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La España podrida ciudadanos-de-espartinas | 10, ene El narco-fallero, el hostelero, el hijo del magistrado, los 3 guardias civiles, el especialista en sociedades urgentes, el ex-diputado cántabro por Alianza Popular y el presidente de Caja Mediterráneo.Puerto de Marín, Julio de 2009: "Operación Canal"El Grupo de Respuesta Especial al Crimen Organizado (GRECO) se incautaba de 815 kilos de cocaína ocultos en cajas de gambas congeladas y detenía a 8 personas. El hijo del juez a prisión.La red, supuestamente liderada por el abogado vigués César Pérez Martínez, garantizaba a los narcos colombianos la entrada de la droga en España a través del puerto marinense.El País revelaba que César Pérez Martínez tenía los contactos con los cárteles colombianos y era el encargado de sobornar a algunos guardias civiles responsables de la vigilancia aduanera de Marín y al empresario que importó la carga legal en la que iba camuflada la droga. A cambio, percibiría el 20% del valor del cargamento, unos 5,7 millones de euros una vez que la cocaína llegase a su destino.Lo significativo del caso es que, según informaba La Voz de Galicia, el letrado procede de una saga de juristas: su padre es un magistrado retirado, que ejerció en Redondela y en Pontevedra, y su hermana es procuradora.Los 3 guardias civiles detenidosJunto a César Pérez Martínez, fueron detenidos José Antonio Rodríguez Conde, sargento jefe del destacamento fiscal de la Guardia Civil en el en el puerto pontevedrés de Marín, un agente del mismo destacamento y Francisco Estévez, subteniente del Instituto Armado, ex jefe de puesto en A Guarda y en la reserva activa, conocido como el "Subteniente Paco".José Antonio Rodríguez Conde lleva más de una década al frente del destacamento fiscal de la Guardia Civil. Según La Voz de Galicia, ya había sido objeto de investigaciones internas del propio cuerpo y era la llave para entrar en el puerto marinense. Todo pasaba por sus manos, incluso las entregas controladas. Se sospecha que en el año 2002 se las arregló para hacer salir de las instalaciones un contenedor procedente de Brasil con un cargamento legal de secadoras de ropa que servían de cobertura para un importante alijo de cocaína. El contenedor fue sometido a vigilancia, pero alguien recuperó la mercancía y cambió los precintos. Sólo se pudo encontrar un kilo que había quedado despistado.Según fuentes de la investigación, el subteniente Estévez, ya había sido investigado hace años por Aduanas por su supuesta relación con los Charlines. Puerto de Bilbao, 1999: 1000 kilos de cocaína. La saga de narcos continúa.Efectivos de la Guardia Civil se incautaban de un alijo de 1.000 kilos de cocaína en un barco en el puerto de Bilbao. La droga estaba oculta en contenedores de café. En aquella operación resultó detenido el empresario vigués Santiago D.F., quien todavía permanece en prisión.Diez años más tarde, en Septiembre de 2009, El Faro informaba de que el abogado vigués Santiago D.G. era detenido en el marco de la "Operación Canal".Curiosamente, Santiago D.G. es hijo de Santiago D.F. Puerto de Valencia, Septiembre de 2009Un segundo cargamento de droga, esta vez oculto en una expedición de diez contenedores que contenían PVC, fue interceptado en el Puerto de Valencia. Entre la carga, los agentes localizaron 586 kilogramos de cocaína. Arousa, Septiembre de 2009El narco-fallero y el lugarteniente hostelero.Como broche a la mayor operación antidroga desarrollada en 2009 en España, la policía detenía al empresario saguntino Rafael Rubén Núñez Cencerrado y al hostelero arousano Miguel Ángel Novás Gómez.La Unidad Contra la Droga y el Crimen Organizado, bajo la dirección de la Audiencia Nacional, desarticulaba una de las organizaciones internacionales más activas del tráfico de cocaína a gran escala en contenedores.La organización desmantelada trabajaba directamente con los capos colombianos de los principales carteles y operaban por los principales puertos españoles: Valencia, Algeciras, Marín y Bilbao.Según El Faro de Vigo, Rafael Rubén Núñez Cencerrado está considerado por las fuerzas de seguridad como uno de los grandes capos de la droga en España, y está especializado en la introducción de grandes alijos de cocaína en contenedores por los puertos de Marín, Valencia y Barcelona. Expertos en la lucha contra la droga afirman que el valenciano "mandaba en los colombianos y abastecía a los narcos gallegos que ahora tienen dificultad para distribuir cocaína en Galicia por la presión policial".Fallero desde su infancia en Puerto de Sagunto, deportista de élite y amante de las motos acuáticas, Rafael Rubén Núñez era uno de los empresarios más boyantes de la Comunidad Valenciana. Aparece vinculado a una docena de empresas relacionadas con los sectores del transporte, la hostelería, los salones de belleza y el comercio de pieles.Su lugarteniente en Galicia parece ser el empresario arousano Miguel Ángel Novás Gómez. Ramón Cerdá Sanjuan, especialista en sociedades urgentes.Astapa, Gürtel y Fórum FilatélicoAlgunas de las sociedades controladas por Rafael Rubén Núñez Cencerrado fueron constituidas por Ramón Cerdá Sanjuan, un "empresario" especializado en la Venta de Sociedades Limitadas y Anonimas en 24 horas. Así, Cerdá Sanjuan figura como ex-administrador de Transports J Domenech Royo SL., o Lorestan Asociados 21 S.L.No es la primera vez que Ramón Cerdá Sanjuan aparece vinculado a sociedades utilizadas por algunos implicados en las más sonadas tramas de corrupción nacional.En el caso Gürtel, la trama liderada por Francisco Correa recurrió en enero de 2005 al empresario de Ontinyent para adquirir la sociedad Good and Better y facturar contratos menores a la Comunidad de Madrid.Ramón Cerdá Sanjuan también figura en Objetivo Globalizar SL, una sociedad de la que es administrador mancomunado Manuel de la Cruz Higuera, empresario detenido en la operación Astapa, socio de un club de alterne en Estepona y presunto jefe en España de una banda internacional de blanqueo y tráfico de drogas.Spring Este SL, otra sociedad creada por Cerdá Sanjuan aparece relacionada con el caso Fórum Filátelico. Spring Este es propiedad de Pedro Ramón Sánchez, cuñado del presidente de Fórum, Francisco Briones. Madrid, Septiembre de 2009El ex-diputado cántabro por Alianza Popular y el presidente de Caja Mediterráneo.Según El Diario Montañés, el que fuera diputado nacional por Cantabria en la legislatura 1982-1986 por Alianza Popular, Félix de la Fuente Boada, fue detenido el pasado 23 de septiembre en su domicilio de Madrid por su presunta vinculación con una red de narcotráfico desarticulada en Valencia, cuyo presunto cabecilla era el conocido empresario de Sagunto, Rafael Rubén Núñez Cencerrado.En la operación también fue arrestado el hijo del ex parlamentario. Desde entonces, ambos se encuentran en prisión en la cárcel valenciana de Picassent.Félix de la Fuente Boada preside dos empresas, Plaka SA, constituida en 1966, e Inter Recsa International Recycling SA, constituida en 1992.Entre los consejeros de International Recycling SA, encontramos a Vicente Sala Bello, ex-presidente de Caja Mediterráneo, miembro del consejo de administración de la Confederación de Cajas de Ahorro Españolas (CECA), presidente del EBN (Banco de Negocios) y del consejo de la Federación Valenciana de Cajas de Ahorro.Recientemente, Vicente Sala ha sido distinguido con la Medalla de Oro y Brillantes de la la Cámara de Comercio de Alicante y con la Gran Cruz de la Orden Jaume I el Conqueridor. En ambos casos, el encargado de entregar las condecoraciones fue el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
DELINCUENCIA | Información de MARCA Un 'narco' en moto acuática Rafael Cencerrado, durante el Mundial de Jet Raid celebrado en Perú en 2008. Valencia Actualizado domingo 27/09/2009 11:06 horas El empresario valenciano que dirigía la red de narcotraficantes responsable de introducir en España 1.500 kilos de cocaína desmantelada por la Policía Nacional la semana pasada era un habitual del circuito español de motos de agua.Se llama Rafael Rubén Núñez Cencerrado y, según desvela este domingo MARCA, se había convertido en los últimos años en un referente de la competición, no siempre por sus buenos resultados.
Interesante refrescar la memoria y ver como Posibilitum Business, vía Ramón Cerdá-Luis Fernando Linares va entrelanzado un puñado de tramas.
Entiendo que Ángel de Cabo en esta ocasión ha comprado Nueva Rumasa a través de la empresa BACK IN BUSINESS 2011, S.L.Edito y amplio¿Quién es Back in Business?El equipo que ahora toma el control de Nueva Rumasa es el mismo que lideró la liquidación de Viajes Marsans.CincoDías.com - Madrid - 09/09/2011 - 15:08Ángel de Cabo Sanz e Iván Losada son las personas reconocidas del equipo de especialistas en reestructuraciones y liquidaciones que se ha hecho cargo de Nueva Rumasa. Ambos lideraron el pasado año la adquisición de Marsans a sus anteriores propietarios, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, a través de la sociedad Posibilitum. La operación, que se comunicó como una venta, se produjo al mismo tiempo que el grupo turístico anunciaba su entrada en concurso de acreedores. Recientemente el juez ha aprobado el plan de liquidación de la compañía, con un siglo de historia.Si entonces tomaron como vehículo para la adquisición de Marsans una sociedad que tenía como objeto social el comercio de animales domésticos y exóticos, para la toma de Nueva Rumasa han empleado Back in Business.En realidad Posibilitumm Business, que se hizo cargo de Marsans, surgió de una gestoría de Ontinyent (Valencia), cuyo responsable, Ramón Cerdá, se dedica a crear empresas para venderlas posteriormente a personas que no quieren hacer el papeleo que supone. En principio el equipo de Posibilitum se presenta como reestructurador de compañías en problemas, pero en numerosas ocasiones su gestión ha ido encaminada a la liquidación de la compañía en cuestión.En ese proceso de liquidación acabó el traspaso del grupo Marsans, y anteriormente el de empresas como Omega Urbacivil, de Alicante y Vías, Canales y Puertos, de Jerez, compañías que también gestionaron los profesionales encabezados por Ángel de Cabo Sanz. A través de la sociedad Nuevas Formas y Diseños el mismo equipo gestiona en la actualidad Teconsa, el grupo de Martínez Núñez que entró en concurso en 2009.¿Quién es Back in Business? - CincoDías.com
El verdadero problema de España: la corrupciónTres semanas después de que el Partido Popular tomara las riendas de España, el país sigue estando en una situación crítica, aunque ya parece que no terminal. No obstante, a pesar de las medidas inmediatas tomadas por el gobierno de Mariano Rajoy en España sigue habiendo factores que apuntan a que 2012 va a ser un año cuanto menos muy difícil: más de cinco millones de parados, un sector bancario con millones de crédito promotor comprometidos, una prima de riesgo por encima de los 300 puntos básicos, un mercado laboral arcaico, una administración pública endeudada hasta el tuétano…Estos factores no ayudan precisamente a confiar en que España levantará el vuelo a corto plazo. Y sin embargo, de puertas hacia dentro tenemos un problema mucho más grave que apenas llega a las portadas de la prensa extranjera: los innumerables de casos de corrupción que riegan la casta política española de costa a costa, de derecha a izquierda. Así sin tener que recurrir a la hemeroteca, me vienen a la cabeza: El caso Urdangarín, que viene copando las portadas de todos los periódicos. Si toda la casta política está sacando tajada, ¿por qué todo un yerno del rey de España iba a ser menos? El campeón Pepiño Blanco, todo un ministro de fomento reuniéndose en inhóspitas gasolineras para ayudar a empresarios en apuros a cambio de dinero contante y sonante. Luego sorprende que con su sueldo de ministro haya podido permitirse un casoplón en Villa PSOE. El caso Palma Arena, con Jaume Matas demostrando que en época de vacas flacas es posible predicar austeridad y al mismo tiempo ponerse escobillas de 300 euros en el inodoro a costa del contribuyente. Francisco Camps y sus trajes, si bien el posible cohecho impropio por 3.000 eurillos de ná palidece al lado del desastre que son las cuentas de la comunidad autónoma que ha presidido. Su sucesor, conocido por construir el súper rentable aeropuerto de Castellón, ya ha tenido que meter la tijera a fondo para intentar evitar la quiebra. El triunvirato Barreda – Moltó – constructores varios, que desembocó en la caja de Castilla – La Mancha quebrada con un agujerito de 7.000 millones de euros, una comunidad autónoma en la ruina absoluta y unos constructores que se estuvieron enriqueciendo a manos llenas a costa de la administración mientras duró la burbuja con pelotazos como el Aeropuerto de Ciudad Real. Mercasevilla y el escándalo de los EREs en Andalucía, con un fondo de reptiles de 700 millones de euros que servía para jubilar a familiares y amigos del entorno del PSOE sin que hubieran dado un palo al agua. Y cuando no se gastaba el dinero en eso, se gastaba en fiestas y cocaína. Toda la administración de Chaves pringada, una de las demostraciones más evidentes de lo generalizada que está la corrupciónComo dijo aquél, en España no hay pan para tanto chorizo. Lo que más sorprende es que la corrupción es un cáncer que invade la casta política española sin hacer distinciones entre regiones o partidos políticos. ¿Cómo es esto posible? La respuesta es tan sencilla como obvia: nadie ha querido coger el toro por los cuernos, ninguno de los dos partidos mayoritarios han querido enfrentarse al problema de cara al ser conscientes de que en sus filas hay más de uno al que se le debería caer la cara de vergüenza. Debido a esta falta de decisión no han salido en España leyes que castiguen con severidad y celeridad los casos de corrupción, tráfico de influencias o apropiación indebida.Aún estamos a tiempo de atajar el problema, aunque para ello es preciso valentía y decisión, es perentorio legislar y crear mecanismos específicos contra esta lacra, mecanismos como: Una unidad especial de inspectores fiscales dedicados exclusivamente a analizar el patrimonio de los políticos que pueden detectar irregularidades o incongruencias rápidamente Una revisión del código penal donde ostentar un cargo público se considere agravante en los delitos anteriormente mencionados, y donde las primeras medidas cautelares consistan en una fianza del 50% del valor de lo robado, inhabilitación inmediata y/o prisión sin fianza. La inclusión en el código penal de un sistema para ofrecer rebajas penales a estos delincuentes a cambio de información y protección, para que puedan tirar de la mantaUna gran mayoría de los españoles han perdido la fe en la clase política, en su honestidad. Aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo, pero para ello son necesarias medidas valientes y drásticas, que transmitan con claridad el mensaje de que quien la hace, la paga.
¿Nos gobiernan enfermos mentales? El político y psiquiatra David Owen, que fue ministro de Sanidad y de Exteriores británico, afirma que sí, que muchos de los que hoy nos gobiernan son peligrosos enfermos mentales. La enfermedad explicaría muchos de lo que al pueblo le resulta inexplicable, incluyendo las mentiras, los fracasos y las medidas contra el ciudadano, la Justicia y la razón que se están adoptando frente a la crisis. El director general de Trabajo de la Junta de Andalucia se gastaba 900.000 euros, provenientes del dinero para luchar contra el desempleo en cocaina y en copas. La saqueada CCM concedió un crédito de 50 millones a un narcotraficante para que sus envios recalaran en el aeropuerto de Ciudad Real. El hijo del Presidente de la Junta de Andalucia, acusado por la Policia de formar parte de una red de blanqueo de dinero y cohecho a cambio de contratos en la Junta de Papá. La familia Botín ocultaba en Suiza unos 2.000 millones de euros evadidos al fisco español. El ex-ministro Pepiño recibió en mano cerca de 3 millones de euros en un maletin de la trama de su primo a cambio de contratos.Abrimos un periódico y no tenemos más remedio que admitir que estamos siendo gobernados por delincuentes o por locos.Cuando Zapatero se hundía sin remedio en las encuestas, rechazado visceralmente por los españoles, le preguntaron, en una entrevista, si se sentía mal ejerciendo el poder y con millones de ciudadanos rechazándole, pero, ante la sorpresa del entrevistador, afirmó que se sentía perfectamente y que dormía a pierna suelta. Lo mismo responderían hoy Rajoy, Montoro, Luis de Guindos, Artur Mas, Dolores de Cospedal, Griñán y muchos otros políticos españoles, a pesar de que deberían sentirse muy mal ante los estragos de la crisis, los millones de desempleados y pobres que llenan las calles de España y el inmenso sufrimiento que las medidas que ellos adoptan causan a millones de españoles.Algunos idiotas creen que ser un buen político significa poder adoptar medidas dolorosas sin que les tiemble el pulso, sin que esas decisiones les afecten, por muy duras que sean. En realidad debería ocurrir lo contrario: el mejor político es el que siente dolor con sus administrados y el que duda, medita y sufre antes de adoptar decisiones graves que conllevan sufrimiento humano. Los insensibles son enfermos o canallas que han llegado al poder, mientras que los que sufren son seres humanos decentes que merecen la confianza de sus administrados.¿Por qué ese comportamiento extraño e insensible de los políticos ante el sufrimiento que ellos mismos provocan o que no saben mitigar? La respuesta es que muchos de los políticos que hoy gobiernan son auténticos enfermos mentales, necesitados urgentemente de tratamiento psiquiátrico intenso. Lo que Zapatero definía en su entrevista como signos de salud, son, precisamente, los síntomas más claros del "Síndrome de la Arrogancia", la enfermedad mental que David Owen define y que reclama sea incluida, con un número propio, en el Código Internacional de Enfermedades (CIE).Tras desempeñar cargos como el de ministro de Sanidad (1974-1976) y el de Asuntos Exteriores (1977-1979) en el Reino Unido, Owen, médico de profesión, se ha concentrado en los últimos siete años en la medicina y en la investigación del cerebro humano. Durante este tiempo, el inglés ha desarrollado una tesis sobre este "síndrome de 'hybris'", para él un desorden de personalidad cuyos síntomas serían el aislamiento, el déficit de atención y la incapacidad para escuchar a cercanos o a expertos. David Owen (In Sickmess and in Power, 2008) explica que el dominio del poder ocasiona cambios en el estado mental y conduce a una conducta arrogante, por lo que las enfermedades mentales necesitan una redefinición que incluya el Síndrome de la Arrogancia en el elenco mundial de enfermedades mentales.A algunos políticos, el poder les hace perder la cabeza, los convierte en arrogantes y soberbios y les aleja de la realidad, situándolos en una peligrosa alienación que les hace perder la noción de la realidad. Pero a otros los convierte en verdaderos y peligrosos enfermos mentales, incapacitados, según Owen, para tomar decisiones y gobernar. Cuando acceden al poder se creen dioses o sus enviados en la Tierra, propician el culto a la personalidad y muchas veces se tornan crueles. Algunos creen que esa enfermedad se da únicamente en las tiranías, pero lo cierto es que también se desarrolla en las democracias, afectando a personas que han sido elegidas en las urnas. El síndrome, en los dirigentes que gobiernan las democracias, al no poder comportarse como dictadores crueles, tiene otros rasgos y manifestaciones: se sienten eufóricos, no tienen escrúpulos, no son conscientes de sus errores y fracasos y son capaces de dormir a pierna suelta (como Zapatero) sin que ni siquiera les afecte el rechazo masivo de los ciudadanos o su inmensa y aterradora cosecha de fracasos, dramas y carencias que, para cualquier persona con salud mental, resultarían insoportables. Su alienación es de tal envergadura que cometen un error tras otro, porque la capacidad de análisis no les funciona y sus decisiones y medidas son producto del desequilibrio, la soberbia y la confusión extrema.Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y Zapatero han sido víctimas de lo que en España llamamos el "Síndrome de la Moncloa", un mal que aliena, atonta y aleja de la realidad a los mandatarios. Es probable que ese síndrome sea el mismo "Síndrome de la Arrogancia", descrito por Owen.Es evidente que un tipo que duerme a pierna suelta, a pesar del sufrimiento y del rechazo masivo de sus conciudadanos, sin que su conciencia se conmueva ante los millones de desempleados, pobres y gente infeliz que ha generado su gobierno, ha debido perder la razón y estar gravemente enfermo.Owen dice que los enfermos que padecen el "Síndrome de la Arrogancia" no están capacitados para gobernar y ponen en grave riesgo a los países que controlan.¿Lo padece también Rajoy? ¿Hay alguna otra forma de explicar que un político prefiera subir los impuestos hasta asfixiar a sus ciudadanos, antes que suprimir lacras injustas y contrarias a la democracia como la subvención pública a los sindicatos y partidos políticos? ¿Por que Rajoyse esconde y no da la cara ante los españoles, a los que ha vaciado la cartera? Es probable que sólo un enfermo grave sea capaz de negarse a recortar gastos gubernamentales y prefiera meterles la mano en el bolsillo a los ya esquilmados ciudadanos. Es probable que sólo un enfermo sea capaz de adoptar esas decisiones, claramente contrarias al bien común, sin sentir dolor y angustia como ser humano.Zapatero ya está en la tumba política, curándose, tal vez, de su enfermedad, retirado de la primera línea política, pero hay otros muchos políticos españoles en activo a los que se les ve la enfermedad nada más mirarles a los ojos u observando con atención su comportamiento. Carme Chacón deja a un lado su catalanismo radical y se presenta ante el PSOE como hija de un andaluz. A su flanco, sin que le moleste, se encuentra un despilfarrador empedernido como el manchego Barreda. Rubalcaba se presenta como ajeno al "zapaterismo",cuando ha sido su principal cómplice ¿Están locos o carecen de principios? Quizás las dos cosas, a juzgar por el aquelarre de insensateces y majaderías que ofrecen al ciudadano.El caso más claro y evidente es el del presidente catalán Artur Mas, tan nacionalista, arrogante e insensible al sufrimiento ajeno que prefiere que algunos pacientes catalanes puedan morir por falta de atención médica, como consecuencias de los duros recortes en sanidad que ha ordenado, antes de cerrar sus innecesarias "embajadas" catalanas en el exterior.A Artur Mas parece que no le importa lo que opinen sus administrados. Preso, probablemente, del "Síndrome de la arrogancia" se cree facultado para decidir sobre todo y optar por la política que él crea conveniente, incluso en contra de la voluntad de los ciudadanos. Es evidente que un dirigente que prefiere cerrar quirófanos a cerrar embajadas inútiles posee una inmensa y escandalosa carencia de democracia, pero es más evidente todavía que también podría padecer la enfermedad que el británico Owen ha descrito y tipificado con gran acierto. Los gobernantes valencianos parecen presos también, de la "locura de los políticos": no han podido pagar en diciembre la Seguridad Social de sus trabajadores y han necesitado la mediación del Gobierno por el vencimiento de una deuda de 123 millones, pero se niegan a recortar en el ruinoso Canal 9 de televisión regional. De manicomio, por lo menos.Si esos políticos enfermos estuvieran en su sano juicio, dimitirían inmediatamente, ante la evidente incapacidad psicológica para gobernar a un pueblo de hombres y mujeres libres. Deberían comprender (pero la enfermedad les impide asumirlo) que, sin el apoyo de los ciudadanos, que son los "soberanos" en democracia, un gobernante rechazado equivale a un tirano.
El ladrillazo: los ayuntamientos con urbanismo polémicoLa lista de ayuntamientos corruptos o sospechosos de cometer alguna irregularidad urbanística crece sin cesar.Cada día hay nuevos casos de ladrillazo, y ningún color ni formación política se salva del urbanismo desaforado, las recalifcaciones dudosas o las sombras en contratos y adjudicaciones.A continuación, una lista por comunidades autónomas y provincias de los ayuntamientos que son sospechosos de participar del ya famoso ladrillazo.Por comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra.ANDALUCÍAAlmeríaNíjar: El alcalde socialista, Joaquín García Fernández, firmó un convenio urbanístico con uno de sus ex concejales, José Cayuela Carrique, que le permitió casi cuadruplicar la edificabilidad de una urbanización en la zona de Agua Amarga, a cambio de la cesión de un terreno para zona verde, según una querella interpuesta por Ecologistas en Acción. Además, aunque el máximo de viviendas autorizadas era de 56, llegó a 90. El proyecto Marina de Agua Amarga, que ocupa 48 hectáreas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en zonas con especial protección comunitaria, también está siendo investigado por la UE.Zurgena: Concejales del Ayuntamiento de Zurgena (Almería) imputados como presuntos autores de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, por conceder licencia de obras a 1.300 chalés en zonas no urbanizable.Las irregularidades comenzaron hace ocho años, cuando fueron denunciados tanto por el Seprona como por los técnicos de la Consejería de Obras Públicas. En 2003, la Junta inició 11 expedientes para revisar las licencias concedidas por el Ayuntamiento.La Fiscalía de Medio Ambiente solicitó al Juzgado de Huércal Overa que los concejales que gobiernan en el Ayuntamiento de Zurgena; 5 del PA, 4 del PSOE y uno del PP, presten declaración en calidad de imputados por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.Garrucha: El alcalde socialista, Andrés Segura, firmó un convenio con la empresa Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz Fernández mediante el cual ésta se compromete a pagar al Consistorio 2,6 millones de euros para legalizar 28 viviendas construidas ilegalmente en el municipio. El PP denuncia, además, que los 2,6 millones pactado no es la totalidad de los beneficios percibidos.Roquetas: El alcalde de Roquetas del Mar y presidente del PP en Almería, Gabriel Amar, recalificó en 1997 como urbanizable un terreno propiedad de una empresa participada por su esposa, un cuñado y dos socios suyos. La venta posterior de los terrenos reportó unos beneficios a esa sociedad de más de dos millones de euros.CádizRota: Antonio Peña, concejal de urbanismo, del PP, está imputado por prevaricación.CórdobaCórdoba: Ecologistas en Acción denunció la construcción de dos urbanizaciones en la llamada Carrera del Caballo a cargo de la empresa constructora Arenal 2000. Las edificaciones se llevaron por delante 100 encinas, pero una sentencia judicial obliga al empresario Rafael Gómeza reponerlas.Gómez, imputado también en el caso Malaya, ha sido denunciado por los Verdes al construir sin licencia varias naves industriales en las proximidades del complejo de Medina Azahara. El Ayuntamiento (IU) ha interpuesto una multa de 30 millones de euros, pero la administración autonómica ha recurrido el acuerdo del pleno municipal y ha llevado el caso a los tribunales.Además, en el complejo de Medina Azahara, se han edificado 300 viviendas en parcelas ilegales. IU y PP han optado por proponer un plan de saneamiento (agua, alcantarillado), pero la Junta de Andalucía pretende exige la demolición de seis edificios especialmente polémicos.En los Baños de Popea, una decisión judicial obliga a un promotor a reponer un encinar talado para construir 223 chalés de lujo.GranadaAlhendín: El concejal de urbanismo, del Partido Popular, ha dimitido tras quedar en libertad condicional por cinco delitos. El PP de esa localidad mantiene abierta una investigación sobre la tramitación del polígono industrial de Marchalhendín, supuestamente fraudulenta, según el PSOE.Armilla: El vicepresidente de la Diputación de Granada y concejal de Urbanismo de Armilla (Granada), Gabriel Cañavate (PSOE), dimitió tras una polémica sobre su patrimonio y la investigación de la Fiscalía por presuntas ilegalidades en un centro comercial de la localidad.Ogíjares: José Luis del Ojo, el diputado nacional y ya ex concejal de Urbanismo en el municipio granadino de Ogíjares, entregó el pasado martes (17 octubre) su acta de edil. Renunció a su cargo en ese ayuntamiento ante las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en el municipio de las que se le acusa. IU pide su cabeza en el Congreso de los Diputados y el PSOE llevó estas supuestas irregularidades a la fiscalía.Almuñécar: Juan Luis González Montoro (ex alcalde de Almuñécar, actual concejal en ese ayuntamiento y diputado nacional) está imputado en un proceso judicial por supuestos pagos irregulares en su etapa de alcalde para intentar beneficiar a su partido (PP) en la campaña electoral.Fernando Callejón (concejal de Almuñécar) está imputado por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental en relación a una presunta factura falsa por importe de 12.000 euros. El PSOE ha exigido al PP de Granada que los cese a ambos de sus cargos.El actual alcalde, el independiente Juan Carlos Benavides, está acusado por la Junta de Andalucía de Delito Urbanístico.Granada: El Ayuntamiento ha abierto dos expedientes disciplinarios contra construcciones en La Vega. Ambas se realizan sobre suelo no urbanizable.HuelvaEl Granado: Este pueblo de 600 habitantes planeaba construir unos 2.674 chalés en 454 hectáreas de terreno protegido, según denunciaban los ecologistas. El alcalde Juan Manuel Burga (PSOE), afirmaba que el proyecto es bueno para el pueblo. Incluía un hotel de 1.800 plazas y y un campo de golf. Pero la Junta Andaluza vetará el proyecto.Matalascañas: Vecinos y propietarios del municipio denuncian que el PGOU perjudica gravemente el Parque de Doñana. El alcalde, Francisco Bella (PSOE), invitó a los vecinos a coelaborar el Plan de Ordenación, pero después fue incluyendo modificaciones con las que los vecinos no estaban de acuerdo. Los terrenos que amplía el PGOU, que se pensaban destinar a usos hoteleros o industriales, tienen graves deficiencias en cuanto a la infraestructura hídrica.JaénAlhendín: El PSOE tiene previsto denunciar las presuntas irregularidades urbanísticas del Gobierno local del municipio, del PP, como la urbanización ilegal de un polígono industrial o el intento de convertir unos terrenos públicos donde se emplaza el colegio de la localidad en suelo libre.MálagaAlhaurín El Grande: A pocos kilómetros de Marbella y de Estepona, en Alhaurín El Grande, tuvo lugar la 'Operación Troya', por la que en enero de 2007 fueron detenidos el alcalde Juan Martín Serón y otras personas, principalmente empresarios, por supuestos delitos relacionados con asuntos urbanísticos.Benalmádena: El alcalde de independiente de esta localidad, Enrique Bolín, está acusado por dar licencias ilegales.Cártama: La Fiscalía de Málaga pide siete años de prisión y una multa de 250.000 euros al encargado municipal del Ayuntamiento de Cártama del servicio de supervisión, control y vigilancia de las zonas rurales del pueblo quien, en sólo dos meses, exigió más de 120.000 euros en presuntos sobornos a diversos propietarios de viviendas irregulares o ilegales.Cuevas del Becerro: los ciudadanos se hicieron escuchar yendo a la huelga para protestar contra un macroproyecto urbanístico ubicado en el encinar "mejor conservado de la provincia" y perteneciente a la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves.Estepona: El alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), ha tenido que dar marcha atrás a un convenio urbanístico para aumentar la edificabilidad del campo Atalaya Golf para construir 135 viviendas, en una operación vinculada a Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en la Operación Malaya. Barrientos ya ha tenido que rectificar en varias ocasiones por operaciones sospechosas. Ahora de nuevo la Policía le investiga por supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de licencias de obras.- Un total de 25 personas, incluido el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), fueron detenidas en junio de 2008 en el marco de una operación policial contra la corrupción policial en esta localidad.Marbella: Hasta 40 cargos municipales están imputados en diferentes causas de corrupción urbanística, entre ellos Juan Antonio Roca, cerebro de la red desarticulada por la Operación Malaya.Manilva: La Policía detuvo el año pasado al entonces alcalde, Pedro Tirado (independiente), y a su cuñado, Francisco Calle, por presunta corrupción urbanística ligada a operaciones de blanqueo de dinero relacionadas con el narcotráfico. El precio de un terreno de 1,3 millones de metros cuadrados pasó de 12 millones de euros a 160 tras una recalificación.Tolox: La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga interpueso en mayo una denuncia contra el alcalde de Tolox, Juan Vera (Partido Andalucista), que ahora ha ampliado. Varias promociones urbanísticas aprobadas por el alcalde podrían estar en suelo no urbanizable. La primera denuncia hacía referencia a 15 promociones (unas 2.000 viviendas), y la segunda amplía la denuncia a otras 9 presuntamente irregulares, por tener licencia de obra "concedida por el alcalde" en suelo no urbanizable.SevillaCastilblanco de los Arroyos: La Fiscalía ha admitido a trámite la querella contra el Ayuntamiento presentada por la asociación de propietarios de la 'urbanización Sierra Norte'. La asociación denuncia parcelación irregular, una construcción carente de toda regulación y licencia, que se autorizó cuando todavía no se contaba con un proyecto de urbanización.Camas:El alcalde de la localidad sevillana de Camas, Agustín Pavón (IU) está imputado por tratar de sobornar a una edil para que votara a favor de unas recalificaciones. El concejal del PP Antonio Enrique Fraile ha sido expulsado del partido tras ser imputado en ese soborno. En este mismo caso también han sido imputados los concejales del Partido Andalucista, José del Castillo, y el empresario Eugenio Gaviño.Bormujos:El empresario Eusebio Gaviño (imputado en el caso anterior y primo del alcalde actual, Baldomero Gaviño), supuestamente influyó en algunos ediles para que votaran a favor de la moción de censura que en enero de 2005 devolvió la Alcaldía a Baldomero Gaviño (independiente), arrebatándosela al PSOE.El magistrado que investiga el caso es el mismo que el de Camas y ha tomado declaración a testigos e implicados.Burguillos: El PP denunció al Ayuntamiento de la localidad (su alcalde es José Juan López, del PSOE) de aprobar una serie de recalificaciones que pudieron beneficiar a ediles y cargos del PSOE. Un juez archivó el 2 de noviembre el caso por considerar que no existían indicios que lo probaran.La Algaba:José Luis Vega (IU), está imputado en un supuesto delito contra la ordenación del territorio y otro supuesto delito de falsedad en documento en la reparcelación de la zona conocida como Marina de la Algaba, junto al río Guadalquivir.Guillena:Justo Padilla (PSOE) está imputado en un presunto delito contra la ordenación del territorio por permitir construir una serie de naves industriales en un suelo reservado para zona verde y suelo no urbano, junto al polígono industrial El Cerro.Espartinas:el PA denunció al Gobierno local (PP) por un presunto delito de prevaricación, delito urbanístico y delito societario. Según la denuncia, el alcalde, Domingo Salado, y el concejal de Urbanismo, Javier Jiménez, habrían actuado de intermediarios al servicio de una promotora en la recalificación de una finca de la familia Guardiola (muy conocida en Sevilla).ARAGÓNZaragozaLa Muela: El Gobierno de Aragón ha decidido recurrir ante los tribunales un plan para edificar 2.340 viviendas, que forman parte de un proyecto aún mayor que ha quedado paralizado.El sector impugnado forma parte de una inmensa urbanización con campo de golf proyectada por la inmobiliaria Wilcox. El proyecto prevé viviendas para 30.000 habitantes, con un gran centro comercial. Sin embargo, el plan no iba acompañado de dotaciones de servicios (hospitales y colegios).Fue aprobado bajo el amparo de la alcaldesa María Victoria Pinilla, del Partido Aragonés (PAR).BALEARESAndratx: El alcalde del municipio, el popular Eugenio Hidalgo, el director de Ordenación del Territorio del Govern, Jaume Massot, y a un funcionario celador de obras, Jaume Gibert, así como otras tres personas, fueron detenidas entre los días 27 y 28 noviembre por corrupción urbanística. Un juez de la localidad les imputa a los tres primeros delitos contra la ordenación del territorio, falsedad y prevaricación urbanística, cohecho, asociación ilícita y blanqueo de capitales, entre otros.Santa Margalida: El alcalde de Santa Margalida (Mallorca), Antoni del Olmo, del PP, se vio obligado a renunciar a su cargo al tener abierta la Fiscalía de Baleares una investigación sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento.CANARIASTelde: El 'caso Faycán' se conoció a raíz de que una empresaria de Telde denunciara, en julio de 2005, que la Concejalía de Obras Públicas y Contratación del Ayuntamiento, que dirigía María Antonia Torres, le exigió el pago de una comisión del 20% del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba. Desde entonces han sido detenidas más de 25 personas, entre ellas el alcalde y media corporación municipal, el responsable del PP en Telde, y más tarde su sucesor en el cargo. Según algunas informaciones, el dinero de las comisiones podría haber ido a parar al PP.Caso Parques Eólicos: Celso Perdomo, ex director de Industria de Canarias (PP), está imputado en el caso Parques Eólicos.Mogán: En enero de 2007 fue detenido y puesto en libertad bajo fianza el alcalde de Mogán, José Francisco González (PP), por su relación en un caso de corrupción urbanística.Las Palmas: El TSJC citó a declarar como imputados por una supuesta prevaricación a la ex alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Josefa Luzardo, y al ex edil de Urbanismo, Felipe Afonso El Jaber, ambos del PP, en relación al Plan Especial de Ordenación del Canódromo.La Oliva: El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha presentado una denuncia contra el ex alcalde de La Oliva y el presidente del PP de Fuerteventura, Domingo González, por delitos de ordenación del territorio y desobediencia continuada.Tenerife: El empresario Ignacio Manuel González Martín que se embolsó casi 110 millones "sin invertir un euro propio" tras varias irregularidades del Ayuntamiento de la ciudad, que permitió la compra del terreno playero Las Teresitas por un tercio de su valor.Santa Lucía: El alcalde de la localidad grancanaria de Santa Lucía de Tirajana, Silverio Matos Pérez, ha sumado una nueva imputación por uso de información privilegiada, que se suma a la de prevaricación que ya pesaba sobre él , después de declarar hoy en el Juzgado de Instrucción Nº 4 de San Bartolomé de Tirajana.CANTABRIAArnuero: Una sentencia del Tribunal Superior exige la demolición de la urbanización El Encinar, construida sobre suelo no urbano, según denunció el grupo ecologista Arca (Asoc. para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria). Quien era alcalde cuando se empezó a construir la urbanización, José Luis Rey Villa (Unión para el Progreso de Cantabria), fue condenado a 14 años de inhabilitación por otro caso urbanístico. Se rumorea que podría presentarse a las próximas elecciones porque cumple su condena de inhabilitación.Ribamontán al Monte: El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander investiga la construcción de tres casas en un terreno rústico.Lo más curioso de este caso es que los dueños de las viviendas son la mujer del presidente de la asociación ecologista Arca, Gonzalo Canales.CASTILLA Y LA MANCHAAlbaceteHellín: Ecologistas en Acción denunció ante la Fiscalía Anticorrupción, a la Junta de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de Hellín por autorizar, según ellos ilegalmente, el proyecto urbanístico de Las Higuericas, en un caso que se viene arrastrando desde 2003. El lugar elegido para construir una urbanización ha sido un lugar propuesto por la Junta como Lugar de Interés Comunitario (LIC). El PP lo calificó de "pelotazo urbanístico". Ahora también hay acusaciones de queel lugar se encuentra en una Zona Especial de Protección de las Aves (ZEPA). La organización ecologista dice que al empresa Cleyton Ges compró el apoyo municipal con 150.000 euros, y denunció el proyecto ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y ante el Defensor del Pueblo.Ciudad RealArgamasilla de Alba: IU denunció ayer un Proyecto de Actuación Urbanística que prevé la construcción de 900 chalets de lujo y dos campos de golf que necesitarían de un abastecimiento de agua equivalente al consumo de 220 campos de fútbol.Esta construcción aportaría al Ayuntamiento 7 millones de euros por la recalificación del suelo.ToledoSeseña: Investigan la recalificación de los terrenos sobre los que que contruye Francisco Hernando (Paco 'el Pocero'). El alcalde del municipio toledano, de IU, denunció presiones del PP y el PSOE para aprobar el proyecto. Tras iniciar diligencias informativas contra las más de 13.000 viviendas de Hernando, el alcalde, Manuel Fuentes, fue denunciado y llamado a declarar por calumnias por 'el Pocero'. El promotor tenía empleados a varios concejales del PSOE, que dieron el visto bueno, cuando formaban parte de la anterior corporación, a las obras de 'el Pocero'. El Ayuntamiento paralizó este proyecto de 1,6 millones de metros, pese a la recusación del alcalde que intentó 'el Pocero'. En este pleno, los concejales del PP se abstuvieron y los del PSOE votaron a favor. El PP suspendió de militancia a sus ediles por su relación con el constructor. También un segundo megaproyecto de 'Paco el Pocero': un polígono industrial de 1,2 millones de metros. El PP suspendió de militancia a sus ediles por su relación con el constructor, mientras que Hernando organizó una manifestación de 1.000 trabajadores para pedir al alcalde las licencias necesarias.Portillo: El Juzgado de lo Penal número 1 de Toledo ha condenado al alcalde de Portillo (Toledo), Luis Gómez (PP), al pago de una multa de 3.600 euros y a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, por un delito contra la ordenación del territorio, tras aprobar un Plan de Actuación Urbanizadora (PAU) en julio de 2005, a sabiendas de que estaban adoptando una resolución ilegal.CASTILLA Y LEÓNÁvilaLa Cañada: La Asociación de Vecinos de la Cañada han presentado una demanda contra la construcción de 59 chalés en un monte de utilidad pública por el que discurren las canalizaciones de aguas fecales. La urbanización no cuenta con servicios municipales. La asociación responsabiliza al ex alcalde, Andrés Sáez, del PSOE.Hoyos del Espino: La asociación de vecinos de Hoyo del Espino y el PSOE han acusado al alcalde de la localidad, Antonio Veneros, de construir en zonas no urbanizables, junto al Parque de Gredos y sin licencia.Navas del Marqués: El ayuntamiento de las Navas del Marqués dio permiso para talar un pinar para construir un complejo de golf y chalés. Se trata de una zona crítica para la cigüeña negra.Navahondilla: pueblo con problemas de agua, quieren construir otro campo de golf y 1.150 chalés.BurgosArlanzón: Construirán una gran urbanización de 640 chalés, un hotel, campo de golf y campo de tiro en 220 hectáreas de suelo público, de las cuales 76 están protegidas como monte público y como Lugar de Interés de la UE. Unos seis informes técnicos se opusieron a la construcción, pero ni la Diputación de Burgos, del PP, ni la Consejería de Medio Ambiente lo han detenido. La primera, de hecho, ya lo asignó a cinco constructoras. Las zonas del campo de golf son un robledal protegido "clasificado como suelo rústico de protección natural" según un informe.SalamancaSalamanca: El PSOE acusa al Ayuntamiento de haber recalificado unos terrenos protegidos en favor de la familia del consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP).ValladolidArroyo de la Encomienda: El PSOE denuncia un pelotazo urbanístico , que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid. La trama relaciona al alcalde de la localidad, José Manuel Méndez, y al una promotora gallega. El alcalde firmó con la representante de la promotora Mahia, María Iluminada Miguel, el cambio de uso de suelo industrial a suelo residencial para edificar 3.410 viviendas en 335.000 metros cuadrados en el sector nueve del Plan de Ordenación Urbana aprobado en 2003.Además, la Audiencia de Valladolid investiga la recalificación de 33,5 hectáreas industriales, en el denominado SAU-9, para permitir la construcción de 2.984 viviendas.El cambio fue solicitado por la constructora Mahía, propietaria de los terrenos, y se materializó en un convenio urbanístico firmado por el alcalde con la representante de Mahía, María Iluminada Miguel.Se da la circunstancia de que María Iluminada estuvo contratada por el alcalde en una empresa privada y es hija del concejal del Ayuntamiento de Valladolid y diputado provincial Dionisio Miguel Recio (PP). Además, Recio fue vocal de la empresa municipal de suelo de Arroyo (Emuva).Por otro lado, el concejal de Obras de Arroyo de la Encomienda, Francisco Javier Cruz, ha sido sancionado por la Junta de Castilla y León porque dos de sus cinco viviendas eran de protección oficial.Villalba de los Alcores: Es un pequeño pueblo de no más de 500 habitantes, a 30 k. de Valladolid. En un referéndum popular, los ciudadanos mostraron su rechazo a los planes de la empresa Desarrollos Naturales Siglo XXI de construir un hotel de cinco estrellas, campo de golf y equitación y coto de caza mayor en sus terrenos. El proyecto tenía el visto bueno de la corporación municipal (PSOE), aunque la presión popular obligó al alcalde, Emiliano Rico, a someterlo a consulta para que no se asociara con los actuales casos de corrupción.
COMUNIDAD VALENCIANAAlicanteAlbatera: El juez está investigando a la constructora San José, Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A, a la que acusa de un presunto delito contra la ordenación del territorio. Un informe elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil considera que el alcalde, que es a su vez el responsable comarcal del PSOE en la Vega Baja, pudo obrar en connivencia con el promotor, Francisco García Gelardo.Alicante: El juez ha imputado al alcalde, Luis Díaz Alperi (PP), y dos concejales por delitos de prevaricación, tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares. Además, los socialistas acusan al alcalde de aprobar en 2003 la revisión de un plan parcial en una zona en expansión para "calzar un centro privado en forma de concesión administrativa encubierta, en el único solar municipal reservado para hacer un colegio público".Orihuela: El fiscal anticorrupción está investigando al alcalde de Orihuela, el popular José Manuel Medina, los concejales Mónica Lorente, José Antonio Rodríguez Barberá, Antonio Franco, y Eva Ortiz, más la ex edil Encarna Galiano, ahora asesora. El alcalde de Orihuela no ha dimitido, pero ha renunciado a ir en las listas de 2007 tras reconocer ante un juez favores (préstamo de un coche de lujo y de un chalé) que le hizo un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales.Parcent: el Tribunal Superior de la Comunidad ha paralizado las obras de 1.500 viviendas, sentencia que la alcaldesa (PP) va a recurrir. Parcent tiene 900 habitantes y los propietarios anuncian más protestas por el urbanismo municipal.Torrevieja: El alcalde Pedro Hernández, del PP, estuvo imputado por la venta millonaria de un solar de su propiedad. Pero se archivaron provisionalmente las actuaciones judiciales contra el alcalde, y otros dos concejales del consistorio municipal, Pascual Ortiz y José Antonio Sánchez, acusados de prevaricación. A todos ellos se les imputaba el delito continuado de corrupción por solicitar créditos con los que pagar obras y servicios que no tenían presupuestados.ValenciaCullera: El Ayuntamiento ha aprobado la última modificación necesaria para que el Consell autorice el polémico megaproyecto de 610.000 metros cuadrados para más de 20.000 personas, que duplicará la cantidad de población de la localidad. El conocido como 'Manhattan de Cullera' cuenta con dos informes desfavorables de la Demarcación de Carreteras del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Incluirá la construcción de 33 torres de 25 alturas, dos de 40, varios edificios menores, y un puerto deportivo. Ha sido impulsado por Instituto Valenciano de la Vivienda. Un informe señala que no hay abastecimiento suficiente de agua en la zona. La delegación del Gobierno en Valencia ha llevado el proyecto a los Tribunales.Paiporta: El PP ha interpuesto una querella criminal contra el alcalde de la localidad, Bartolomé Bas Tarazona, del PSPV, por presuntas irregularidades relacionados con la obra del Auditorio Nacional, cuyo presupuesto se ha visto triplicado respecto al aprobado inicialmente. Se le acusa de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación.Riba-roja: Operación ligada a la de Mestalla. Juan Soler, presidente y accionista mayoritario del Valencia CF, compró por 36 millones de euros unas parcelas que en 2005 vendió en 168 millones. Un directivo del club ligado a la empresa compradora fue el mediador en la operación. Allí, el club hará su ciudad deportiva y se elaboró un Programa de Actuación Integrada (PAI) que contempla la construcción de 2.700 viviendas en 1,6 millones de metros cuadrados de suelo agrícola. Este PAI se forjó con un acuerdo entre Soler, el anterior consejero de Territorio, Rafael Blasco (PP), y el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona (PP). Familiares del alcalde han comprado muchos metros cuadrados de las polémicas parcelas, y el PSOE se ha querellado contra ellos por delitos varios.Sueca: El alcalde del municipio, Salvador Gil, del PSOE, está imputado por tres presuntos delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y contra la ordenación territorial. También están imputados el arquitecto municipal y otro arquitecdto, socio del despacho particular del alcalde. El PP denunció a Gil por autorizar la construcción de 25 viviendas en terrenos pertenecientes al Parque Natural de la Albuefera. El permiso fue concedido a un promotor que había contratado, con ese fin, los servicios del despacho particular del alcalde.Valencia: La oposición en el Ayuntamiento (gobernado por el PP) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia denunciaron como ilegal ante la Justicia el plan del Valencia CF y su presidente, Juan Soler -apoyado por la alcaldesa, Ritá Barberá y los ediles populares -, para derrumbar el estadio de Mestalla, recalificar su solar, y construir allí 750 viviendasy un gran área comercial, así como la privatización de una parcela pública para construir el nuevo campo del club. La operación le haría ganar al club unos 100 millones de euros.-Entre 1996 y 2001, la administración popular del Ayuntamientos recalificcó y cedió siete parcelas escolares (29.532 metros cuadrados). Esto recortó un 12% el total de 269.909 metros cuadrados de reserva escolar.-Congelada desde 1997 la parcela de 12.500 metros cuadrados reservados para la contrucción de una escuela pública en la Avenida de francia.-Cesión de 3.233 metros cuadrado de suelo escolar recalificado a la Iglesia de los Mártires.-Recalificación de 6.766 metros cuadrados de suelo escolar público en favor de la academia privada Marni.GALICIAA CoruñaOleiros: La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza ha denunciado a Ángel García Seoane, alcalde por un partido independiente, por la presunta compra de fincas que posteriormente eran recalificadas desde su propio ayuntamiento aumentando así de valor.El alcalde ha admitido que tiene tres casas y 13 fincas con más de 25.000 metros cuadrados, pero insiste en su inocenciadice que está limpio. Todas estas propiedades, salvo una que heredó, las tiene desde su llegada al Ayuntamiento. La investigación sigue abierta.Porto do Son: La fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia investiga la presunta compra de fincas por parte del edil socialista Manuel Vázquez que después eran recalificadas.El fiscal sostiene que el concejal compró al menos cuatro fincas entre 2000 y 2006, declaradas no urbanizables, con la pretensión de recalificarlas para incrementar su valor. La investigación sigue abierta.PontevedraTui: La Xunta suspendió el Plan general de Urbanismo del municipio en diciembre de 2005. Este mes se inició el juicio por prevaricación en el juzgado de lo penal número 2 de Pontevedra contra el alcalde, Feliciano Fernández Rocha.La actuación está relacionada con un desmesurado incremento de la edificabilidad y las alturas en el municipio, la falta de respeto por los bienes patrimoniales, la recalificación de suelo rústico y la concesión de licencias irregulares.Gondomar: La Fiscalía ha presentado una querella por prevaricación contra el alcalde, Carlos Silva Mariño (PP), que concedió al menos 300 licencias y permisos de obra irregulares.Nigrán: El Plan General de Urbanismo incorporaba numerosas recalificaciones de suelo rústico, sobre todo en áreas cercanas a la costa y en concreto en el Monte de Monteferro, zona de protección ambiental que se encuentra sobre el mar.La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha presentado una denuncia penal contra el alcalde, Alfredo Rodríguez (PP), y cinco ediles más por un supuesto delito de tráfico de influencias, pese a que el alcalde retiró el Plan General ante las airadas protestas de los vecinos , que irrumpieron en el plen0. Podrían estar implicados altos cargos del PP y empresarios como el presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño. Ha dimitido Aurora Carbajal, concejala en el Ayuntamiento.LA RIOJALardero: El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha obligado a demoler parcialmente un bloque de 43 viviendas de cuya constructora el alcalde del municipio (del PP) es accionista. El PSOE asegura que el actual Plan General Municipal recalifica el doble del actual suelo considerado urbano.Santurde: El también popular alcalde de Santurde está siendo juzgado por una recalificación a su favor de 7 millones de euros.MADRIDMadrid: Diecisiete detenidos en la "Operación Guateque", que desmanteló una red de funcionarios municipales que cobraban comisiones ilegales a cambio de agilizar la concesiones de licencias o retrasar expedientes sancionadores en locales.Seis de las personas implicadas en esta supuesta red de cobro de comisiones ilegales, entre ellos Victoriano Ceballos, jefe de División de Impacto y Análisis Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, permanecen en prisión por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad. Un total de 35 personas son investigadas por el juez, entre las que figuran los 17 funcionarios detenidos, otros empleados municipales y varios empresarios.Brunete: El director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto (PP), dimitió después de que el PSOE le acusara de tener intereses personales en el desarrollo del Plan General de Urbanismo de Brunete (Madrid).Bustarviejo: Julio De Mateo, el alcalde indepiende de esta localidad, está acusado de permitir la construcción de 400 chalés en suelo protegido.Ciempozuelos: Otro caso que cobró notoriedad fue el que afectó a Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro, ex alcaldes del PSOE de Ciempozuelos (Madrid), quienes están en libertad bajo fianza por el supuesto cobro de comisiones para la recalificación de unos terrenos y por haber ingresado elevadas sumas de dinero en un banco de Andorra.Colmenarejo: El Tribunal Supremo ha condenado a Julio García Elvira, ex alcalde por el PP, por adjudicarse una finca municipal en subasta pública mientras ejercía el cargo.Quijorna: La recalificación de todo un corredor de cinco kilómetros de largo entre el pueblo y la M-501 con suelo para edificar al menos 10.000 viviendas, ha puesto a la alcaldesa, Mercedes García, del PP, y a su equipo en solfa.Ciempozuelos: El alcalde socialista de Ciempozuelos (Madrid), Pedro Torrejón, fue obligado a dimitir al saberse que ingresó 800.000 euros en Andorra y que planeó una gran recalificación de terrenos. Un juzgado de Valdemoro abrió diligencias contra él y contra el ex edil, Joaquín Tejeiro (PSOE). Un juez ordenó el día 3 de noviembre prisión para ambos, eludible bajo fianza.Torrelodones: El Alcalde Carlos Galbeño, del PP, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción tras una recalificación de terreno y una expropiación para construir un aparcamiento, así como por cobros ilegales a empresarios.Dos concejales del PP en ese municipio, Jesús María Pacios y Reyes Tintó han denunciado la actuación de Galbeño y por ello fueron destituidos.Tanto Galbeño como el presidente del PP de Torrelodones, y diputado nacional, Mario Mingo, se querellarán contra los ex concejales de su propio partido, según informa El Mundo.Tres Cantos: Unas grabaciones de el ex concejal del PP, Antonio Reino Cortés - aparecidas en el diario El País - desvelaban la supuesta existencia de comisiones millonarias ante la aprobación por el municipio del Plan Urbanístico de la localidad en 2004.Villanueva de la Cañada: El alcalde, Luis Partida (PP), ordenó en 1997 la compra de una finca de los constructires Francisco Bravo y Francisco Bravos Vázquez, que apoyaron al 'tránsfuga' Eduardo Tamayo cuando en 2003 impidió la formación de un gobierno del PSOE en Madrid junto a María Teresa Sáez. Los constructores compraron la parcela en 268.674 euros, y meses después, el ayuntamiento en 963.349 euros. Los Bravo recibieron a cambio suelo municipal tasado en 965.899 euros, que vendieron en tres meses por 2,5 millones, según El País.Navalcarnero: El edil de Urbanismo de la localidad, Miguel Ángel Fernández Colomo tiene terrenos e intereses en 10 de los 22 sectores en los que está dividido el municipio, gobernado por el PP, y acumula posesiones de 31.987 metros. Su familia tiene un total de 286.994 metros cuadrados, y a través de sociedades, el padre acumula hasta 175 propiedades en la localidad, según El Mundo.Níjar: Según denuncia ABC, el alcalde socialista de Níjar, Joaquín García, permitió a un ex concejal construir cuatro veces más de lo permitido.MURCIATotana: La Guardia Civil detuvo a seis personas relacionadas con una presunta trama de corrupción urbanística. Dos de ellos fueron detenidos en Murcia, uno en Totana, dos en Pontevedra y otro en Madrid. Hay otras dos personas imputadas en Murcia, que no fueron detenidas. La operación está relacionada con la recalificación de 2, 2 millones de metros cuadrados (m2) de terreno rústico donde el grupo vigués Nuaria tenía previsto hacer 5.000 casas, un campo de golf y dos hoteles con spa.Además, la Guardia Civil detuvo al alcalde de la localidad, José Martínez Andreo (PP), al jefe de la Policía local, a la secretaria del Ayuntamiento y a un empresario hostelero de la localidad, dueño del hotel Olimpia y promotor, por posibles delitos urbanísticos.Los Alcázares: El ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero (PSOE) está en libertad bajo fianza al igual que el ex secretario municipal Diego Sánchez Gómez y el arquitecto municipal Mariano Ayuso por su implicación en un delito urbanístico.Águilas: El fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal, investiga al Gobierno murciano (PP) por la recalificación de una finca en Águilas situada en una zona protegida y en la que está previsto construir unas 4.100 viviendas y un campo de golf.El propietario del grupo Hispania, Trinitario Casanova Abadía, podría haber ganado 75 millones de euros con el cambio de uso. La recalificación fue aprobada por la Consejería de Medio Ambiente y la de Obras Públicas, cuyo titular es amigo del promotor, según informa El País.Cartagena: El fiscal ha abierto diligencias informativas por la edificación de 5.300 plazas viviendas y 3.000 plazas hoteleras. Los ecologistas han reclamado por vía administrativa y denuncian a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y al el ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, por permitir que se dañe el Espacio Natural Protegido del Saladar de lo Poyo.Además, en Cartagena, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha presentado un contencioso administrativo por la construcción de 10.000 viviendas y un campo de golf en Espacio Protegido.Mazarrón: La Justicia investiga el pago de 33.000 euros por parte del alcalde, Francisco Blaya (PP), al concejal Domingo Valera (Partido Independiente por Mazarrón -PIXM), cuyos tres concejales permitieron la recalificación de más de 41 millones de metros cuadros de suelo rústico, que será urbanizable, y donde se planean construir 43.000 viviendas. Las tres principales empresas beneficiadas: Polaris World, Euromarina, e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón.Torre Pacheco: El alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, detenido por presunta corrupción urbanística y el juez ha decretado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza. El pasado 31 de marzo fue detenido por el mismo caso el arquitecto técnico de Torre Pacheco, Ramón Cabrera, que está ahora en prisión.San Javier: El gobierno autonómico es responsable de la construcción de un puerto deportivo de 1.000 amarres que supone un importe de 6.000 millones de pesetas. Están en marcha dos contenciosos administrativo presentados por el Ministerio de Medio Ambiente, ANSE y Greenpeace contra el Gobierno Regional, por actuar en Dominio Público Terrestre. El juez ha paralizado de forma cautelar el proyecto mientras dura el proceso.También en San Javier el PSRM-PSOE ha presentado una querella contra el alcalde de la localidad, José Hernández, del PP, por las presuntas relaciones mercantiles del primer edil con las principales promotores que construyen en el municipio.Los Alcázares: El ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero (PSOE) está en libertad bajo fianza al igual que el ex secretario municipal Diego Sánchez Gómez y el arquitecto municipal Mariano Ayuso por su implicación en un delito urbanístico. El procedimiento se abrió a raíz de unas querellas presentadas por el PP en 2005, en las que se denunciaba la existencia de empresas vinculadas a algunos de los detenidos y que podrían haber acumulado un importante patrimonio de forma fraudulenta.o. NAVARRAEgüés: El ex alcalde Ignacio Galipienzo, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), dimitió a finales de 2003 por el escándalo de un cobro de comisiones por vender a Construcciones Flores una parcela en Gorraiz que era de uso escolar y en la que la constructora quería erigir un hotel. En noviembre, el juez encargado del caso dio por cerrada la instrucción y atribuyó a Galipienzo un delito de cohecho y seis de revaricacion, e imputó a otras nueve personas.Cada día hay nuevos casos de ladrillazo, y ningún color ni formación política se salva del urbanismo desaforado, las recalifcaciones dudosas o las sombras en contratos y adjudicaciones.A continuación, una lista por comunidades autónomas y provincias de los ayuntamientos que son sospechosos de participar del ya famoso ladrillazo.Por comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra. Consulta por separado los casos del PSOE, IU, PP y otros partidos
¿No sería más corta la lista de ayuntamientos sin urbanismo ilegal o polémico?
El jefe del secuestro de Kevin mandó "trocear al gato" si les descubríanEl rapto fue ideado desde la cárcel por un compañero de prisión del padre de la víctima, que exigía 5 millones de euros como rescateEFE BARCELONA 05/10/2012 20:57 Actualizado: 05/10/2012 21:25 Los Mossos d'Esquadra han liberado a un niño de 11 años que llevaba dos días secuestrado, en un rapto ideado desde la cárcel por un compañero de prisión del padre de la víctima, que exigía 5 millones de euros como rescate y había ordenado a sus colaboradores que descuartizaran al niño si algo se torcía.
De la moto náutica al trono de la cocaína07.10.12 - 00:02 - El empresario valenciano Rafael Rubén Núñez Cencerrado, que dirigía el grupo delictivo al que pertenecía el padre del niño secuestrado, era muy conocido en el circuito de motos de agua. Participó con escaso éxito en el Mundial de Jet Raid de 2008 en Perú. Según la policía, Núñez Cencerrado lideró una de las redes de narcotráfico más importantes de España hasta que fue apresado en 2009. Rafael Rubén Núñez, esposado, en una foto de archivo . :: A.G.C.
El padre del niño secuestrado tenía empresas que servían de tapaderaLos Mossos d'Esquadra buscan a tres hombres españoles que participaron en el rapto y siguieron el plan trazado desde la cárcel07.10.12 - 00:07 -JAVIER MARTÍNEZ sucesos@lasprovincias.es | VALENCIA.La red a la que pertenecía el padre del niño planeó introducir droga en un submarino El sueño de una familia colombiana de conseguir el paraíso en España se convirtió en una pesadilla para su hijo Kevin, el niño de 11 años que fue secuestrado en Barcelona y permaneció dos días en un piso, sedado y atado de pies y manos, hasta que fue liberado por los Mossos d'Esquadra.El padre del menor tenía varias empresas que servían de tapadera al narcotráfico, según las investigaciones policiales, y dio demasiados detalles sobre el alto nivel de vida de su familia al recluso con el que hizo migas en la cárcel de Picassent. Entre otras cosas le contó que su mujer y sus tres hijos, que residen en Sagunto, necesitaban regularizar su residencia en España. Este dato fue el anzuelo del plan que ideó el presunto cerebro del secuestro: un recluso condenado por homicidio.Tras convencer al narco para que su mujer y uno de sus hijos viajaran a Barcelona, donde decía que conocía a un policía corrupto que podría conseguir los papeles, cuatro hombres y una mujer perpetraron el aterrador secuestro y exigieron a la madre el pago de cinco millones de euros si quería volver a ver a Kevin.El preso colombiano también habló en la cárcel de sus deudas, contraídas antes de ser detenido en septiembre de 2009, cuando su banda planeaba la compra de un submarino para introducir droga en la costa de la Comunitat. Pero la Policía Nacional desarticuló la red, que lideraba el empresario saguntino Rafael Rubén Núñez Cencerrado, y se incautó de una tonelada y media de cocaína en Valencia y Galicia.La pérdida de la droga enfrentó al grupo delictivo español con los cárteles colombianos dueños de la cocaína, que temían que les hubieran robado los alijos,. La aparición de la noticia de la incautación en los medios de comunicación fue la mejor prueba exculpatoria para quienes participaron en las operaciones de narcotráfico fallidas. «Si no ha salido nada en las noticias, si no se publica, imagínate, yo ya soy hombre muerto y mi familia también», dijo un miembro de la banda en una conversación telefónica intervenida por la policía.Los dos detenidos por el secuestro no tienen ninguna relación con los narcos que suministraban la droga al padre del niño. Los Mossos d'Esquadra apresaron a Marta C. V., de 46 años de edad -que estaba en el piso cuando entró la policía-, y Guillermo F. M., de 36 años, uno de los encapuchados que metieron al niño en el maletero del vehículo. Ambos son españoles. Los agentes búscan a otros tres individuos, también de nacionalidad española, que participaron en los hechos.Los autores del secuestro no están especializados como ocurre en otros países, ya que en España no se cometen demasiados delitos de este tipo «porque no se paga el rescate y porque el grado de resolución es muy alto», según los Mossos d'Esquadra. El padre del niño secuestrado ha sido trasladado a la prisión de Mallorca, mientras que el cerebro del rapto cumple pena en una cárcel catalana.
OPINIÓNUn parlamento lleno de corruptosJosé Oneto Hay corrupciones y “corrupciones “. Hay grandes corrupciones de millones de euros que a veces pasan desapercibidas en los medios, y “corrupciones” de cientos de miles de euros, que provocan una auténtica alarma social por las características especiales de la misma o por la forma de llevarlas a cabo.En la Comunidad Valenciana se dan de los dos tipos y muchos más, hasta formar un auténtico catálogo que, por el momento, en un auténtico récord, afecta a diez diputados del Partido Popular en el Parlamento valenciano, imputados por distintos delitos relacionados con el cohecho, el tráfico de influencias, la financiación ilegal del partido, la prevaricación, la falsedad de documentos, la malversación de caudales públicos, el fraude de subvenciones oficiales, e incluso, el lavado de dinero. Esos diez diputados autonómicos siguen ocupando sorprendentemente sus escaños forman, por su número, el segundo grupo de la Cámara aunque siguen representando al Partido Popular, algo realmente insólito en cualquier país democrático y, eso sí, han sido liberados de responsabilidades políticas importantes dentro de su grupo parlamentario.Los dos últimos casos los han protagonizado el portavoz parlamentario Rafael Blasco, siete veces consejero del gobierno valenciano con Joan Lerma, Eduardo Zaplana, Olivas y Camps, y la diputada y Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, acusada de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Y los dos han sido protagonistas de dos escándalos económicos que tienen unas características especiales: Blasco, consejero de Solidaridad e Igualdad, se quedó con parte de la ayuda de la cooperación a Guinea Ecuatorial y Haití, y Sonia Castedo, dejó el nuevo plan de Urbanismo de Alicante en manos del promotor y constructor Enrique Ortiz, propietario del Hércules Club de Fútbol.El caso de Blasco es especialmente sangrante porque, según el auto judicial la trama que él dirigía, llegó presuntamente a robar dinero destinado a niños y niñas víctimas de agresiones sexuales o a enfermos de Sida, en Guinea Ecuatorial, o a damnificados en Haití tras el terremoto de 2010.El dinero público llegaba a la cuenta bancaria de las ONG que debían gestionar la ayuda a estos proyectos sociales y al cabo de unos días, salía de esas cuentas transferido a algunas de las ‘empresas pantallas’, utilizadas por la trama de Blasco y sus socios.En el auto se cuenta que la ONG Ceiba recibió de los presupuestos de 2009 más de 600.000 euros para dos proyectos en Malabo, uno contra la “violencia sexual y explotación laboral del niño” y otro para la “reducción del nivel del contagio del sida”, que días más tarde aparecieron en empresas de la trama. En total, el 72% de esa ayuda destinada a esos proyectos sociales en Malabo fue desviada fraudulentamente, según la jueza que lleva el caso.El auto judicial también hace referencia a Haití, a donde se trasladó el consejero Blasco para comprobar los daños del terremoto de 2010, para luego conceder una subvención de 177.000 euros a la Fundación Entre Pueblos, con el que desarrollar una “consultoría técnica al proyecto de construcción de un Hospital en “Belle Anse”. De esa cantidad, la empresa privada Matuscas, S.L, parte de la trama investigada, se llevó más de 40.000. En 2011, el gobierno valenciano destinó cuatro millones de euros para construir un hospital en Haití. El concurso público, según el auto judicial, fue manejado desde la Consejería de Solidaridad e Igualdad de manera que recayera en las empresas de la trama corrupta.A estas alturas, el señor Blasco sigue de diputado en el Parlamento valenciano y la señora Castado ha anunciado que seguirá siendo Alcaldesa de Alicante, porque además asegura, a ella nadie le ha pedido la dimisión.
Los principales procesos de corrupción con investigación en cursoProcesos abiertos en Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha, Catalunya, Galicia, Madrid, Murcia y ValenciaANDALUCÍAASTAPA (Estepona): El exalcalde de Estepona, Antonio Barrientos (PSOE), y varios miembros de la corporación municipal han sido acusados de falsedad en documento público y blanqueo de dinero. Barrientos pasó seis meses en prisión preventiva por estos delitos. Se investiga el posible blanqueo de 8 millones de euros y el juez bloqueó 40 millones a los imputados, que suman un total de 109 y 120 sociedades mercantiles.ERE: El caso Mercasevilla destapó este escándalo en el que una partida de 647 millones de euros destinada a ayudar a empresas en crisis sirvió para la inclusión de más de 120 intrusos que cobraban prejubilaciones sin tener derecho a ellas. También se concedieron grandes sumas de dinero en ayudas a empresas, principalmente en la sierra norte de Sevilla, zona de origen del ex director general de Trabajo, Javier Guerrero. Entre los imputados y beneficiarios están varios alcaldes del PSOE y ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, y el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero. De los 647 millones, al menos 85 habrían sido defraudados.MALAYA (Marbella): Se trata del mayor caso de corrupción en el seno de un ayuntamiento. Juan Antonio Roca, ex asesor urbanístico del ayuntamiento a las órdenes de los ex alcaldes Jesús Gil, Julián Muñoz y Marisol Yagüe, gestionaba una red de licencias y favores urbanísticos a cambio de cuantiosas comisiones. El dinero defraudado asciende a más de 240 millones de euros.MERCASEVILLA: El ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y los ex directivos del mercado central de Sevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, han sido condenados por cohecho por una petición de soborno de 300.000 euros a dos empresarios a cambio de una subvención para una escuela de hostelería.OPERACIÓN PONIENTE (El Ejido): El ex alcalde de El Ejido (Almería), Juan Enciso (PAL, una escisión del PP), está acusado por malversación de fondos públicos. La trama giraba en torno a la empresa municipal Elsur. La operación se cerró con la detención de 20 personas por irregularidades de al menos 93 millones de euros.BALEARESPALMA ARENA: Macrocausa judicial con 27 piezas abiertas a raíz del sobrecoste en la construcción del velódromo Palma Arena y que afecta al segundo gobierno de Matas (2003- 2007). En ella están imputados Matas y varios exconsellers. El antiguo ejecutivo de Matas también es investigado por el caso Ibatur, trama de desvío de dinero del Instituto Balear de Turismo, entre otros casos.NÓOS: Una de las piezas separadas del Palma Arena incluye la imputación del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, el juez debe decidir sobre la petición de fianza civil del fiscal cifrada en más de8millones de euros. El fiscal acusa a los responsables de Nóos de delitos de malversación, falsificación, prevaricación y delito fiscal, entre otros. OVER: investiga la supuesta financiación ilegal del PP balear entre 2003 y 2007 mediante contratos irregulares con la empresa de publicidad Over Marketing.UNIÓ MALLORQUINA: La antigua cúpula de UM tiene varios procesos abiertos. El juez de Palma investiga a los dirigentes del partido por asociarse ilícitamente para obtener comisiones de contratos públicos en varias instituciones. En el caso Can Domenge, se indagan supuestas irregularidades en la venta de un solar público del Consell de Mallorca, dirigido entonces Maria Antònia Munar fue condenada a cinco años y medio de cárcel. Ha recurrido la sentencia ante el Supremo.VOLTOR: caso con varias piezas en que se indagan supuestos desvíos de fondos entre el 2003 y el 2011 por parte de miembros de UM, entre otros casos.ANDRATX: caso dividido en 70 piezas que investiga delitos de corrupción relacionados con el urbanismo del municipio mallorquín.CASTILLA-LA MANCHACCM: El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz reactivó en octubre la investigación sobre la gestión de la anterior dirección de Caja Castilla- La Mancha en la que supuestamente se aprobaron hasta veinte préstamos y operaciones crediticias presuntamente irregulares que, según un informe pericial del Banco de España, pudieron causar en la entidad un agujero de 267 millones de euros. La causa se abrió en diciembre del 2010 contra el expresidente de la caja, Juan Pedro Hernández Moltó, y el ex director general de la entidad, Ildefonso Ortega, por los presuntos delitos de administración desleal, estafa y falsedad contable.CATALUNYAPALAU: Félix Millet y Jordi Montull están acusados del saqueo del Palau de la Música que en la instrucción se cifra en más de 32millones de euros. Según las investigaciones (entrada de los Mossos en el Palau en julio del 2009), Millet presuntamente recibía comisiones de constructoras a cambio de influir en la concesión de concursos públicos de los gobiernos de CiU. Convergència mantiene su sede embargada por orden judicial al estar considerado este partido responsable a título lucrativo del desvío de 3,3 millones del Palau de la Música. En una causa paralela, están imputados ex altos cargos del PSC por la permuta de fincas con Millet para la construcción de un hotel frente al Palau.MERCURIO: La 'operación Mercurio' apartó del cargo al emblemático alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, y al número dos del partido, Daniel Fernández. Al primero se le achaca malversación y al segundo tráfico de influencias. El juez investiga una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de contratos de servicios públicos en la ciudad en la que están imputados el hermano, el tío y la pareja de Bustos, además de empresarios.ITV: empresas vinculadas en el caso Campeón acabaron por conducir a una investigación judicial ya abierta en Catalunya sobre una una trama formada por empresarios y cargos políticos para adjudicarse, de forma irregular, estaciones de inspección de vehículos. Según los informes policiales que obran en el sumario, Oriol Pujol era el contacto político de los imputados y, con su acción, “impulsó” la red. Pujol no ha sido citado a declarar.PRETORIA: A la espera de que se concluya la investigación y con más de la mitad de los imputados iniciales ya sin acusación en la causa, el caso Pretoria reveló supuestas tramas de corrupción con Santa Coloma de Gramenet como eje. El entonces alcalde socialista, Bartomeu Muñoz, el exconsejero de Jordi Pujol, Macià Alavedra y el ex secretario general de la Presidència, Lluís Prenafeta, estuvieron en prisión preventiva. GALICIACAMPEÓN: Juzgado de Lugo y Tribunal Supremo. Se investiga la trama de subvenciones y comisiones ilegales cobradas y pagadas por el empresario del sector farmaceútico Jorge Dorribo. Principales imputados: el exministro José Blanco (PSOE), el ex onsejero gallego Fernando Blanco (BNG) y el exdiputado autonómico Pablo Cobián (PP), así como varios altos cargos de la Xunta actual (PP). De este sumario derivó el de las ITV de Catalunya.POKÉMON: Juzgado de Lugo. Se indagan las posibles comisiones ilegales pagadas por el grupo Vendex a cambio de concesiones municipales, así como una red de enchufes en contrataciones. Están imputados los alcaldes de Lugo (PSOE) y Santiago (PP), así como los ya exalcaldes de Ourense (PSOE) y Boqueixón (PP) y un concejal del BNG de Ourense. La juez también investiga al Ayuntamiento de A Coruña.BALTAR: Juzgado de Ourense. Se instruye una denuncia del fiscal contra el exbarón del PP de Ourense, José Luis Baltar, por efectuar un centenar de contrataciones en la Diputación en vísperas del congreso provincial del PP del 2010 que ganó su hijo.MADRIDGÜRTEL (rama madrileña): La denuncia de un concejal del PP de la localidad madrileña de Majadahonda destapó lo que sería, según los investigadores, una red que sobornaba a políticos del PP a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. Están imputados, además del supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, los exalcaldes del PP de Majadahonda (Guillermo Ortega), Boadilla del Monte (Arturo González Panero), Arganda del Rey (Ginés López) y Pozuelo (Jesús Sepúlveda, exmarido de la hoy ministra de Sanidad Ana Mato). También, el exdiputado popular en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco y el que fue organizador de los actos públicos de Esperanza Aguirre, el exconsejero de Deportes Alberto López Viejo.BÁRCENAS. La investigación sobre el caso Gürtel llega hasta el tesorero del PP el 2009 por un supuesto cobro de 1,3 millones. Tras un archivo provisional y pasar por tres jurisdicciones diferentes, la Audiencia Nacional ha recibido información sobre depósitos por valor de 22 millones en cuentas en Suiza a nombre de Luis Bárcenas que fueron vaciadas al ser imputado.CONDE ROA: Juzgado de Santiago. Este exalcalde de Santiago, del PP, está siendo investigado por un delito fiscal, por apropiarse del IVA de su constructora y tiene otro sumario pendiente por posible corrupción en un contrato municipal.MURCIAUMBRA: El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia investiga delitos de malversación, blanqueo, cohecho y otros, con el alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Cámara Botía, imputado por la presunta trama de corrupción urbanística en la zona Norte del municipio. También están imputados el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia; así como el dueño del Real Murcia, Jesús Samper; y María Isabel Fernández, jefa de la Oficina de Gobierno Local de Murcia.VALENCIAGÜRTEL (rama valenciana): Incluye varias instrucciones en Valencia. El caso de los trajes, ya juzgado y que provocó la caída de Francisco Camps; la pieza separada del caso FITUR, por el que se piden 11 años para la expresidenta de las Cortes Valencianas y exconsellera de Turisme, Milagrosa Martínez; y el caso de la presunta financiación ilegal del PP valenciano.COOPERACIÓN: Sobre el desvío en beneficio de una trama mafiosa de ayudas de la Generalitat Valenciana al Tercer Mundo. Hay 27 imputados, entre ellos el exconseller de Cooperación y hombre fuerte del PP valenciano, Rafael Blasco, dos altos cargos de la Generalitat Valenciana y un empresario en prisión.EMARSA: Sobre el saqueo de 25 millones de euros a la empresa gestora de la depuradora de aguas de Valencia. Están imputados el exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, el popular Enrique Crespo, entre otros.BRUGAL: Sobre la presunta trama de concesión irregular de la gestión de basuras en la provincia de Alicante. En esta instrucción está imputado el expresidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll, y varios alcaldes; en total más de 30 militantes del PP alicantino. En pieza separada, sobre la modificación del PGOU de Alicante, están procesados la alcaldesa de Alicante y diputada autonómica, Sonia Castedo, y el exalcalde de esta ciudad y también diputado autonómico, Luís Díaz Alperi.NÓOS (conexión valenciana) : El juez que investiga el caso Nóos ha abierto pieza separada sobre los contratos del Instituto que dirigía Iñaki Undargarin con la Generalitat Valenciana para realizar varios actos. De momento, no hay ningún cargo del PP valenciano imputado.CARLOS FABRA: La justicia ha procesado al expresidente de la Diputación de Castellón por varios delitos contra la administración pública. Está a la espera de la apertura de juicio oral por una de las causas.
Una docena de escándalos de corrupción en EspañaMucho se escribe últimamente sobre la corrupción en nuestro terruño. Tanto que, como la ETA ya no usa metralleta, pues ha pasado a ser la tercera preocupación de los españolitos de a pie, sólo por detrás del paro y los políticos; ni para quejarnos valemos. Pero hay algo que en España puede diferenciarnos de otros países sobre este asunto: la mayor parte de la corrupción tiene de por medio una causa pública, de tal manera que nos encontramos con que la política que tanto daño ha hecho a nuestro país desde que éste se conoce por ese nombre sigue haciendo de las suyas en beneficio, claro está, de unos pocos.Y es que trastear con dinero público es algo que no se da con tanta frecuencia (o eso parece) en otros países. Y a diferencia de esos otros países, aquí sólo se dan dimisiones cuando se demuestra el delito o existe una imputación en la causa que se está instruyendo en los juzgados. Pero tampoco tengamos tanta envidia, que lo que aquí es corrupción en otros países son prácticas muy legales realizadas por lobbies, aunque por muy legales que sean, realmente no es que sean demasiado éticas, sobre todo si vemos cómo se financian las campañas en otros países, como por ejemplo el maravilloso ejemplo de democracia que nos da cada equis tiempo Estados Unidos.Bueno, como no es plan de hacer una disertación sobre cómo nos roban, sino hacer un repaso por algunos de esos casos por los que aún hoy seguro que alguien se preguntará cómo cojones sigue funcionando este pedazo de cacho de trozo de país.1. FilesaEl, hasta ahora, gran escándalo de la democracia. La financiación irregular del PSOE a través de diferentes sociedades tapadera que hacía que llegara pasta desde diferentes fuentes para que la estructura del partido funcionase. Más de 1.200 millones de pesetas que fueron a parar al Partido Socialista para financiar la campaña de 1989 y que al final acabó con unos pocos condenados y un periódico haciendo las delicias de todos que, a pesar de estar en una situación muy delicada económicamente, parece que no se extinguirá. Uy, eso ha sido una crítica muy dura, quizá. Será que del 11M no se aprendió nada.2. NaseiroOtro de los grandes escándalos que han afectado a partidos políticos y en este caso al Partido Popular. Toda la investigación empezó por un supuesto asunto de tráfico de drogas y acabó derivando en… en… pues que Aznar limpió el partido. Eso sí, Aznar sí tomó decisiones. Mariano, mira a ver, que igual nos entra la risa floja. Bueno, a lo que vamos, que la frase de estoy en política para forrarme atribuida a Eduardo Zaplana pertenece a este caso del que finalmente no hubo culpables dado que las cintas (principal arma probatoria por la que se abrió el caso) se habían obtenido para una investigación diferente.Un caso claro de que nuestro Estado de Derecho respeta los derechos de las personas.3. GürtelBueno, este no está aún juzgado, aunque una parte, la de los trajes, sí. En este tema se está viendo la más que posible adjudicación fraudulenta de contratos públicos a cambio de prebendas y otro tipo de cuestiones, incluyendo la posible financiación ilegal del Partido Popular. Cualquier información sobre este tema es, pues bueno, ya sabéis, más que útil para abrir cualquier telediario, salvo que sea una cadena regional pública (o privada) en la que haya una cantidad ingente de lameculos del partido del poder que toque.4. El estraperloComo todo buen régimen autárquico y dictatorial, la corrupción no podía escapar a una época de tantísima placidez. Y nada mejor que aprovechar una época económicamente desastrosa para fomentar la picaresca, obteniendo además así para unos cuantos unas facilidades que también servían para premiar a los adeptos al régimen. Realmente en la época franquista el estraperlo servía como un gigantesco mercado negro, una economía sumergida para llegar donde no llegaban las cartillas de racionamiento, de tal manera que quien tuviera acceso a ciertos productos y pudiera venderlos se iba a forrar. La connivencia de las autoridades, la picaresca propia del español medio de entonces (mucho mayor que la de ahora, por cierto) y el aislamiento político y social de España por entonces, hicieron que en los años 50 se estime que prácticamente la mitad del grano español se vendió en este mercado negro.5. KIOEste escándalo, aparte de ser origen de una de las quiebras más sonadas de este terruño, supuso algo así como el inicio de la caída de muchos intocables, especialmente aquellos hombres de negocios que iban de guays por la vida, como conseguidores de negocios, pero que detrás lo único que conseguían eran favores y prebendas. En este caso, además, con el agravante de salpicar a la Casa Real, que salvó bien el envite. Hasta que han ido llegando los órdagos en forma de pasotismo del Rey y las cagadas de Urdangarín. Presuntas cagadas, perdón.6. IbercorpCómo España ha ido convirtiéndose en un ventilador de mierda, este caso es uno de los más perfectos exponentes de ello. Un entramado de sociedades para realizar inversiones opacas en Bolsa y en la que, oh, casualidad, llegó a estar implicado el que fuera gobernador del Banco de España, Mariano Rubio. Todo ello, claro está, con las maravillas de la ingeniería financiera (a cualquier cosa lo llamamos ingeniería, la verdad), de tal manera que entre afectados que perdieron sus inversiones, falsedades documentales, posibles cohechos y la pasividad de las autoridades reguladoras bancarias, nos encontramos con un juicio en el que se pacta una sentencia y de quince años de cárcel, pasamos a una palmadita en la chepa con una condena de un año a uno de los mayores especuladores y exponentes de la llamada beautiful people, Manuel de la Concha. Mariano Rubio en este caso se fue de rositas, pero no así en otras muchas mierdas que demostraron que para ser un banquero respetado no hay nada mejor que ser un puto chapucero.7. Grand TibidaboQue la burguesía catalana es uno de los clanes más perniciosos y maquiavélicos de la historia, incluso superando a veces a la banca vaticana, y ahí estaba De la Rosa para poner orden en todo ello. Conseguir hacer desaparecer el patrimonio de la sociedad que gestionaba el Parc del Tibidabo, junto a otros inversores y conseguir que hasta la que fue mano derecha de Jordi Pujol fuera encausado es un logro que no está al alcance de un cualquiera. Sólo un chapuzas profesional puede conseguir tamaña hazaña. Claro que luego los 68 millones que desaparecieron, con unos añitos en la sombra, pues pelillos a la mar. Pero el qué hacía Manuel Prado y Colón de Carvajal, persona de la más estricta confianza del Primero de todos los españoles, es algo que se llevó a la tumba.8. RoldánUno de los casos más espeluznantes que haya habido, que yo recuerde y que además, gracias a Interviú, pudimos ver cómo se las gastan algunos. Un fulano que tenía como mayor logro de estudiante una etiqueta de Anís del Mono, adjudicaciones de obras fraudulentas, cobros de comisiones, fotografías de orgías con huevos colgantes visibles por debajo de la pernera del calzonzillo, huídas por medio mundo, un espía que ríete tú de los que salen en las películas de la Guerra Fría… Un esperpento a mayor gloria de Valle Inclán. O de Muñoz de la Seca.9. GuerraNo, no es Juan Luis Guerra ni los 4,40€ que cuesta ya mi marca de tabaco preferida. Se trata de la contratación de Juan Guerra, a la sazón hermano de Alfonso Guerra, para realizar funciones de asesor. Para entendernos, para hacer de Carromero. El asunto es que junto a eso, pues hacía otras cosas. Como Carromero. Se le imputaron cargos de cohecho, delitos fiscales varios, falsedades documentales… y se le condenó. Aunque luego el Constitucional le absolvió de varios de esos delitos.10. El lino¿Te imaginas una forma preciosa y maravillosa de llevarte al cesto millones de euros de fondos de la Unión Europea dedicados al desarrollo de la agricultura con un cultivo que es plantarlo y pasar del tema? Pues eso es. Claro que había que demostrar no sólo que se había hecho el cultivo, sino que se había recogido y vendido y esas cosas. Claro que la venta, bueno, que había muchas toneladas en almacenes muertas de risa o que se declaraban como cultivadas zonas en las que lo que había era un erial o directamente ni siquiera eran cultivables. Entre los posibles implicados sonó hasta Loyola de Palacio, aunque al final todo esto se apañó con un carguico majo (del PP, todo hay que decirlo) que se cayó con todo el equipo y unos cuantos productores e intermediarios que se metieron al cinto la nada despreciable cantidad de 134 millones de lereles, que son los que reclamó la Unión Europea. Nah, una multica de nada y todos felices.11. Operación MalayaCuando pensábamos que el súmmum del buen gusto era Luis Roldán follándose a un muñeco hinchable, nos deslumbramos, cómo no, con Marbella. Años y años de corrupción urbanística, un fulano que tenía un cuadro de Miró en el baño, sobres, papel couché, tonadilleras enfangadas hasta las mazas… Incluso ha salido el tema en programas del corazón e higadillos varios. Todo un lujo. De hecho, hasta hubo que intervenir el Ayuntamiento porque no quedaba ni el apuntador. Si no recuerdo mal, andaba por ahí también metido Tomás Reñones, aunque con lo que corría en el PC Fútbol 1.0 no creo que le pillaran.12. BrugalPues no, no me lo pongas con cola, que es un poco basura. Ni con limón exprimido lo pasamos. En este maravilloso caso de corrupción de la empresa Basuras Rurales Gestión Alicante (de ahí lo de Brugal, espero que para la operación Clotilde nos den una explicación igual de plausible) resulta que había una empresa que gestionaba la basura y que, nadie sabe cómo, se ha ido quedando sin patrimonio y deudas porque, oh, albricias, la peña se gastaba el dinero a espuertas sin sentido alguno, aparte de sumar falsedades en documentos mercantiles, tráficos de influencias y muchas más mierdas, como corresponde al negocio elegido. Ah, por cierto, en este tema está el PP de Alicante hasta las mazas.Ahora diréis que faltan muchos escándalos. Que si fíjate que los que hay, que he obviado, que he olvidado. Que me han comprado para hablar de unos y no de otros. Tres cojones me importa. Voy a ver que me ha llegado un sobre.
Con mano de obra y materiales de la empresa concesionaria de la conservación de carreteras y, por tanto, con cargo a fondos públicos. Los responsables del Ministerio de Fomento encargados de la adjudicación a dicha empresa habrían utilizado, según la denuncia de los ex trabajadores y que está siendo ahora investigada por el propio Ministerio, materiales y trabajadores de dicha empresa para llevar a cabo obras en viviendas particulares.Así se afirma en la denuncia, donde se hace constar que la casa de campo del funcionario responsable de la concesión se construyó "utilizando personal, materiales y vehículos pertenecientes a la empresa, y costeados por la misma". Son estos mismos trabajadores -que afirman que fueron despedidos cuando comenzaron a denunciar públicamente estas prácticas- los que fueron obligados a prestar sus servicios no sólo en la edificación de esta casa -una nave de aperos en término municipal de La Palma del Condado-, sino también en las reparaciones o reformas llevadas a cabo por el resto de los responsables de la empresa UTE Velasco-Heliopol- en sus viviendas."Era lo más normal del mundo que te llevasen, en horario de trabajo, a hacer arreglos a su casa. Desde construcción pura y dura hasta la instalación eléctrica, nos utilizaban para todo". De este modo, los responsables de la empresa no sólo se ahorraban la mano de obra, sino también los materiales, que supuestamente cogían del almacén de la empresa y transportaban utilizando igualmente los vehículos del trabajo.Hasta el equipo de una de las farolas de la A-49 -concretamente, la número 14, en la zona de Niebla-, que funcionan con placas solares cuyo valor -baterías incluidas- asciende hasta los 3.000 euros, tuvo que ser desmontada por estos operarios, que posteriormente procedieron a su instalación en la citada finca, aunque sospechan que actualmente ya no se encuentra allí. "Creo que en este momento, temiendo que nosotros hablásemos, lo ha quitado; pero que lo montó en su casa lo sé seguro, porque lo tuve que montar yo con otro compañero", explica uno de los denunciantes.De caza con el coche oficialSegún la denuncia, el uso del material y los medios de la empresa -costeados a cargo de fondos públicos- se trasladaba igualmente a los vehículos oficiales, que eran utilizados de manera habitual para cometidos ajenos a la labor propia de la empresa. Así, y tal y como demuestran documentos gráficos que obran en poder de los denunciantes, el vigilante encargado de certificar los trabajos de la concesionaria, dependiente del Ministerio de Fomento, utilizaba habitualmente el coche oficial para ir de caza, incluso por la noche.Por su parte, el funcionario responsable de la adjudicación ha dispuesto durante mucho tiempo de un vehículo -un Seat Exeo de color negro- para su uso y disfrute personal cedido por otra empresa concesionaria de la red de conservación de carreteras, en la que su hijo trabaja como segundo jefe, y además del coche oficial -con chófer incluido- del que dispone debido a su cargo. A cambio, hacía la vista gorda en la supervisión de los trabajos realizados por la empresa, que engrosa facturas para su propio beneficio.