanzas ¿qué hacemos con el dinero?”. Javier Ruiz-Mateos le contesta: “Hay que hablar con Miranda para ver cómo se lo hacemos llegar”. Miranda es otro empleado del grupo.

Unos días después, un nuevo mensaje informa de que “supuestamente vienen hoy a por el sobre de 25.000 euros de Juan Lanzas”. Seis días después, el citado contable informa a Javier Ruiz-Mateos: “Juan Lanzas se lleva sus 25.000 €”.

En otra ocasión el interlocutor de los contables es otro de los hijos de José María Ruiz-Mateos, Alfonso. Éste pregunta por las “cajas de Juan Lanzas” y ordena que “al menos una esté aquí mañana” para “darle 20.000 euros”. Los pagos al exsindicalista, que se colocaba a sí mismo, a sus familiares y a sus amistades en ERE de empresas en las que nunca habían trabajado, son tan numerosos que en la contabilidad interna, que recoge también los movimientos en dinero negro, tienen un epígrafe propio, aunque su casilla está oculta. 

El Confidencial ha rastreado decenas de apuntes contables con las comisiones que supuestamente cobraba Lanzas: en 2007 son 249.500 euros; otros 199.600 en 2008; 100.000 euros más en 2009 y 20.000 en 2010. Hacen un total de 569.100 euros y eso sólo en la documentación que ha podido comprobar este diario y que pasó por los empleados del grupo. Lanzas trabajaba para la familia de empresarios desde tiempo antes. Según el testimonio de un exdirectivo de Nueva Rumasa, las cantidades totales percibidas a lo largo de varios años son muy superiores: “La tarifa de Lanzas era de 600.000 euros por cada ERE que le encargaban y fueron cinco, tres millones de euros en total”.

Lanzas pasaba periódicamente por la sede central de los negocios de la familia, la mansión de Somosaguas, y recogía los sobres repletos de billetes de 500. El pago se pactaba fraccionado. El conseguidor andaluz no ha percibido los últimos importes debido al hundimiento del grupo. No obstante, según los testimonios recabados, muchos pagos los han podido realizar directamente las empresas, sin pasar por la caja de Somosaguas.

La especialidad de Lanzas, todo un embaucador hasta su detención hace justo un año, era convencer a los comités de empresa para que aceptaran las condiciones del ERE propuestas por la empresa, aunque también negociaba con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Una de sus intermediaciones fue la de dos expedientes de empresas del Grupo Dhul. Después, los Ruiz-Mateos pidieron la relación de personas incluidas en el ERE porque sospechaban que Lanzas había incluido a su esposa, Patrocinio Serra, pese a no haber trabajado nunca en Dhul. También prestó sus servicios en expedientes de regulación de las bodegas Garvey y Zolio Ruiz Mateos S.A. y en una de las sociedades hoteleras del grupo.

Su esposa también fue detenida, ya que ambos percibieron 360.000 euros después de incluirse en el ERE de la textil malagueña Hitemasa, para la que tampoco habían trabajado nunca. Lanzas también fue el conseguidor del famoso ERE de Mercasevilla, el que hace saltar el escándalo. Llegó a confesar a un vecino “tengo tanto dinero que no sé qué hacer con él”).

Tras su paso por la UGT, Lanzas creó una empresa en febrero de 2006, Maginae Solutions, cuyo objeto social es “El asesoramiento de empresas y entidades, de carácter público o privado, en el orden socio laboral (…) así como todo lo concerniente a gestión de recursos humanos”.

Según las fuentes consultadas, Lanzas pudo realizar otros servicios para los Ruiz-Mateos, relacionados con la consecución de subvenciones de La Junta de Andalucía para las fábricas del holding jerezano. Llama la atención que el sindicalista cobraba casi mensualmente, como si fuera una nómina, aunque sin pasar por Hacienda. Fuentes internas de Nueva Rumasa aseguran a este diario que Lanzas repartía un porcentaje de sus comisiones con otras personas que intervenían en las operaciones, desde sindicalistas a cargos de la Junta “para engrasar la maquinaria”.

http://www.elconfidencial.com/economia/2012/01/10/el-comisionista-de-los-ere-falsos-cobro-tres-millones-de-euros-de-los-ruizmateos-90629/

[Urederra]

El ‘chófer de los ERE’ recibió otros 450.000 euros para una granja de pollos

LA JUNTA ATACA A GUERRERO PARA PROTEGER A GRIÑÁN

El ya conocido como ‘chófer de los ere’, Juan Francisco Trujillo, recibió otros 450.000 euros de la trama el mismo día que le eran adjudicados 900.000 euros, el 16 de febrero de 2004. El conductor del ex director general de Empleo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, logró ese día del ‘fondo de reptiles’ otra subvención de 450.000 euros más para montar una granja de pollos. Así lo ha desvelado esta mañana el PP.

Hasta ahora, el conductor de Guerrero habría recibido 1.300.000 euros de subvenciones: 900.000 supuestamente para dos proyectos de su propiedad, denominados Iniciativas Turísticas Sierra Morena y Lógica Estratégica Empresarial S.L., la primera destinada a crear una empresa de muebles y la segunda para un negocio de casas rurales en la sierra de Andújar, y 450.000 euros más conocidos hoy a nombre de Isidoro Ruz, esposo de la alcaldesa de una pedanía de Andújar (Jaén), para construir una granja de pollos.

Mediante el convenio, firmado por Francisco Javier Guerrero, se concedió la ayuda de manera nominal a Ruz, informa EFE, quien creó un mes después la sociedad AVENUEVA, de la que era socio el chófer del exdirector de Trabajo, y quien a los pocos meses se convirtió en el único socio de la empresa, ya que Ruz se desvinculó de la misma, según el PP.

Los populares han denunciado que la subvención se ingresó en una cuenta corriente a nombre de Ruz, aunque este partido desconoce si realmente pertenece a él, y añaden que lo más grave es que no existe constancia de que se haya construido la granja de pollos por la que se concedió la ayuda de la Junta de Andalucía.

Esto supone, a juicio de Soto, la prueba de que lo declarado por el chófer ante la policía de que parte del dinero que se le concedió iba a parar a fiestas y cocaína no es más que "algo llamativo" porque lo verdaderamente grave es que es una "nueva ramificación" del uso fraudulento de los fondos públicos.

Soto ha recordado que el Consejo de Gobierno recibió hasta en ocho ocasiones las advertencias de la Intervención General de que el procedimiento que se estaba utilizando para conceder las ayudas no era el legal, por lo que se ha mostrado segura de que estos casos que se están conociendo "hablan por sí solos".

"Esto es una vergüenza. Los andaluces no se merecen el gobierno que tienen", ha explicado Soto, quien se ha preguntado a qué espera el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, para "asumir sus responsabilidades" en un caso en el que las partidas fueron aprobadas "y ampliadas" en los Consejos de Gobierno.

Soto ha relatado que durante los diez años en los que se ha usado el "fondo de reptiles" han estado dos presidentes de la Junta, cuatro consejeros de Empleo, tres responsables de Economía y tres directores de Trabajo, en un asunto que están investigando tres juzgados de la comunidad andaluza.

El Gobierno andaluz ha reconocido que se siente desbordado por los casos de corrupción relacionados con los ERE falsos. La portavoz del ejecutivo de Griñán, Mar Moreno, ha utilizado la comparecencia del Consejo de Gobierno para admitir que este escándalo “le está haciendo un daño inmenso al Gobierno” andaluz,  que estará “a muerte” en la denuncia de los hechos, y culpa al PP de hacer uso de “trampas procesales” para sacar rentabilidad política del caso.

Utilizando la táctica de que la mejor defensa es un buen ataque, la portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, en un hecho insólito como es utilizar un acto de Consejo de Gobierno para hablar de un asunto que en anteriores ocasiones solía soslayar con una larga cambiada, ha mostrado la situación de desconcierto que las últimas revelaciones han supuesto para la Junta. Moreno asegura ser consciente del “inmenso daño que se le está haciendo al Gobierno (de Griñán) y a Andalucía”, y recurre a la situación en la que se encuentran hoy ex presidentes autonómicos del PP, como Camps, en Valencia o Matas en Baleares, para marcar distancias con el partido que le disputa el control de la Junta. “En Andalucía, durante treinta años, no ha habido ningún alto cargo en el banquillo”, asegura la portavoz.

Moreno no ha querido entrar en el fondo de las denuncias, ha recordado que el Gobierno andaluz fue el que denunció el caso de los ERE, y para salvar la supuesta responsabilidad de Griñán recuerda que “en 2004, que fue cuando se concedieron estas subvenciones –las del fondo de reptiles- Pepe Griñán era diputado en el Congreso”.

La comparecencia de la portavoz de la Junta ha estado marcado por graves acusaciones al PP, a quien imputa la ofensiva de los ERE, asegurando que el partido que lidera Javier Arenas ha utilizado “trampas procesales” para rentabilizar el asunto electoralmente. Moreno aludía así al uso de los documentos de la juez Mercedes Alaya que a su juicio hace el PP, y de quien el PSOE parece entender que se conduce en base a los documentos que le aportan los populares.

Aislar la epidemia

En un intento por aislar de nuevo al caso a la figura de Javier Guerrero, el ex director general de los “fondos” de reptiles, cuyo chófer le ha implicado en el uso de dinero público para la compra de cocaína, Mar Moreno ha vuelto a pedir que “caiga todo el peso de la ley” sobre él y quienes hayan cometido delito, atribuyéndole a la Junta las primeras denuncias sobre el asunto en los juzgados.

La portavoz de Griñán excluye de los hechos al ex consejero Antonio Fernández y a José Antonio Viera, ex consejeros de Empleo con los que trabajó Guerrero, asegura que “el foco está en la Dirección General”, y recuerda que este ex director general “no forma parte ya de los equipos directivos” de la Junta.

http://www.elconfidencial.com/espana/2012/01/10/el-chofer-de-los-ere-recibio-otros-450000-euros-para-una-granja-de-pollos-90664/

[Aire Mutable]

Da auténticas naúseas ver como nos roban a manos llenas, pero más nauséas y vergüenza da ver como lo soportamos... Creo que me voy a la cama a ahogar mi cabreo diario!

[Aire Mutable]

 REPORTAJE: ESCÁNDALO 

El director despacha en el bar

Javier Guerrero, ex responsable de Trabajo en Andalucía, dispuso a su voluntad de un fondo de 647 millones mientras llevaba una vida frenética acompañado de su chófer

   JAVIER MARTÍN-ARROYO 15/01/2012

Un despacho oficial empapado en alcohol: la escena consistía en una pequeña cola de empresarios que aguardaba su turno en la barra, ávidos de discutir negociaciones y subvenciones con Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía. Él hacía señales desde su mesa del local, al que acudía cada tarde para que fueran acercándose por turnos. "Tomaba los gin-tonics como el que bebe agua. Y nunca le vi tumbado. Tenía mucho, pero que mucho aguante", rememora un amigo. Era excesivo, impuntual y caótico. De su firma dependían las reconversiones industriales en Andalucía   

  Podía consumir al día hasta una docena de 'gin-tonics'. A su puerta llamaron Ayuntamientos, empresarios, fundaciones
   El exchófer asegura que se gastó 900.000 euros de dos subvenciones en "cocaína, fiestas y copas" para él y su jefe
   El ex director general abonó 220.000 euros a su propia suegra y autorizó la inclusión de 72 intrusos en empresas

  La fama de Guerrero, principal imputado en el caso de los ERE (expedientes de regulación de empleo), se ha disparado esta semana. Ha sucedido tras la traición de su exchófer, quien contó a la policía cómo se gastó en "cocaína, fiestas y copas", para él y su jefe, la mayor parte de los 900.000 euros de dos subvenciones públicas otorgadas por el alto cargo.

Estuvieron juntos seis años. De jornadas interminables, copas, duras negociaciones, risas y dispendios nocturnos, kilómetros para recorrer Andalucía de punta a punta, falta de sueño y un ritmo desenfrenado, cuyos excesos pagaron ambos. Su historia no sería tan excepcional si no fuera porque Guerrero manejó a su antojo un fondo público de 647 millones para empresas en crisis durante casi una década. Una ingente cantidad que él mismo tildó en su primera declaración policial de "fondo de reptiles", expresión que implica el uso de comisiones ilegales para comprar voluntades. Y la imaginación se dispara porque indicios delictivos no faltan.

El alto cargo fue muy generoso con su conductor Juan Francisco Trujillo. Le otorgó dos subvenciones de 450.000 euros a sus empresas y una tercera de igual cuantía al exsocio de este, Isidoro Ruz, exalcalde pedáneo socialista de Llanos del Sotillo (Jaén). Pero además, Guerrero adjudicó a su suegra y a la madre de Trujillo sendas pólizas de 220.000 y 122.000 euros como falsas prejubiladas (intrusas) en dos empresas donde nunca trabajaron.

Ahora Guerrero es el mayor quebradero de la Junta y ha acaparado la agenda política de la prolongada precampaña andaluza para las elecciones del 25 de marzo. El PP ha aprovechado su desordenada vida y aficiones al límite para cargar contra el PSOE por mantenerle en el cargo durante nueve años con tan alta responsabilidad. ¿Por qué hasta tres consejeros aprobaron su gestión? "El objetivo era la solución pacífica y demostró estar muy pegado a los conflictos y ser más eficaz que nadie", justifica uno de ellos. El problema fue el descontrol y la nula supervisión que ejercieron sobre su trabajo. O la connivencia.
 
Al chófer los vecinos de su pueblo le llamaban "el ministro" porque vestía chaqueta y corbata en un entorno rural. Le consideraban un tipo altivo. Trabajó en el cercano Ayuntamiento de Andújar. Mientras era empleado municipal montó una gestoría y fue denunciado por estafa por varios clientes, ya que no pagaba los seguros sociales. Tras su precipitada salida del Consistorio a principios de los años noventa, fue contratado como chófer por el delegado de Economía, Ángel Menéndez, con quien tuvo un grave accidente. El vehículo quedó siniestro total, aunque los dos ocupantes solo sufrieron heridas leves.
 
Años después, tras un traslado, recalaría en Sevilla a las órdenes de un director general al que sucedió Guerrero, que optó por mantener al chófer. Así comenzó su estrecha relación. "Le recogía a las siete de la mañana y la noche antes podíamos haber acabado a la una de la madrugada", rememora Trujillo, refugiado estos días en su casa ante la guardia de los fotógrafos para cazar su imagen. El conductor dio detalles a los agentes de su supuesto camello y de cómo compró para el alto cargo un piano antiguo, ropa y relojes. Ante tanta marcha, en ocasiones el chófer insinuaba una retirada para poder descansar, puesto que cada noche conducía una hora para regresar a El Pedroso, el pueblo de Guerrero.
 
Antaño, la jornada laboral del alto cargo era muy peculiar. Tras finalizar en la sede de la Consejería de Empleo y acudir al restaurante Cabo Roche, la costumbre marcaba cruzar la calle hasta el pub Caramelo. Allí acudía una parte de la clase empresarial sevillana para relajarse. Tras un par de copas en la comida, Guerrero podía consumir hasta una decena de gin-tonics por la tarde-noche, siempre pagados con un fajo de billetes cogidos con una pinza y fuera de la cartera. Todo el mundo le saludaba. Se sentía importante. Le rendían pleitesía porque sabían que manejaba un jugoso fondo de subvenciones, un río de dinero que corría con meandros caprichosos provocados por amistades vinculadas al PSOE, según ha subrayado la juez del caso, Mercedes Alaya.
 
De carácter afable, buen contador de chistes, era también excesivo. Impuntual y caótico, pero a la vez trabajador. Guerrero bajaba a la arena y se trasladaba a cualquier lugar donde hubiera empresas en crisis para hablar con directivos y trabajadores. De su firma dependían las reconversiones industriales en Andalucía, cuyas duras huelgas habían minado la paz social durante la década anterior. El Gobierno había decidido que los disturbios y protestas callejeras no debían repetirse, y Guerrero fue el brazo ejecutor para lograr los tortuosos acuerdos entre empresas y sindicatos. El problema fue que con tantos millones en juego, el sistema ideado se pervirtió y aseguradoras, consultoras, sindicalistas, compañeros socialistas, bufetes e intermediarios aprovecharon para sacar tajada. Y solo se toparon con un castillo de arena: la moral laxa de Guerrero.
 
"Transmitía credibilidad. Esa bonhomía mezclada con las banderas oficiales detrás de él... Sabía estar. Transmitía mucho confort. Era un sedante, un mediador extrovertido con gran capacidad de generar empatía. Y al profesional siempre lo trataba con absoluta exquisitez", recuerda un letrado. Contaba asimismo con una extraordinaria retentiva para las caras. Pero el alto cargo tenía graves fisuras de carácter: "Si le tocabas el tema humano o social, tenías lo que querías. Todo el mundo lo manejó porque la consigna desde arriba era 'problemas, los mínimos", explica un sindicalista. Todos los entrevistados hablan de él, pero exigen evitar su nombre. Para no dar pistas a la Guardia Civil sobre aquellos turbios años o porque ya están imputados y cualquier declaración perjudicaría a su defensa.
 
"A nadie le decía que no. Fue muy generoso con lo que no era suyo", resume uno de los empresarios beneficiados. Y Guerrero lleva a gala ese carácter tan singular. El año pasado su tarjeta de visita solo incluía su nombre y profesión: "Pensador". Y el filósofo acusado de malversación, tráfico de influencias y prevaricación también explotó su faceta poética: "Árboles de la ribera / que disteis sombra al amor, / a la juerga, a las quimeras, / a las suaves torrenteras; / a una que otra borrachera". Son ripios incluidos en su libro Cuando una noche llueve.
 
Tras dirigir una oficina de desempleo y ser alcalde de su pueblo durante cuatro años, dio el gran salto a director general. De repente dispuso de chófer, dietas y una vivienda en alquiler de 1.800 euros que cubría la Junta. Y también se puso en la senda de una peligrosa espiral gracias a su alma de bon vivant. Ese ritmo desacompasado conllevó un deterioro de salud que terminó por apartarle de la Consejería. Antes de su cese en 2008, mostró a todos sus compañeros un certificado médico que demostraba que "estaba limpio de su adicción", según proclamó a los cuatro vientos. Pero la realidad es que acudía a los consejos de dirección de la Consejería en mal estado y oliendo a alcohol, coinciden varios altos cargos.
 
Entonces pidió una excedencia y trabajó como consultor en proyectos inmobiliarios que no llegaron a buen puerto con los Gobiernos de Guinea y Senegal. Hasta que abandonó la compañía por impago. Esta semana debía reincorporarse a su plaza como funcionario, pero la Junta ha suspendido su reingreso para evitar dar más munición aún al escándalo y ante la gravedad de los delitos que se le imputan.
 
"En la Junta dicen que soy un golfo", declaró Guerrero frustrado tras su cese. De forma paralela, Trujillo tampoco despertaba simpatías en el PSOE de Andújar, donde fue militante antes de ser expulsado hace ya casi una década -"o se va él o nos vamos todos", dijo un compañero al recordar el paso por el partido de Trujillo, al que define como un "mangante"-. A pesar de tener su trabajo en Sevilla, su familia permaneció en Llanos del Sotillo y esto le obligó a llevar una vida aún más caótica, hacer más kilómetros de la cuenta, y cometer ciertos excesos al volante. Fuentes de la Consejería afirman que Trujillo fue despedido por faltar a su trabajo en diversas ocasiones. El chófer siguió ligado a la Junta, pero desde Jaén, adonde fue trasladado. Finalmente, en 2009, la Administración le expulsó tras descubrir que había falseado bajas laborales por enfermedad.
 
Al margen de las regulaciones de empleo, el alto cargo era el banco caritativo al que acudieron conocidos en busca de una paga, y a los que denominaba "criaturas". Pero también llamaron a su puerta hombres de negocio, asociaciones, universidades y Ayuntamientos para llorarle y lograr fondos públicos. Y Guerrero se ablandaba. En ocasiones para sentirse confortado por su propia benevolencia. Y en otras por codicia o para acatar órdenes de sus superiores. "La situación no era irregular, pero sí escasita de procedimiento", reconoce un ex alto cargo sobre la falta de estudios de viabilidad y controles. "La empresa era la responsable de seguir los dictados de las ayudas directas. ¡No podíamos tener un ejército de inspectores revisándolo todo!", se excusa.
 
Guerrero concedió al menos 65 millones del fondo en ayudas directas a empresas. Solo el entramado de empresas Matadero de Sierra Morena, vinculado a la Sierra Norte sevillana, recibió nueve millones. Y las empresas del corcho vinculadas a un hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, más de ocho millones. Ante tal concentración de dinero en pocas manos, ahora la Junta exige a la juez que impute cuanto antes a los empresarios, que ya han realizado cambios societarios en el registro mercantil para difuminar rastros.

A Guerrero le acompañó una corte de amigos e interesados, entre los que llama la atención el parlamentario socialista Ramón Díaz, su mano derecha durante un tiempo en Empleo. Porque al margen de las juergas, Guerrero atesoró una mediación que todos elogian. Eso sí, lograda gracias a una generosidad de vacas gordas cuyos ceros escandalizan ahora incluso más que antaño. El alto cargo destaca ufano la negociación de la multinacional sueca Boliden, responsable del vertido de Aznalcóllar, y a cuyo dueño arrancó 12 millones tras desplazarse a Estocolmo.
 
En Jaén, Trujillo había conocido a Juan Lanzas, exsindicalista de UGT. Posteriormente, Guerrero y Lanzas sellaron una gran amistad y viajaron con sus esposas al extranjero. El intermediario trabajó en la gestión de los ERE y fue comercial de la consultora Vitalia, firma que gestionó las prejubilaciones de 60 de los 72 intrusos identificados por la Junta en su investigación interna. Vitalia perteneció -actualmente está en proceso de disolución- al entramado de aseguradoras del grupo Eurobank. En paralelo, la Audiencia Nacional tramita desde 2003 un sumario por estafa de la directiva, con 18 imputados.
 
Vitalia generó ingentes plusvalías que su director comercial, Antonio Albarracín, que compartía mantel con Guerrero una vez al mes, deberá justificar ante la juez. En su defensa el ex director general alega que cumplía órdenes de sus consejeros de Empleo, pero lo cierto es que tendrá que explicar ayudas a amigos de la infancia, al gasolinero donde repostaba, al churrero de su pueblo, a su propia suegra... "Se vino del País Vasco bastante presionada por el entorno de ETA y no estaba bien. Me habló del problema y le dije que sí", adujo como toda explicación por haberle regalado 220.000 euros de fondos públicos.

http://www.elpais.com/articulo/reportajes/director/despacha/bar/elpepusocdmg/20120115elpdmgrep_3/Tes

[Aire Mutable]

LAS PESQUISAS DE LA JUEZ ALAYA ALCANZA A LA ACTUAL CONSEJERÍA DE EMPLEO

La investigación de los EREs estrecha el cerco a la Junta de Griñán       

 
@Agustín Rivera. Málaga  28/01/2012  (06:00h)

   
Se estrecha el cerco judicial al Ejecutivo de José Antonio Griñán. La investigación de los EREs falsos de la juez Mercedes Alaya alcanza ya de lleno a la actual Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía dirigida por Manuel Recio. La investigación de la magistrada sevillana provocó ayer la imputación del actual director general de Trabajo del Gobierno andaluz, Daniel Rivera, y de su antecesor, Juan Mázquez. Rivera y Márquez sucedieron en el cargo a Francisco Javier Guerrero, quien destapó el fondo de reptiles de 700 millones de euros.
   En el auto de 42 páginas emitido ayer por Alaya, al que ha tenido acceso El Confidencial, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla implica al Rivera de ordenar el 1 de septiembre de 2010 pagos a favor de extrabajadores del laboratorio fotográfico Surcolor, aunque dos de ellos no pertenecían a la empresa. “Los trabajadores fueron 24 y no 26, por lo que pudieron deducir fácilmente que los otros dos no debían pertenecer a Surcolor”. 
 
Según el escrito de la juez que acorrala a la Junta de Andalucía con su instrucción, el alto cargo del Gobierno Griñán actuó con idéntico modus operandi al de Guerrero, ordenado pagos con “total ausencia de procedimiento, pues no existe siquiera la menor solicitud o protocolo de colaboración”. Sólo existe solicitud para la ayuda de 175.998 euros para el abono de la primera que correspondía a la empresa resuelta por Daniel Rivera. “Curiosamente en dicha resolución alega como normativa aplicable la Ley de Subvenciones, cuando en virtud de la misma él no sería competente, por razón de su cargo, para su concesión”, indica el auto.
 
El impacto del auto alcanza a equipos de letrados, directivos y sindicalistas. Alaya imputa a los despachos de abogados Garrigues y Villasís por participar en la tramitación de los EREs; así como a dos dirigentes de Comisiones Obreras en el sector del metal, Enrique Jiménez y Juan Antonio Caravaca, además de los responsables de las empresas Calderinox, Acyco, Aglomerados Morell, Surcolor y Río Grande.
 
A pesar de que el Gobierno andaluz no tuvo más remedio que entregar las actas de los Consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 ha solicitado al Ejecutivo socialista “un cuadro resumen” de las ayudas abonadas desde 2001 hasta 2011 por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) mediante transferencias de financiación a las consejerías de Gobernación y Justicia, Presidencia, Innovación, Ciencia y Empresa, Turismo y Deporte, y Medio Ambiente.
 
La juez también pide a la Junta las comunicaciones a la Comisión Europea relativas a las ayudas de Estado concedidas a las empresas por las diferentes consejerías desde el 2001 hasta la actualidad. También solicita al Ministerio de Asuntos Exteriores la relación de ayudas de Estado concedidas a empresas por las consejerías que hayan sido remitidas para su aprobación por la Comisión Europea (CE) durante el mismo periodo.
 
Guerrero, el principal ejecutor de la trama de los EREs falsos, ha sido citado por la magistrada el 23 de febrero a las 10.30 horas para declarar en calidad de imputado, tras testificar el pasado jueves ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil confesando que sus decisiones no eran “unipersonales” sino "compartidas" con los consejeros.
 
La Junta de Andalucía, por su parte, defendió al director general de Trabajo imputado por la juez Alaya. “Se considera poco sostenible y escasamente fundada dicha imputación”, señaló un comunicado de prensa de la Consejería de Presidencia del Gobierno andaluz. “Los hechos investigados tienen su origen mucho antes de su nombramiento.  Es un responsable político que viene dedicando buena parte de sus esfuerzos desde su nombramiento a esclarecer este caso, siempre en defensa del interés público”, añadió.
 
http://www.elconfidencial.com/espana/2012/01/28/la-investigacion-de-los-eres-estrecha-el-cerco-a-la-junta-de-grinan-91655/

[Urederra]

Socios del exclusivo ‘fondo de reptiles’

Andalucía invirtió en una década unos 1.000 millones de euros en ayudas a empresas en crisis

Una cohorte de amigos, familiares y militantes del partido socialista se aprovecharon

El Pedroso, situado en la Sierra Norte, a 68 kilómetros de Sevilla, ha perdido a su primer director general, al vecino que más alto ha volado en esta localidad de casas blancas, cuestas empinadas y 2.200 habitantes dedicados a la agricultura y la ganadería. Francisco Javier Guerrero Benítez, de 55 años, ex director general de Trabajo y Seguridad Social en la Junta de Andalucía, no aparece por su casa desde hace semanas. Su exchófer le acusa de gastar decenas de miles de euros en fiestas, alcohol y cocaína. La juez Mercedes Alaya le ha imputado por conceder ayudas ilegales a decenas de trabajadores e incluirlos en empresas en las que nunca trabajaron, por repartir sin ningún control cientos de millones a compañías en crisis. En la larga cohorte de intrusos, al menos 72, y favorecidos está su suegra, amigos, vecinos, militantes del PSOE y sindicalistas de UGT.

Guerrero, casado en segundas nupcias y padre de tres hijos, no era un tipo discreto, pero ahora se ha recluido en el apartamento de un amigo hasta que pase el temporal. Su última salida fue para declarar ante la Guardia Civil e implicar a los tres consejeros de Empleo con los que trabajó: “Estaban al tanto de las ayudas”. Pero la tormenta, lejos de amainar, se ha transformado en un tornado que amenaza con arrasar al Gobierno andaluz, a pocas semanas de las elecciones autonómicas, para el que este hombre trabajó durante 10 años manejando a su antojo un “fondo de reptiles” —así lo denominó él mismo— de 647 millones de euros para empresas en crisis. Una cifra que se ha disparado hasta los 1.000 millones por los altos intereses que cobraron intermediarios y aseguradoras.

La juez Alaya ha imputado a 48 personas, entre ellas, a los dos sucesores de Guerrero en la Dirección General de Trabajo, e investiga a una “trama organizada” en la que han intervenido intermediarios, empresarios, aseguradoras y responsables de la Junta de Andalucía que beneficiaban con dinero público a personas y empresas “por motivaciones de amistad, de compromiso político… a círculos próximos al PSOE o por razones familiares”. “Enormes sumas de dinero que presuntamente se regalaron arbitrariamente y sin control por la Administración autonómica”, asegura. La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción rastrean supuestas cuentas del ex director general en paraísos fiscales.

El electricista Alejandro Millán Torres, de 53 años, sufrió una cardiopatía isquémica en 2005 y le fue reconocida una minusvalía y una pensión de 545 euros. Vivía en la misma casa que Guerrero en El Pedroso y logró una ayuda de 455.508 euros con la que se ha comprado una preciosa vivienda de 120 metros, dos plantas y patio en el pueblo, además de reformar su piso en Sevilla. ¿Formalizó usted por escrito solicitud de ayuda o prestación económica a la Consejería de Empleo o a algún organismo de la Administración pública que diera como resultado las cantidades recibidas?, le preguntó la juez Mercedes Alaya, que investiga las actividades de Guerrero. “Ninguna”, respondió lacónico el vecino de El Pedroso.

“Vino a interesarse por mi estado. Le pedí ayuda. No teníamos una relación de amistad. Me consiguió una renta, me dio la vida y lo considero más que un amigo. No me planteé que fuera ilegal porque me la estaba ofreciendo un alto cargo de la Junta de Andalucía. Me llamaron de la Consejería de Empleo para firmar la póliza. Mi sorpresa fue cuando vi la cantidad. Pensé que se estaba haciendo justicia”, declaró en el juzgado, donde reconoció su antigua militancia en la agrupación del PSOE en El Pedroso, un pueblo con 279 parados, el 11,16%, lo que supone una tercera parte de la tasa de Andalucía (31,23%).

Millán había trabajado 33 años como oficial de primera y encargado de una empresa de electricidad, “metiendo hilos, cables, subiéndose a postes”, hasta que perdió su empleo tras sufrir el infarto. Después de cobrar la “ayuda” que le ofreció Guerrero, se dio de alta como autónomo, creó una empresa con su cuñado que, según dice, tiene cuatro empleados y factura unos 240.000 euros anuales. “Cobraba 500 euros al mes y pagaba 300 de hipoteca. Tenemos dos hijos. Pensaba que todo era legal”, dice su esposa, con lágrimas en los ojos, en la puerta de su piso en Sevilla, una casa de unos 70 metros cuadrados.

En la misma póliza con la aseguradora Fortia que firmó el electricista estaba Antonio Arquero García, otro vecino de El Pedroso que tuvo el privilegio de recibir las ayudas de su “amigo” Guerrero sin haber tramitado ninguna petición a la Junta de Andalucía. El exminero Arquero pensó que sus 449.981 euros eran “por haber sido afectado por radiaciones por su profesión”, aunque la incapacidad absoluta que le han reconocido es por una enfermedad ajena a su trabajo. Dedicó el dinero a pagar la hipoteca de su casa en Sevilla y arreglar su vivienda en el pueblo.

Guerrero fue alcalde socialista de El Pedroso y cuando accedió a la Dirección General de Trabajo no olvidó a sus vecinos preferidos. Tras maratonianas jornadas de trabajo, viajes por toda Andalucía, negociaciones con empresas, sindicatos y trabajadores, Antonio Trujillo, su fiel chófer, dejaba a su jefe cada noche en la puerta de su casa en El Pedroso. El coche oficial se detenía en el restaurante El Cruce, donde cenaban juntos y tomaban las últimas copas. “Es el mejor cliente que he tenido y una buena persona”, dice su dueño.

Guerrero citaba en su casa de El Pedroso a sus “criaturas necesitadas”, a los amigos, compañeros de partido o vecinos que le abordaban en los bares del pueblo mientras tomaba el último gin-tonic. Les pedía que le llevaran su expediente de vida laboral y pronunciaba la frase mágica: “Tenemos ayudas. Tráeme tus papeles”. Allí firmó su póliza de 113.480 euros Andrés Carrasco Muñoz, de 63 años, churrero del pueblo y amigo de la infancia. “Le pedí trabajo porque me separé de mi mujer y quedé con la custodia de mis tres hijos. Me ofreció acogerme a una ayuda de un fondo de pensiones. Le pregunté si era legal y me dijo que sí, que estuviera tranquilo, que no tuviera miedo de nada”, explicó a la policía. “Mi padre no tiene nada que decir. Ya se defenderá en los tribunales”, responde uno de sus hijos desde el balcón de su casa, un sencillo piso de protección oficial de 70 metros a las afueras del pueblo.

Rafael Rosendo Villavieja, alcalde socialista de El Pedroso durante 17 años y concejal otros 9 más, logró también su póliza de 112.900 euros. Pese a llevar 26 años dedicado a la política municipal, asegura que no se preguntó cómo la Junta de Andalucía le otorgó ese dinero sin tramitar ninguna ayuda y le incluyó en el ERE de Cydeplast, empresa para la que no había trabajado. Su hijo José Enrique, exconcejal socialista, recibió cerca de 12 millones de euros del fondo de reptiles concedidos por Guerrero a su empresa (Matadero de Sierra Morena). Una lluvia de millones sin justificación.

Manuel Meléndez, de 38 años, el alcalde del Partido Andalucista que acabó con 30 años de hegemonía socialista en El Pedroso, asegura que los Rosendo, padre e hijo, fueron los más beneficiados del pueblo “pese a que intentaron derribar a Guerrero de la alcaldía mediante una moción de censura”. “Hoy todo el mundo le ha dado la espalda, pero es amigo mío. Los que ahora le niegan han comido y bebido en su casa. Tenía alrededor un séquito. Todo el mundo le adoraba. Llegaba a un bar y todos estaban a su disposición. Le han sacado la hiel. No me creo que un director general pueda manejar tanto dinero solo”, afirma Meléndez en su despacho de la alcaldía.

Juan Francisco Trujillo, de 43 años, es la persona que más tiempo ha convivido con Guerrero. Nueve años al volante del coche oficial en el que viajaba el director general de Trabajo y Seguridad Social recorriendo decenas de empresas en crisis por casi todos los rincones de Andalucía. Miles de kilómetros y de confidencias. “Lo recogía a las siete de la mañana y la noche anterior podíamos haber terminado a la una de la madrugada”, recuerda ahora recluido en su casa de Andújar (Jaén). Jornadas agotadoras que, según su declaración judicial, ambos compatibilizaban con noches de alcohol y cocaína comprada con los 900.000 euros que otorgó a su conductor en dos subvenciones. “Bebía como un cosaco sin perder la compostura. Hablaba con todo el mundo, se sentía querido y admirado. Sabía tratar a la gente”, recuerda una de las personas que lo trató en Sevilla y que pide el anonimato.

El chófer recibió dos subvenciones de 450.000 euros supuestamente para la creación de una empresa de muebles y un negocio de casas rurales en la sierra de Andújar, pero ninguna de ellas se creó. Con el dinero compró un terreno en el campo y un piso en Sevilla. El resto se lo entregó en mano a su jefe y lo gastó en comprarle un piano, antigüedades y ropa. “La mayor parte del dinero la dediqué a comprar cocaína para los dos, para fiestas y copas”, declaró a los policías de Andújar que le tomaron declaración hace varias semanas. “Entablamos amistad y un día me contó en un bar de copas que, como director general, tenía potestad de conceder subvenciones indiscriminadamente y sin necesidad de justificar nada”, explicó.

María Ángeles Navarro, exesposa de Guerrero, dirige con sus hijos una gestoría en El Pedroso y se sorprende por el retrato que el chófer ha dibujado de su antigua pareja. “Este no es el Javier que yo conozco. Hemos estado 25 años casados y no lo reconozco. Entonces no faltó ni una sola noche en casa, no salía de juerga ni con amigos. Hacía una vida tranquila y familiar. Desde que nos separamos no sé nada, aunque a veces nos encontramos en el pueblo y nos saludamos”.

¿Qué le parecen las ayudas que ha dado? “Solo puedo hablar con respeto de él porque es el padre de mis hijos. Cuando era alcalde, discutíamos porque quería ayudar a todo el mundo, pero con nuestro dinero. Siempre decía: ‘Nosotros ya tenemos para comer’. Es la última persona que pensaría que metería la mano en la caja. Cuando me dijeron que salía en la portada de los periódicos de Sevilla, no lo podía creer”.

Guerrero benefició también a sus familiares y a los de sus amigos más íntimos. Aprovechó el ERE de la empresa SOS-Cuétara para incluir en la lista de los beneficiarios de pólizas a su suegra, Victorina Madrid, la madre de su segunda esposa (“Venía muy estresada del País Vasco por el tema de ETA”, alegó), y a la madre de Trujillo, su chófer, confidente y compañero de juergas. La suegra cobraba de dos pólizas suscritas con la compañía Vitalicio y Personal Life a cargo del fondo de reptiles y que ascienden a 198.876 euros. A la segunda le dio una ayuda de 122.000 euros con cargo a otra empresa. Eran “criaturas necesitadas” a las que había que ayudar, argumenta Guerrero.

¿Cómo pudo un director general manejar un fondo de 647 millones de euros para empresas en crisis a su antojo y sin ningún control? La respuesta está en la firma en 2001 de un convenio de colaboración entre el consejero de Empleo, José Antonio Viera, y Antonio Fernández, presidente del Instituto de Fomento de Andalucía. Una herramienta que daba a Guerrero libertad para manejar el dinero a su antojo. Tanta libertad y tan obvia que la Intervención General de la Junta emitió desde 2005 informes en los que denunció que la Dirección General de Trabajo había “tramitado subvenciones excepcionales prescindiendo de la forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido”. “No conozco esos informes. Llegaban al consejero y no me los trasladaban”, se ha excusado Guerrero en su declaración a la Guardia Civil. ¿Qué control había de las ayudas directas dadas por la Junta a las empresas? “Yo visitaba la mayoría de las empresas. El control de las ayudas a posteriori lo hacíamos por contacto telefónico”, responde el ex director general. La sorpresa es que algunas de esas empresas nunca llegaron a tener actividad porque eran humo, otras echaron a trabajadores para luego contratar más y hasta hubo empresarios beneficiados que cerraron sus compañías. Y algunas invirtieron la ayuda en otros negocios, como Isidoro Ruz, exalcalde de Llanos del Sotillo (Jaén) y socio del chófer de Guerrero, que recibió una subvención de 450.000 euros destinados a una empresa avícola, pero el dinero acabó en negocios hoteleros. Más de 300 compañías recibieron ayudas directas con cargo al oscuro fondo de reptiles. Entre ellas, empresas del sector del corcho vinculadas a un hermano del expresidente del Ejecutivo andaluz José Rodríguez de la Borbolla. Les tocaron 7,8 millones. “Ese convenio buscaba cumplir uno de los ejes de la política del Gobierno andaluz, el mantenimiento de la paz social y la ayuda a territorios deteriorados”, asegura ahora Guerrero.

De los 647 millones de euros consignados en el fondo de reptiles, Guerrero destinó 65 millones a 121 expedientes de subvenciones directas, de un total de 584 (entre ERE y ayudas directas), según datos de la agencia IDEA, la que pagaba las ayudas La lluvia de millones repartidos sin control llegó también a Ayuntamientos, la mayoría de Sevilla. “Cada uno de los consejeros y directores generales beneficiaba a sus empresarios más cercanos. Cuando estaba José Antonio Viera, las ayudas iban a Sevilla y Jaén; con Antonio Fernández, a Cádiz; con Juan Márquez, a Huelva”, acusa Luis García Navarro, el abogado que presentó la querella del PP andaluz.

Un auto de la juez Alaya no puede ser más taxativo: “Se ha estado prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo adecuado, que no es otro que el de la subvención excepcional, otorgándose además por una persona, el director general de Trabajo, que carece de competencia para ello”.

Cuando una empresa tenía problemas en Andalucía, la nariz de Juan Lanzas, de 42 años, exsecretario de organización de UGT en esa comunidad, asomaba por las mesas de negociación. Este jiennense jugaba en todas las mesas con cartas marcadas, asesoraba a los sindicatos, a las empresas, y trabajaba como comercial de las aseguradoras, las grandes beneficiadas de los ERE. Cobraba sus servicios a unos y otros y recibió dinero de tres pólizas diferentes sin haber trabajado en ninguna empresa. Cuando le interrogó la policía, alegó que ese era el sistema de pago de Vitalia Vida y Fortia, bróker y aseguradora para las que trabajó. La primera colocó a la mayoría de los intrusos.

La actividad de Lanzas levantó ampollas. “Conocíamos su habilidad para la negociación, pero desde que se dedicó a la actividad privada tuvimos problemas con él y con la Junta porque le admitían ese papel”, asegura Manuel Pastrana, actual secretario general del sindicato. Lanzas extendió el negocio y la trampa a su familia. Colocó de intrusas en Hitemasa a su mujer y a su cuñada. La empresa de su cuñado Ismael Sierra, Maginae Solutions, elaboró falsos informes fantasma para empresas. “Este vivo cobra de todos lados. Se está haciendo de oro”, comentaban en privado algunos de sus compañeros en el sindicato. Pero ninguno le denunció. “No sabíamos lo que había detrás. Es inadmisible. Hemos expulsado a los militantes que se han beneficiado y queremos que se llegue hasta el final”, dice Pastrana. El sindicato ha expulsado a los militantes implicados y a una trabajadora que también apareció como intrusa.

“Lo que pensáis, lo vemos, contestáis como queráis. ¿Ciento cincuenta mil en seis meses?”. El escándalo de los ERE lo destapó la grabación que dos empresarios hosteleros hicieron a Fernando Mellet, de 47 años, exdirector de la empresa pública Mercasevilla, cuando este les pedía supuestamente comisiones. Unas palabras que luego la policía descartó por la escasa calidad de la cinta, pero que sirvieron para abrir una investigación en esta empresa y descubrir la presencia de los primeros intrusos prejubilados, como Antonio García Santoyo, exdirigente del PSOE en Jaén.

Mar Moreno, consejera de Presidencia de la Junta, asegura que desde que estalló el escándalo del ERE en Mercasevilla y se descubrió la existencia de intrusos, el Gobierno de José Antonio Griñán se personó como acusación y ha puesto a investigar a “funcionarios de carrera” todas las ayudas. A los receptores de las ayudas irregulares se les ha exigido su devolución. “Queremos que se llegue hasta el final. Caiga quien caiga. Que salga la verdad, lo que sea”, afirma. ¿Y el convenio que facilitó esa falta de control? “Nació para dar respuesta a empresas en crisis que generaron mucha conflictividad. Exigían una respuesta inmediata y ágil”, dice. Hoy, más de 6.000 trabajadores reciben en Andalucía ayudas para su prejubilación.

“Gracias por la ayuda que te ofreces a dar a mi padre. Aún no sé en qué consistirá, pero tanto él como yo te lo agradecemos de corazón, salga o no. Eres una bellísima persona, lo supe desde que te conocí”, escribió Cristina Ruiz, candidata del PP cordobés y gerente de la empresa de muebles Promi, uno de los ERE con intrusos, a su amigo el director general de Trabajo. Y Guerrero no falló. Rafael Ruiz recibió 91.196 euros

http://politica.elpais.com/politica/2012/02/04/actualidad/1328378494_486237.html

[Urederra]

Las cifras del escándalo

48 imputados. Entre ellos, intrusos, empresarios, abogados, directivos de aseguradoras, sindicalistas y el actual director general de Trabajo, Daniel Rivera, y su antecesor, Juan Márquez.

72 intrusos. Hasta ahora se han detectado, al menos, 72 casos de intrusos en los ERE analizados. Personas que cobraron sin haber trabajado en las empresas subvencionadas.

300 empresas. Recibieron ayudas para financiar ERE o reestructurarse. Algunas no existían, otras volvieron a contratar o no estaban en pérdidas.

647 millones. 647 millones en ayudas, que ascendieron a 1.000 por los intereses y comisiones que cobraron intermediarios y aseguradoras.

121 expedientes. 121 expedientes de ayudas directas analizados por funcionarios de la Junta para descubrir irregularidades y aportar datos al juzgado

http://politica.elpais.com/politica/2012/02/04/actualidad/1328378494_486237.html

[Urederra]

El negocio más redondo

Entre 150 y 200 millones pagó el Gobierno andaluz de los fondos públicos en comisiones como costes extraordinarios, según cálculos del PP

Los protagonistas del caso de los ERE tienen un elemento común: la codicia. Las cifras dan vértigo al observar los beneficios ilícitos que lograron las consultoras a través de comisiones de hasta el 25% en expedientes millonarios. La intermediación fue el gran negocio gracias a la generosidad de la Junta de Andalucía, que permitió un nulo control sobre los desorbitados márgenes que aplicaban las consultoras a los ERE en “gastos externos”, un dinero repartido entre intermediarios, sindicalistas y abogados. Entre 150 y 200 millones pagó el Gobierno andaluz de los fondos públicos en comisiones como costes extraordinarios, según cálculos del PP, que eleva el porcentaje hasta el 29%. Las centrales sindicales no se han quedado atrás en el reparto del pastel. Un ejemplo: el expediente de Delphi, subvencionado con 150 millones para unos 900 trabajadores, fijaba para

CC OO y UGT una comisión de un millón para cada uno. Al margen del circuito oficial y sin desglose entre las aseguradoras y la Dirección General de Trabajo, existía otro circuito real donde las consultoras detallaban su minuta y la de sus intermediarios. Y la mordida era espectacular. Los documentos intervenidos por los investigadores en la sede de la consultora Vitalia revelan tajadas abusivas de hasta un 25%, cuando la media del sector se sitúa entre el 1% y el 3%. Además, la juez Mercedes Alaya destaca cómo Vitalia no estaba autorizada para actuar como correduría de seguros ni para cobrar esos “sobrecostes”. La Junta pagó 1,7 millones en comisiones para el ERE de la empresa pública Egmasa. La Consejería de Empleo pactó con Vitalia un 11% de gastos externos, a pesar de que la empresa afectada pertenece a la propia Administración. ¿Necesitaba la Junta contratar a un intermediario para encontrar a la mejor aseguradora del mercado y así gestionar a buen precio un ERE? La respuesta es no. Casi todos los expedientes presentados a la Junta durante la época de vacas gordas contaron con financiación pública. “Las empresas se captaban a través de la información que facilitaban los sindicatos. No había criterio para ser financiado, sino captación de empresas objetivo”, aseguran fuentes del caso. Al margen de encontrar una aseguradora, la función de las consultoras era garantizar una renta durante los años que le restan al prejubilado hasta su jubilación.

En el centro de estos abusos está Vitalia, del grupo Eurobank, y cuyo exdirector Antonio Albarracín y el delegado en Andalucía Jesús Bordallo están imputados. Ahora la Junta pretende que estas enormes comisiones sean devueltas y ha preguntado a las aseguradoras los porcentajes que en su día abonaron a las consultoras. Eurobank apostó los fondos andaluces en bonos basura. Parte del dinero público previsto para prejubilados de empresas en crisis acabó invertido en el ladrillo en Rumanía, Brasil y la República Dominicana. La crisis hizo despertar a los ilusos y destapó una trama urdida desde Eurobank, que atañe a empresarios imputados en otras causas como Eduardo Pascual y María Vaqué. También está imputado José González Mata, responsable de la consultora Uniter, mediadora en los ERE de reconversiones industriales andaluzas.

http://politica.elpais.com/politica/2012/02/04/actualidad/1328384314_242673.html

[Urederra]

Incumplimiento “flagrante” de la ley

Las ayudas se daban a empresas en crisis, más de 300, cuyos ERE financiaba la Junta, o directamente a Ayuntamientos para diversas actividades y proyectos

El sistema empleado por la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía para las ayudas a empresas en crisis propició el fraude y la falta de control. El dinero procedía del denominado programa 31L de los Presupuestos de la comunidad autónoma y se otorgaba como subvenciones excepcionales a las compañías en apuros o en proceso de reestructuración.

Ninguna de las ayudas se publicaron en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, lo que, según un informe policial remitido a la juez Mercedes Ayala, significa un “incumplimiento flagrante” de lo establecido en el artículo 106 de la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía. No consta en los expedientes analizados ninguna solicitud de ayuda de empresas, trabajadores o Ayuntamientos beneficiados.

El nuevo método tiene su base en la firma de un convenio o protocolo suscrito el 17 de julio de 2001 por el entonces consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, y el presidente del entonces Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). Con la firma de este convenio se consiguió que la entidad pagadora fuera esta última, es decir, el IFA, y no la Consejería, evitando de esta forma los controles y la fiscalización a la que obligan los actos administrativos.

Para financiar el sistema, la Consejería de Empleo incluyó en sus presupuestos entre 2001 y 2009 partidas presupuestarias denominadas “transferencias de financiación de explotación al IFA-IDEA” por un monto de 647.869 millones de euros. La materialización de las ayudas obligaba a la celebración de convenios particulares entre el IFA y el director general de Trabajo y Seguridad Social.

Las ayudas se daban a empresas en crisis, más de 300, cuyos ERE financiaba la Junta, o directamente a Ayuntamientos para diversas actividades y proyectos. La mayoría de las ayudas quedaban por debajo de 450.000 euros para evitar pasar el control del Consejo Rector del IDEA, sustituto del IFA, o al borde de 1.200.000 euros, límite para que las apruebe el Consejo de Gobierno de la Junta. En ocasiones se quedaban a decimales para sortear estos controles.

Según la investigación judicial, en el caso de los ERE el proceso seguía los siguientes pasos. Cuando surgía un conflicto el comité de empresa llegaba a un acuerdo con la compañia, de inmediato aparecía la figura del mediador entre comité y empresario por un lado y la Junta de Andalucía por otro (Maginae Solutions, Hermes Consulting, Juan Lanzas...), brókeres y aseguradoras (Uniter SL, Vitalia Vida) encargadas de gestionar las pólizas, Una vez aprobado el ERE por la autoridad laboral, alguno de los intermediarios o responsables de la Consejería de Empleo ofrecía a la empresa la posibilidad de que fuera la Junta de Andalucía la que sufragara los gastos que conllevan las prejubilaciones mediante el pago de primas de las pólizas de seguros de rentas que se suscribían.

Gracias a los intermediarios, las compañías mediadoras (Vitalia Vida, Uniter...) recibían la relación de trabajadores e incluían a los intrusos, personas que nunca habían trabajado allí. En ocasiones a solicitud del propio Francisco Javier Guerrero.

http://politica.elpais.com/politica/2012/02/04/actualidad/1328383473_724959.html

[Urederra]

El Gobierno de Griñán pago comisiones directas a mediadores del ERE.

El actual director de Trabajo ordenó abonar 833.773 euros a una consultora por gestionar prejubilaciones

Día 07/02/2012El caso de los ERE fraudulentos subvencionados por la Junta de Andalucía tuvo numerosos beneficiados entre los perceptores ilegítimos de pólizas de prejubilación, pero, sin duda, el negocio más lucrativo correspondió a las consultoras. La Consejería de Empleo abonó a empresas intermediarias un porcentaje que en algunos casos se elevó al 30 por ciento del coste total de los expedientes de regulación de empleo, cuando en el mercado los márgenes de ganancia del sector oscilan entre el 1 y el 3 por ciento.

Documentos intervenidos por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y hechos públicos ayer por el PP andaluz ofrecen datos hasta ahora desconocidos que multiplican el costoso tinglado montado en torno a la gestión de las pólizas de prejubilación y que comprometen seriamente al actual Gobierno de José Antonio Griñán.

Aparte de los abusivos porcentajes de los «gastos externos» que incrementan de forma desorbitada el coste de los ERE —hasta 200 millones de euros, según el PP—, el director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, ordenó en julio y diciembre de 2010 a IDEA dos «pagos directos» a una consultora, Uniter, en concepto de «comisiones presuntamente ilegales», según denunció el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz.

El Ejecutivo negó la responsabilidad de este alto cargo al punto de afianzarlo en su puesto después de ser imputado por la juez que investiga las falsas prejubilaciones.

Según los informes firmados por Rivera (reproducidos por ABC), este alto cargo de la Consejería de Empleo autorizó una transferencia directa de 452.468 euros a una cuenta corriente de Uniter el 28 de julio de 2010 que el desplegable con la relación de subvenciones que entregó Empleo a la magistrada vincula a un ERE de la Asociación de Promoción Social 28 de Febrero. La ayuda sociolaboral que percibió este colectivo de extrabajadores de la empresa Santana superaba los 603.000 euros.

Meses después, el 20 de diciembre, justo cuando salieron a flote las primeras irregularidades en un ERE de la empresa Mercasevilla (del Ayuntamiento hispalense), el director de Trabajo ordena otro pago de 408.304,89 euros a la consultora «como pago por adelantado del 75 por ciento» en un ERE de la Faja Pirítica de Huelva por importe de 544.406 euros.

Escrito a la juez
El PP-A ha remitido los citados informes de la Guardia Civil al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla para que indague en estas comisiones a las consultoras, al entender que «el importe de éstas excedían en mucho de la media del mercado». También pidió a la magistrada Mercedes Alaya que requiera a la Junta de Andalucía los documentos sobre los pagos a intermediarias, Uniter SL y Vitalia, para «esclarecer los hechos».

El Gobierno andaluz negó en un principio el pago de comisiones a intermediarias de ERE a preguntas del PP en el Parlamento andaluz. Cuando salieron a la luz documentos que contradecían su versión acabó admitiendo su existencia y anunciando que iniciaría de inmediato los trámites para pedir su devolución. Sanz le acusó de «ocultar» las comisiones y se preguntó «quiénes eran los beneficiarios finales de esos pagos».

El dinero salía de una partida creada en 2001 para garantizar una pensión a trabajadores que se quedaban en el paro. Para eludir el control y la fiscalización pública, Empleo utilizó a una agencia pública que abonaba las ayudas. El papel de los mediadores o «brokers» —que la Dirección de Trabajo de la Consejería de Empleo escogía «a dedo» (sin convocar concurso público)— era el de poner a los trabajadores en contacto con aseguradoras para contratar una renta mensual hasta la edad de jubilación.

La Junta de Andalucía remitió ayer un comunicado en el que puntualizó que no tiene constancia del atestado de la Guardia Civil revelado ayer por Sanz. Explicó que las ayudas a las que hizo referencia el dirigente popular corresponden a «dos resoluciones acordadas en diciembre de 2009 y, por tanto, anteriores al nombramiento de Rivera», quien se limitó a ordenar pagos pactados antes, expuso.

http://www.abc.es/20120207/espana/abcp-gobierno-grinan-tambien-pago-20120207.html