Jueces y ex jueces al servicio de las mafias

[Aire Mutable]

Un nuevo hilo donde recopilar la información de los jueces, fiscales, abogados y demás profesionales de la Justicia... que andan siempre bordeando el hilo de la legalidad-ilegalidad; en ocasiones actúan como jueces en nombre de la justicia y en otras ocasiones, defienden e incluso juegan a favor del corrupto.

Hemos tenido este tipo de hilos en otras ocasiones y siempre ha estado plagado de nombres y de información. El título del hilo es intentándo remomar aquellos hilos...

Comienzo el hilo con la siguiente noticia sobre los jueces


 INFORME DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Politizados y sin independencia: los magistrados suspenden en España  

       Alberto G. Luna - Sígueme en Twitter   21/01/2012  (15:02h)
 
 

  Malas noticias para la judicatura española. Los jueces españoles vuelven a estar en el punto de mira y, después de que el Parlamento blindara 'in extremis' los privilegios de jueces y fiscales metidos a políticos, la organización Transparencia Internacional les ha puesto nota. Y los resultados no han sido muy buenos. Según la ONG nuestros fiscales subordinan su "plena independencia" a "ciertos compromisos políticos" ydestaca que la irresponsabilidad, la corrupción y la ineficiencia de los magistrados no es suficientemente sancionada en España.
 
Los resultados provisionales del Proyecto ENIS-España dibujan una judicatura que actúa "normalmente" con ética, responsabilidad y rigor, pero donde las malas prácticas no son castigadas como deberían. Según Fernando Santa-Cecilia, catedrático de Derecho Penal en la UCM, "en líneas generales el 90% de la judicatura está en una situación respetable e incluso envidiable con otros países, y cumple la función jurisdiccional con bastante respeto, pero siempre hay excepciones. Si hay casos de jueces que se corrompen o supedita su función a otros intereses. y el derecho penal probablemente no está siendo suficientemente contundente".
 
"La gran asignatura pendiente que tenemos es el estrecho ligamen que existe entre la judicatura y la política, como por ejemplo en el Consejo General del Poder Judicial", añade el catedrático.
 
Y no le falta razón. Son muchas las voces dentro de la judicatura que se han levantado en contra del sistema de votación del CGPJ. Por si fuera poco, el pasado 23 de octubre el Parlamento modificó la Ley que varía el régimen actual de los jueces y fiscales que ocupaban un puesto de confianza o un cargo de elección política. Hasta la entrada en vigor de esta modificación, todos aquellos que se habían pasado a la política estaban en un régimen de ‘excedencia voluntaria’, lo que ni acumulaba antigüedad ni le garantizaba el retorno a su plaza. Pero ya no. Ahora, todos los jueces, fiscales o secretarios judiciales que tengan pensado incorporarse a algún partido político o ya lo hayan hecho, podrán conservar antigüedad, seguir tributando y volver a la plaza que tenían antes de su aventura política al estar considerados en “régimen especial”. Es decir, como si nunca hubiesen abandonado la Justicia. Lo que puede dar casos tan estrambóticos como que existan jueces juzgando casos tras haber trabajado 15 años para un grupo político determinado, o que desempeñen un cargo de relevancia después de haber abandonado la judicatura durante toda su carrera profesional.
 
Algo que Carlos Hugo Preciado Domènech, Magistrado de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, ya calificó en su momento y de forma brillante como que "Justicia y Política pasan del flirteo más o menos disimulado a la orgía pública y desbocada”.
 
Para Jesús María Zarzalejos, profesor asociado de Derecho Procesal, “que un juez vuelva al puesto que tenía antes de empezar la actividad política genera sospechas. Lo ideal sería que el juez que se dedica a la política no vuelva a la judicatura. La actividad política resta imparcialidad manifiesta al juez”. “Este tipo de magistrado que vuelve a la judicatura puede ser una fuente de problemas, aunque todo depende de la actitud de cada uno. Salvo excepciones, lo mejor es que se haga una regla de oro. Ser juez es como ser sacerdote”, añadió Zarzalejos.
 
Según Salvador Viada, Fiscal del Tribunal Supremo,  “la justicia debe estar enfocada a la neutralidad política, y el PP y PSOE no creen en ella. Un juez debería de estar al margen”.
 
El problema del CGPJ
 
La ONG, con sede en Berlín, censura que el órgano de control del Poder Judicial está "fuertemente politizado" y que los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia se nombran con una "relativa influencia política". "Existe un cierto incentivo para los jueces que quieran llegar a los puestos superiores de sistema, de subordinar su plena independencia a ciertos compromisos políticos", advierte.
 
Transparencia Internacional recomienda aprobar "una Ley de responsabilidad judicial", que contemple la comparecencia anual del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante las Cámaras y una regulación "más eficaz" de las responsabilidades por errores y dilaciones indebidas. Para despolitizar el órgano de gobierno de los jueces, sugiere que sus vocales sean elegidos "por sorteo" entre magistrados calificados y abogados y juristas de reconocido prestigio, que afronten "una entrevista selectiva pública posterior" en el Parlamento.
 
En el ámbito de la Justicia, la organización también propone reforzar la independencia del Ministerio Público respecto al Gobierno. "Desde luego la Fiscalía Anticorrupción necesitaría de alguna manera reforzar la protección de su independencia", señala.
 
La organización internacional también emplaza a eliminar los privilegios de personas que gozan de la condición de aforados, como son diputados, senadores, miembros del Gobierno central o integrantes del CGPJ, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional o de la Audiencia Nacional. "La posibilidad de conseguir un magistrado especial y protección extra son demasiado evidentes como para permanecer impasibles frente a esta realidad", señala en referencia a los aforados. Además, insta a crear un código ético del diputado y a actualizar la normativa de incompatibilidades y conflictos de interés.
 
http://www.elconfidencial.com/espana/2012/01/21/politizados-y-sin-independencia-los-magistrados-suspenden-en-espana-91289/

[CdE]

¿ Quienes son los verdaderos acusadores de Garzón y por qué?


Ignacio Peláez, ex fiscal de la Audiencia Nacional tiene una relación muy estrecha con la trama Gürtel , es el abogado defensor de José Luis Ulibarri, uno de los principales imputados en la trama corrupta y del exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo del Gobierno valenciano.

Peláez estuvo envuelto en 2006 en un extraño asunto con los famosos , aunque finalmente fue absuelto “porque cumplía órdenes de sus clientes”. En aquella ocasión le defendió el exjuez de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, que ahora, qué casualidad, defiende a Francisco Correa, el líder de la trama Gürtel.

Hay más. Ignacio Peláez es el abogado defensor, además, de Jorge Dorribo, el empresario gallego que ha acusado al ex ministro de Fomento, José Blanco de recibir dinero.

http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120119031151AAd5GSt

[Aire Mutable]

Tirando del currículum de Peláez


Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez, abogados de `Los Albertos´, imputados por el caso de `la carta falsa´

 @C.H.
 
Martes, 19 de diciembre de 2006

Malas noticias para la causa de Alberto Cortina y Alberto Alcocer. La Sala 15 de la Audiencia a Provincial de Madrid ha revocado la resolución desestimatoria de imputación contra sus abogados defensores por el caso de ‘la carta falsa’. De acuerdo con el Auto, emitido el pasado día 14 de diciembre, procede acordar la imputación de los letrados Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez.
 
En este nuevo episodio judicial del culebrón de la ‘carta falsa’, el Tribunal concluye que existen datos suficientes para justificar la imputación de Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez como ‘cerebros’ del documento exculpatorio que apareció supuestamente en el buzón de Gloria Álvarez. Esta carta sirvió a los famosos primos para querellarse contra Pedro Sentieri y Julio San Martín, sus ex socios en Urbanor (dueña de los terrenos de la plaza de Castilla donde hoy se levantan las Torres KIO).
 
Como se recoge en el Auto, “desde la provisionalidad que acompaña a toda imputación en la fase de instrucción, fundamentada siempre en meros indicios, y no en auténticas pruebas, resulta razonable sostener que el letrado Ramón Hermosilla, cuando formalizó el contrato de 27-3-03, conocía la prueba que después se iba a utilizar para lograr la pretensión principal, que no era otra que la de conseguir que prosperase el recurso de revisión y se lograse la absolución de los condenados Alberto Cortina y Alberto Alcocer”.
   “La intervención no fue banal ni inocua”
 
Asimismo, el Auto detalla la intervención de los letrados en la mediación para la elaboración del contrato que firmaron Cortina y Alcocer con la pareja de hermanos Arnaiz, Javier y José María, por la que los Albertos se comprometían a pagar una cantidad de dinero (en torno a 4,5 millones de euros) en caso de que aportaran “material potencialmente probatorio” para ser presentado a la autoridad judicial.
 
De acuerdo con el Auto de la Sala 15, suscribiendo las tesis de los recurrentes (Pedro Sentieri y Julio San Martín), “debe compartirse que la intervención del letrado Ramón Hermosilla no fue banal ni inocua, sino inequívocamente relevante, y muy difícil de sustraerla a la preparación de un ardid encaminado a lograr la libre absolución de sus clientes, pese a que ello exigía nada menos que, a través de un recurso de revisión, se declarara la nulidad de una sentencia dictada por el Tribunal Supremo”.
 
http://www.elconfidencial.com/economia/noticia.asp?id=7692

[Aire Mutable]

Fuga de cerebros y cuchillos. Interesante articulo que viene como anillo al dedo al hilo

07:16 mar 16, 2010 | Luis Rendueles | General 

Fuga de cerebros en la Audiencia Nacional   

Hoy hablamos de la Audiencia Nacional. Porque allí está habiendo una fuga de cerebros muy preocupante y muy peculiar también.
 
Los políticos, conseguidores y constructores acusados en la trama Gurtel de corrupción han contratado como abogados, de momento, a seis expertos de la Audiencia Nacional: Cuatro son antiguos y brillantes fiscales y dos más, son dos ex jueces, ex compañeros del juez Garzón.
El primer azote de Garzón, más allá de la Falange y otros acusadores más o menos excéntricos, es Ignacio Peláez, abogado de José Luis Ulibarri, un constructor de Valladolid acusado de pagar comisiones en la trama Gurtel. Peláez es quien ha presentado el recurso contra la decisión de Garzón de intervenir las comunicaciones de los abogados con los presos de la Gurtel. Con enorme brillantez, por cierto y con mucho mérito.
 
Tiene mérito porque no era fácil. Peláez fue el primero en encontrar ese resquicio para anular el sumario Gurtel o al menos una parte. Y tiene más mérito porque su cliente no está en prisión, es decir, el no estaría afectado… Si no fuera porque el abogado Peláez pasó por prisión y habló con presos de la Gurtel que no eran clientes suyos, supongo que por estrategia. Y ha logrado que, de momento, le den la razón.
 
Cuando los dos coincidieron Peláez era fiscal de la Audiencia Nacional, que es un sitio que, como cualquier otro, tiene bandos, grupillos y camarillas. Peláez, por ejemplo, fue uno de los fiscales de la Audiencia Nacional que se enfrentó a Garzón en todo el tema de Augusto Pinochet. Como fiscal, es decir, como acusación del Estado español, Peláez se opuso al proceso contra el dictador chileno que abrió Garzón. En 2001 fue nombrado magistrado de enlace con Italia y dos años después pidió la excedencia para irse a un prestigioso bufete de abogados Tax &Law, algo así como Impuestos y leyes. Y empezó a defender gente muy muy rica.
 
Tan rica como un narcotraficante colombiano llamado Leónidas Vargas, por ejemplo. Vargas fue famoso por cómo murió: un sicario entró en el hospital Doce de Octubre de Madrid donde estaba ingresado y lo mató a tiros tras preguntar al compañero de habitación, otro enfermo de la cama de al lado, si él se llamaba Leónidas. Este hombre, un ciudadano canario, dijo que no y el sicario giró el brazo y disparó a la cama de al lado, la de Vargas. Ignacio Peláez había sido, meses antes, el abogado que, apoyándose en un informe médico había logrado que Leónidas Vargas saliera de prisión…
 
O sea, defiende a personajes ricos y en problemas, porque dos de los clientes más conocidos del ex fiscal y abogado Ignacio Peláez son Alberto Cortina y Alberto Alcocer, Los Albertos estaban acusados de un pelotazo de miles de millones con las torres KIO en Madrid. Y lo tenían crudo. Pero Peláez hizo maravillas con ellos: logró que el caso prescribiera porque pasó demasiado tiempo antes de que se juzgara. Aunque en aquella historia hubo episodios que desde fuera son poco elegantes, digamos.
 
Apareció una carta misteriosa que les libraba de todo y que era falsa, como se ha demostrado ahora: de hecho, se ha condenado a los Albertos a cuatro meses de prisión por ese montaje. Y el abogado Peláez ha sido absuelto, aunque el tribunal considera sorprendente que le contrataran. La misiva era falsa, pero cumplió su misión porque alargó todo el proceso fuerte, digamos y lo cerró. Y ahora la condena es simbólica.
 
Volviendo al tema de Gurtel, este es el Peláez que está marcando la estrategia de los acusados en el caso Gurtel. Está marcando tendencia, porque a su petición de que se anule buena parte de la investigación se ha añadido ya el abogado de otro acusado, Francisco Correa, alias don Vito y el jefe de la Gurtel. Y varios jueces están en esa línea. En concreto un ex juez de la Audiencia Nacional. Se llama José Antonio Choclán Montalvo y fue juez de la Sala de lo Penal. Y sí, ahora es el abogado de Francisco Correa. En realidad, hasta seis acusados del caso Gurtel han acudido a la cantera de la Audiencia Nacional para defenderse de la investigación… de la Audiencia Nacional.
 
Por ejemplo, el alcalde de Arganda, Ginés López, también acusado, ha contratado a otro fiscal que en su día fuera de los implacables, Florentino Ortí, el que fuera azote de Mario Conde también.
 
Y me llama mucho la atención el caso de otro ex fiscal de la Audiencia Nacional que se pasa al otro lado, Enrique Molina. Molina era un fiscal brillantísimo, con una hoja de servicios impecable en la lucha, por ejemplo contra ETA. Trabajaba en el número cinco de la Audiencia Nacional, el juzgado de Garzón. Y en 2007 se fue de digamos la empresa pública. Ahora es defensor, por ejemplo, de causas en mi opinión menos nobles, como los cuatro acusados de espiar a los políticos del PP Manuel Cobo y Alfredo Prada en la trama de la comunidad de Madrid o, de nuevo en el caso Gurtel, la esposa de Correa, Carmen Rodríguez Quijano.
 
En este caso la mujer de Correa no participa de momento en esa estrategia agresiva contra el juez. Enrique Molina sigue siendo buen amigo del juez Garzón. Aunque Molina declaró que su amistad quedaba suspendida mientras durara el caso Gurtel. El juez es padrino de un hijo suyo y de hecho Molina es quien va a defender a Garzón de las acusaciones, en principio infundadas, por todo aquello de los cursos que dio en Estados Unidos y la querella archivada contra el Banco de Santander.
 
Le defiende y le ataca. Eso es el estado de Derecho o la justicia. Todos tienen derecho a una buena defensa y Molina casi la garantiza. Eso sí, no es un abogado barato de contratar.
Y hablando de dinero hay que decir que no pierden dinero con el cambio. Un fiscal destinado en la Audiencia Nacional o en Anticorrupción gana unos 80.000 euros brutos al año, algo más de medio millón de pesetas al mes, para que nos entendamos. Los jueces como Garzón ganan algo más, unos 4.000 euros mensuales.
 
Y como abogados de los acusados en los casos de corrupción pueden ganar cuatro o cinco veces más que trabajando por el bien público. Hasta 300.000 euros anuales. No extraña que un policía nos confiese que la Audiencia Nacional está siendo un trampolín para que algunos den el salto al otro lado y se enriquezcan. En los últimos años ha habido una decena de casos.
Estos abogados saben como funciona la casa, sus lagunas y sus defectos. También tienen agenda y pueden mover influencias. Y los que tengan menos escrúpulos pueden prometer milagros que a veces consiguen y otras no. Es un tema que han denunciado ya asociaciones de fiscales, especialmente después del caso del fiscal Saiz Díaz. Este hombre fue fiscal del Tribunal Superior de Madrid y de la Fiscalía Especial Anticorrupción hasta 2005. Se dedicaba a luchar contra la delincuencia económica hasta que pasó a la empresa privada, concretamente a trabajar para el bufete Gómez Acebo &Pombo, uno de los más prestigiosos de España. Saiz Díaz se había hecho conocido porque fue uno de los fiscales que investigó al presidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra. Tras dejar él de investigar a Fabra, el despacho de abogados para el que trabajaba fue contratado para asesorar al gobierno valenciano de Francisco Camps en un proyecto llamado Mundo Ilusión, un parque temático que está empantanado hace años… Y que iba a levantarse en Oropesa, Castellón, el territorio de Carlos Fabra.
 
No hay nada ilegal en esto, porque el ahora abogado Saiz no intervino directamente en este tema, claro. Es una coincidencia.
 
Luego hay un caso que los oyentes recordarán, el ex juez Gómez de Liaño, condenado por prevaricación en todo el tema de Sogecable, expulsado de la carrera y luego indultado por el gobierno de Aznar. Gómez de Liaño también tiene una carrera importante como abogado con clientes bastante conocidos. Por volver a la Gurtel, donde casi todos los acusados, algunos aparentemente humildes, tienen grandes abogados, no podía faltar Gómez de Liaño, que se encargó de la defensa de Ricardo Galeote, ex concejal del PP en Estepona, hermano de Gerardo, ex eurodiputado e hijo de José Galeote, ex concejal en Boadilla. Por cierto, la abogada de éste último es María Dolores Márquez de Prado, que también fuera fiscal de la Audiencia Nacional y esposa de Gómez de Liaño. Pero Liaño también ha defendido a Zakhar Kalashov, juzgado en el mismo tribunal por ser un jefe mafioso ruso. La sentencia no se ha conocido todavía, pero Kalashov, un ladrón de ley del que hemos hablado aquí, ya está en libertad provisional tras cuatro años en la cárcel y no le van a condenar a mucho más de cuatro años de prisión. Así que Gómez de Liaño no lo ha hecho mal. Kalashov ha gastado en su defensa, porque ha tenido varios abogados en España y fuera de aquí casi mil millones de pesetas, según nos cuentan. De hecho, en este caso es la primera vez que se ha detectado un intento serio de comprar jueces en la Audiencia Nacional.
 
Esta historia se supo en una conversación grabada por los investigadores. Se oye al mafioso ruso presumir de que va a regalar un icono de arte bizantino al juez Fernando Andreu, que era el encargado de decidir si le ponía en libertad antes del juicio o no. El icono valía 18.000 euros, según se decía. El juez debió de decir que no, porque Kalashov siguió en prisión hasta el juicio y hasta ahora. Pero las maniobras continuaron porque una vez que el juez Andreu se fue de vacaciones, se pidió la libertad condicional a un juez sustituto que parecía más predispuesto.
 
Una de las personas que vivió todo aquello nos contó que “se aceleró la maquinaria del Estado para evitarlo”. Y así fue. Eso sí, Kalashov tardó horas, años después, para lograr pagar los 300.000 euros de fianza que le pusieron a principios de este mes para salir en libertad.
 
En fin, que la Audiencia Nacional es casi el centro de la justicia en España. Lo que muchos fiscales y asociaciones reclaman es que se regule con claridad cuándo un fiscal puede ir y volver (en excedencia, como hizo Garzón), qué ramas del Derecho puede tocar, qué asuntos… Leyes, en definitiva, para evitar en el mejor de los casos, dar mala imagen y propiciar malos pensamientos. Está mucho en juego.
 
http://blogs.ondacero.es/territorionegro/entry/fuga_de_cerebros_en_la

[Urederra]

Cuando su señoría es el sancionado (o no)

Magistrados con graves infracciones no son castigados por una cuestión de plazos

La salud mental no se controla ni en el ingreso ni durante el ejercicio del cargo

El Poder judicial no hace públicas desde hace años las resoluciones disciplinarias

Juan de Dios Anguita juzgó casos en los que se dirimían importantes intereses económicos que les afectaban directamente a él y a su esposa. El Consejo General del Poder Judicial lo sancionó con una suspensión de 12 años por no abstenerse en esos procedimientos y por ejercer actividades empresariales incompatibles con la de juez. Pero el Tribunal Supremo anuló la decisión un año después, en diciembre de 2010. Consideró que se había tardado demasiado en sancionarlo, que se habían sobrepasado los plazos legales, e incluso reconoció su derecho a ser indemnizado. El juez, titular del juzgado de primera instancia número 4 de Málaga, volvió a impartir justicia. No era la primera vez que el Supremo enmendaba la plana al Poder Judicial para favorecer a Anguita. El tribunal le rebajó en 2006 otra suspensión de tres meses a uno por desatender sus asuntos, y en 2003 le anuló otra por abandonar su puesto de trabajo. Tras su último regreso, fue jubilado por incapacidad en septiembre de 2011.

El presidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín, asesoró jurídicamente a un narco y trató de convencer a sus compañeros de tribunal para que lo dejaran en libertad, según la resolución del Consejo que lo apartó de la carrera. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo condenó por negociaciones prohibidas a los funcionarios. Pero el Supremo lo absolvió más tarde porque consideró que su asesoramiento no había tenido la suficiente entidad. Martín volvió a su puesto entre los elogios de algunos de sus compañeros, aunque no permaneció en él ni dos meses. El Consejo lo expulsó días antes de su jubilación. El Supremo tendrá, posiblemente, la última palabra.


De la utilización del cargo para el propio beneficio económico a la dejación absoluta de funciones que causa el desgobierno de juzgados y tribunales. Del insulto a casos flagrantes de acoso laboral o a la utilización del juzgado para engrasar y acelerar las gestiones personales más cotidianas. La juez de Úbeda María Dolores Barragán, por ejemplo, abrió diligencias penales contra una perfumería porque no quisieron cambiarle una colonia que había comprado. El castigo para ella fue un año de suspensión. El caso de Barragán está entre los centenares que recoge el repertorio de resoluciones disciplinarias redactadas por el Poder Judicial en los últimos años, que revela actuaciones manifiestamente ilegales de jueces realizadas en acto de servicio. Infracciones cometidas por los que mejor conocen el derecho y los límites que les impone.

Los resultados provisionales de un informe de la ONG Transparencia Internacional sobre España, hechos públicos esta semana, son preocupantes. El documento califica como uno de “los puntos débiles más importantes” del sistema judicial “la débil rendición de cuentas existente en la práctica”. “Los jueces actúan normalmente con ética, responsabilidad y rigor, pero la irresponsabilidad, corrupción e ineficiencia no son suficientemente sancionadas”, señala el informe, que habla también de la “fuerte politización” del órgano de gobierno de los jueces y de los nombramientos de los miembros de los tribunales de más alto rango: “Existe un cierto incentivo, para los jueces que quieran llegar a los puestos superiores del sistema, de subordinar su plena independencia a ciertos compromisos políticos”. Algo que, junto al fuerte corporativismo, está también relacionado con el modo en el que los jueces se imponen las sanciones entre sí.

Cada caso es grave, porque los jueces ejercen un poder del Estado: el judicial. En sus manos están algunas de las decisiones más trascendentes para la vida de los ciudadanos. Las toman cada día. No es solo la libertad o la prisión, en asuntos penales, o la protección de las mujeres maltratadas. Juzgados y tribunales aplican la ley para resolver sobre matrimonios, divorcios, despidos, herencias, pensiones, quiebras… La aplican a todo salvo, a veces, a sí mismos. Casos como el de Anguita o Martín ayudan a extender ese estado de opinión.

Quizá por ello, el Poder Judicial ha optado en los últimos años por una política de opacidad que impide conocer sus resoluciones disciplinarias (solo se hace público el fallo de los expedientes más sonados) que, hasta 2004, se publicaban en un libro que salvaguardaba la intimidad omitiendo los datos personales. Ahora no se facilitan ni a través del gabinete de prensa, que sí ofrece, sin embargo, los datos generales. EL PAÍS ha revisado los acuerdos del pleno y de la comisión disciplinaria desde 2004 hasta finales de 2010. Los miembros del Consejo consultados se niegan a valorarlos.

Entre 2008 y el tercer trimestre de 2011 (la fecha de las últimas estadísticas), el Poder Judicial inició 5.979 investigaciones contra jueces y magistrados, según cifras de la institución. De todas ellas, 204 (el 3,4%) originaron expedientes disciplinarios, de los que 126 terminaron en sanción (el 2,1%). En todo ese período, solo un magistrado (José Antonio Martín) fue expulsado de la carrera. Los castigos más duros —los previstos para las faltas que la ley califica de muy graves— se reparten entre 23 suspensiones temporales de funciones y un traslado forzoso. Conductas graves que, en muchos casos, provocarían la dimisión de cualquier miembro de otro poder del Estado, como ministros o diputados, en el caso de los jueces se zanjan con dos o tres años fuera de la carrera, tras los cuales vuelven a vestir la toga e impartir justicia. En el campo penal, los reproches también son escasos. Un vistazo al repertorio de sentencias del Supremo arroja ocho condenas por prevaricación desde 1998, y los fallos de los tribunales superiores de justicia en los últimos ocho años contra jueces y fiscales por este delito rondan la treintena.

Marbella. 1999. Pilar Ramírez no podía ejercer como juez en ese municipio de menos de 100.000 habitantes en el que su hermano y su padre tenían importantes intereses económicos en la zona. Pero lo hacía. Y participó en asuntos en los que era parte el Ayuntamiento, gobernado entonces por Jesús Gil, a pesar de que su familia había firmado convenios urbanísticos de gran cuantía económica con el Consistorio, que casualmente resultó muy beneficiado por la actuación de Ramírez. El Consejo la expulsó de la magistratura. Tres años después, el Supremo entendió que los hechos no eran tan graves como para merecer la expulsión, a pesar de reconocer el “ostensible y profundo ataque a la imparcialidad judicial”, y rebajó la sanción a una suspensión de cuatro años. La magistrada se reincorporó en 2003. Hoy imparte justicia en Torremolinos.

Siete años después, la historia se repite en el mismo partido judicial. Juan Antonio Roca, cerebro del caso Malaya —la trama de corrupción destapada en Marbella en el posgilismo— entregó 73.800 euros a Francisco Javier de Urquía. A cambio, Roca le pidió que prohibiera la emisión del programa Misión Imposible: Operación JAR, sobre el enorme patrimonio acumulado por el exasesor de urbanismo. El juez cumplió su palabra. Dos años después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo condenó por cohecho a dos años de cárcel (que no tuvo que cumplir) y a 17 de inhabilitación por prevaricación, pero unos meses después, la Sala Penal del Supremo le absolvió de este último delito, que le hubiera apartado casi definitivamente de la carrera. El pasado diciembre, otra sala del alto tribunal, la de lo Contencioso, permitió al juez reincorporarse. Aunque tuviera antecedentes penales. Haber delinquido, según los magistrados, impide entrar en la carrera, pero no volver a ella tras una suspensión. Urquía, sin embargo, seguirá apartado porque ha sido juzgado de nuevo por cohecho y prevaricación en otro asunto de corrupción también instruido por él, el caso Hidalgo.

Cuando hay sanción disciplinaria, en algunos casos los jueces ni siquiera llegan a cumplirla. Y no porque no hayan cometido los hechos o estos no hayan sido castigados, sino por un problema de plazos. El tiempo legal para resolver los expedientes disciplinarios es de seis meses, “lo que ciertamente contrasta con el plazo de 12 meses adoptado para los expedientes relativos a los secretarios judiciales y funcionarios de la Administración de Justicia”, reconoce el propio órgano de gobierno de los jueces en una resolución del 15 de abril de 2009. No son pocos los supuestos en los que gravísimas conductas han quedado sin sancionar porque el Supremo consideró que el expediente no se resolvió a tiempo. Ese plazo tan exiguo azuza las estrategias de los expedientados, que suelen obstaculizar las investigaciones dilatando los trámites hasta el límite. A veces son los propios instructores, actuando de forma corporativa, los que no dan la agilidad necesaria a sus pesquisas, según reconocen fuentes del gobierno de los jueces.

Ocurrió, por ejemplo, con Coro Cillán, de nuevo investigada por el Poder Judicial. Es un ejemplo de juez sancionada reiteradamente que continúa impartiendo justicia. Cuando era magistrada de la Audiencia de Gipuzkoa, se le impuso una multa de 600 euros por retrasos reiterados y graves en 1999. No dictaba sentencia o lo hacía injustificadamente tarde —en algún caso, más de tres años después de la vista—. La sanción no le hizo cambiar de actitud. En 2002, el Consejo tenía de nuevo sobre la mesa un expediente por hechos similares. El fiscal y el instructor pedían su expulsión de la carrera “por los perjuicios causados a los particulares, la forma del retraso y los modos empleados para intentar ocultarlo” y “para evitar que vuelvan a producirse en el futuro hechos similares, con grave daño y reiterado para la administración de justicia”.

El Poder Judicial, aún admitiendo que los hechos eran “especialmente graves”, decidió que no tenían “la entidad suficiente como para acudir a la máxima sanción”, e impuso dos años de suspensión a Cillán. Un año más tarde, ese órgano se encontró de nuevo ante “retrasos injustificados, reiterados y muy graves” y la suspendió un año más, por la “trascendencia y repercusión social de su comportamiento”. El Supremo anuló la primera de las resoluciones sancionadoras tras considerar que no se habían respetado los plazos de caducidad. La segunda suspensión la dejó en una multa de 1.800 euros porque las dilaciones, según el tribunal, no habían tenido “una incidencia especialmente perturbadora en la marcha general” de su juzgado.

Un desgobierno similar, fraguado durante los casi 10 años que tardó el Consejo en actuar, reinaba en el juzgado central 4 de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. El órgano de gobierno de los jueces sancionó a su titular, Manuel Arce, cinco veces desde 2001 por atascar el juzgado y no resolver. También se le abrieron dos expedientes más por faltas de respeto a sus funcionarios que, en algunos casos, rayaban en el acoso laboral. Arce se hacía llamar por todos “señoría ilustrísima” mientras se dirigía a sus funcionarios llamándoles “feo”, “calvo” o “gordo”.

El ambiente de “tensión y miedo” provocó que 24 funcionarios pidieran el traslado. Dos de ellos y la secretaria judicial requirieron tratamiento psiquiátrico a causa del acoso del juez, que los trataba a gritos y los amenazaba con “empaquetarlos” con expedientes. Sus malos modos también los sufrieron letrados, abogados del Estado y procuradores, y él mismo confesó que llegaba al juzgado entre las dos y las tres de la tarde. Pero el Consejo dejó el asunto en una multa de 8.000 euros que después el Supremo le levantó. Como en el caso de Cillán, el expediente había caducado, según el tribunal. El órgano de gobierno de los jueces no inició los trámites para inhabilitar a Arce hasta 2010, tras su última suspensión, cuando acumulaba ya más de 500 causas sin resolver.

Juan de Dios Anguita también se benefició del corto plazo para resolver los expedientes de los jueces. El magistrado de Málaga fundó con su mujer una sociedad, Propiedades Pantie, con la que compró 18 viviendas de una promoción inmobiliaria. Como esta no funcionó, revendió las casas a la sociedad a las que se las había adquirido, Sherry Mirador. Para hacer frente al pago, la empresa hipotecó una finca sobre la que pesaban algunos embargos. El juez participó en varios procedimientos contra Sherry Mirador que afectaban a la deuda que él quería cobrar, y en uno de ellos invitó a las partes a llegar a un acuerdo “no sin cierta presión interesada”, según el Poder Judicial, que lo sancionó por seis faltas muy graves —no abstenerse en cinco ocasiones sabiendo que debía hacerlo y ejercer actividades incompatibles con la condición de juez— a 12 años de suspensión de funciones. El Supremo lo anuló todo porque el procedimiento se había demorado demasiado.

Sucedió igual en el caso de José Manuel Raposo. El juez utilizó el poder que le daba el Estado para sus asuntos personales. Su Fiat Coupé 130, un modelo lanzado en 1969, no pasaba la ITV. Tras hacer las reparaciones que se le exigían, a la tercera, superó la inspección. Pero al día siguiente mandó desde su juzgado un fax reclamando, en el plazo de cinco días, 18.000 euros por daños y perjuicios. “Estoy en condiciones de garantizarle que su vida dejará de ser algo agradable en los próximos meses e incluso años”, decía al jefe de inspección de la ITV en su escrito, al que amenazaba con “toda suerte de reclamaciones, demandas y querellas” en caso de que no le abonara la cantidad. El Consejo lo suspendió por 12 meses en 2004, pero el Supremo anuló la sanción porque el expediente había tardado más de seis meses.

Hay casos similares. A pesar de ello, no todas las asociaciones de jueces están de acuerdo en revisar el plazo del procedimiento. La asociación moderada Francisco de Vitoria cree que es un período más que suficiente que no hay que tocar, según su portavoz José Luis González Armengol. “Si se aumenta el tiempo de la caducidad, seguirían produciéndose disfunciones”, coincide la magistrada de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Teresa Sáez. “Tampoco se pueden mantener abiertos los expedientes ad aetérnum”. Discrepa la progresista Jueces para la Democracia, cuyo portavoz, José Luis Ramírez, opina que el plazo es insuficiente, sobre todo en algunos casos: “El juez, en un Estado democrático, tiene que responder por sus actos, y seis meses es poco para investigar según qué expedientes. Hay supuestos muy distintos y algunos exigen una instrucción más amplia que otros. Por otro lado, no tiene sentido que los plazos sean más cortos para los jueces que para los fiscales o secretarios judiciales”.

Las sospechas sobre la impunidad de algunos comportamientos objetivamente ilegales se disparan por el hecho de que son los propios jueces los que se juzgan a sí mismos. Las faltas graves las sanciona la comisión disciplinaria del Poder Judicial. Después, en recurso, decide el pleno de ese órgano, que es también el encargado de enjuiciar las muy graves. Catorce de los 21 miembros de la institución son magistrados de carrera. Los sancionados, además, recurren sistemáticamente ante el Supremo, que toma la última decisión. Así que las irregularidades se dirimen entre compañeros.

Un caso paradigmático que multiplicó las acusaciones de corporativismo fue el del juez sevillano Rafael Tirado, que no envió a prisión a Santiago del Valle, condenado en firme por abusos sexuales, hasta que se descubrió que este había asesinado a la niña Mariluz Cortés. El expediente se había traspapelado. Frente al clamor popular y la petición del fiscal para que fuera suspendido, el Consejo le impuso 1.500 euros de multa. En esa ocasión, la tradicional división entre progresistas y conservadores en ese órgano se convirtió en una fractura entre los vocales procedentes de la carrera (14) y los elegidos entre otros cuerpos jurídicos (7). Los primeros impusieron la sanción económica frente a dos fiscales y tres abogados partidarios de la suspensión. El Supremo bendijo la multa.

Otras veces, el alto tribunal reduce las sanciones del Consejo. Ángel Luis del Olmo fue castigado con multa de 7.500 euros en 2008 por abuso de poder y desconsideración con sus funcionarios. El juez, destinado en Talavera de la Reina (Toledo) provocó entre los trabajadores del juzgado “situaciones de humillación, angustia, temor, nerviosismo y estrés, así como de repulsión, debido a su falta de higiene y aseo personal”, según la resolución. El magistrado les lanzaba expresiones como “usted está aquí para servirme”, “la ley soy yo” o “aquí manu militari”, y cuando le replicaban, respondía con frases como “por mis cojones” o “aquí mando yo”. “Los funcionarios no podían soportar su hedor corporal y su falta de limpieza, o que se hurgara de manera indecorosa en los pies, los oídos, la nariz o les salpicara con la saliva”, relata el acuerdo. “Tampoco soportaban su costumbre de orinar en los lavabos del despacho con la puerta abierta mientras continuaba dictando”, prosigue. “No es cierto que no sea higiénico. Me afeito todos los días y me pongo corbata en los juicios”, dijo Del Olmo tras conocer su sanción. “Estuve una semana sin agua, pero no es culpa mía”, añadió. Dos años después, el Supremo le rebajó la sanción a 5.000 euros.

Otro problema, no menor, es la dificultad para jubilar a magistrados con trastornos psíquicos. La salud mental de los jueces, a diferencia de otros funcionarios, no se evalúa ni antes ni después del ingreso en la carrera. Salvo que lo pida el propio magistrado —lo que no es habitual por la importante reducción de sueldo que supone—, es el Consejo el que promueve la incapacitación. El proceso es lento y complicado. Un informe del Poder Judicial fechado en 2006 hablaba de al menos 30 magistrados ejercientes con padecimientos psíquicos, y la comisión disciplinaria de este organismo pidió en febrero de 2008 que se abordara el problema porque suponía “un perjuicio para la tutela judicial de los ciudadanos”. El pleno se negó para no crear una “alarma social injustificada”.

Los casos que llegan a esa comisión son preocupantes. Una resolución de 2009 sobre una juez que acumulaba retrasos y creía que sus compañeros la perseguían asegura que, según el forense, la magistrada padecía “una situación de disminución del funcionamiento neurocognitivo e ideación delirante que le imposibilitan para la función de magistrado-juez”. La patología ya estaba presente “presumiblemente, en periodos muy anteriores”, y se habla de una depresión “de más de 15 años de evolución”. El caso acabó con la apertura de un expediente de jubilación por incapacidad, pero la magistrada juzgó durante años sin estar capacitada.

El pleno del Consejo, en junio de 2010, resolvió el caso de una juez destinada en una Audiencia Provincial que padecía “trastorno adaptativo con reacción de ansiedad”. Le había sido diagnosticado en el verano de 2006. A partir de ese momento, pasó largas temporadas de baja, pero también otras tantas de actividad en el tribunal, durante las cuales acumulaba notables retrasos. La relación con sus compañeras de sección devino imposible. Acusó a la presidenta de la sección de ser “una choriza y una delincuente” y a otra compañera de no tener “ni ** idea”. Su psiquiatra, en un informe de 2009, alegó que tenía una “ansiedad de carácter fóbico”, y que el “simple hecho de plantearse el trabajo la desencadenaba”. El problema era que su modo trabajar era demasiado “riguroso, muy responsable y concienzudo”. Fue sancionada por el pleno con 1.800 euros de multa por una falta leve y dos graves.

En este punto están de acuerdo las tres asociaciones de jueces: hay que abordar el problema de los magistrados con trastornos psíquicos. “Es necesario potenciar los expedientes de incapacidad y dar el tratamiento adecuado a los compañeros que tienen problemas de este tipo para su propio beneficio y el de la justicia”, señalan desde la asociación Francisco de Vitoria. “La evaluación de la salud mental de los jueces debería hacerse en el momento del ingreso en la carrera y durante el ejercicio de la misma”, opina la portavoz de la APM. “Y creemos que debería llevarse a cabo a través de un sistema de prevención de riesgos laborales para jueces y magistrados”. “Es un secreto a voces que hay compañeros con anomalías psiquiátricas graves y que sus casos no se abordan con rapidez”, añade el portavoz de Jueces para la Democracia, que coincide con los demás en la necesidad de articular una regulación eficaz a través de la prevención de riesgos laborales y la instauración de controles psicológicos periódicos.

¿Creen los jueces que, en general, el sistema de rendición de cuentas funciona? “Sí”, responde González Armengol, portavoz de la Francisco de Vitoria. “Además de la responsabilidad disciplinaria, respondemos civil y penalmente. La gente se comporta con corrección por lo general, y el régimen disciplinario es durísimo, no blando”. “Se investigan muchísimos casos y las sanciones son duras”, contesta María Teresa Sáez, de la APM. “A veces se abren expedientes por quejas que no tienen base, y creo que en comparación con otros colectivos, respondemos por nuestras actuaciones. Es cierto que hay casos incomprensibles, que a nosotros también nos indignan porque no queremos según qué compañeros de viaje, pero no se pueden generalizar”.

Jueces para la Democracia, sin embargo, propone numerosos cambios. Aparte de aumentar el plazo para tramitar los expedientes sancionadores y controlar la salud mental de los jueces, cree que “es necesario un desarrollo reglamentario que fije los trámites del procedimiento y que tipifique de forma mucho más precisa las infracciones y la gradación de la sanción”, afirma su portavoz, José Luis Ramírez. “Todas las lagunas suponen un riesgo de arbitrariedad que debe subsanarse. La práctica, además, plantea otros problemas. La politización del Poder Judicial provoca en ocasiones que cuando el Gobierno discrepa del contenido de alguna resolución se ataque disciplinariamente al juez a través de los vocales del CGPJ elegidos por los partidos, o que determinados casos muy mediáticos que llegan a ese órgano no sean juzgados con imparcialidad”.

http://politica.elpais.com/politica/2012/01/28/actualidad/1327789214_926686.html

[Urederra]

Rafael Tirado

En su juzgado se traspapeló el expediente de Santiago del Valle, que debía estar en prisión por un delito de abusos sexuales. El descuido permitió que este matara a la niña Mariluz. Multa de 1.500 euros.

Adelina Entrena

La juez de lo Penal de Motril mantuvo encarcelado 455 días a José Campoy, al que había absuelto de robo. El Consejo constató su descontrol sobre los reclusos. Expulsada.

Francisco Javier de Urquía

Recibió 73.800 euros del cerebro del caso Malaya. El Supremo lo absolvió de prevaricación y permitió su vuelta. Está suspendido porque se le investiga por otro soborno.

Fernando Ferrín Calamita

Frenó una adopción por una pareja de lesbianas, lo que le valió una condena por retardo malicioso. El Supremo agravó su pena. Apreció prevaricación. 10 años de inhabilitación.

José Antonio Martín

Asesoró jurídicamente a un narco y trató de que sus compañeros de tribunal lo dejaran en libertad. El Supremo lo absolvió, pero el Poder Judicial lo expulsó.

Pilar Ramírez

Benefició al Ayuntamiento de Marbella, gobernado por Jesús Gil y, de paso, a las empresas de su padre. Fue suspendida por cuatro años. Sigue impartiendo justicia.

http://politica.elpais.com/politica/2012/01/28/actualidad/1327789214_926686.html

[Urederra]

Los periodistas, mejor callados

El Consejo General del Poder Judicial no pierde ocasión para corroborar lo que todos sabemos desde hace años, que es un organismo altamente politizado, endogámico y de piel finísima, incapaz de acometer su principal tarea: poner orden en el guirigay que es la justicia en España. Esta misma semana, coincidiendo con el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de devolver a los jueces la capacidad para elegir a la mayoría del Consejo General del Poder Judicial (una medida que ya defendió su padre hace 27 años), los vocales del organismo, en reunión plenaria, han salido unánimemente en apoyo de la magistrada Coro Cillán García de Iturrospe y han condenado las “vejatorias” informaciones que, en su opinión, “afectan gravemente al derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen”.

Para quien ande despistado, hay que recordar que Cillán es la titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid que ahora dirige la reapertura de facto del caso del 11-M, el mayor atentado terrorista de la historia de España. Un asunto que, sea cual sea su desenlace, requiere por parte del instructor del más alto grado de competencia. Las veleidades de esta nueva investigación, así como las andanzas de Cillán en otros juzgados, bien valdrían una historia aparte. Baste recordar que ya fue sancionada en 1999, en 2002 y en 2003 por retrasos injustificados y graves cuando estaba destinada en la Audiencia de Gipuzkoa, llegando a pedir en uno de los casos el fiscal y el instructor del expediente su expulsión de la carrera.

Para no desviar el tiro, me referiré solo a la información publicada en estas páginas el domingo pasado bajo el título Inestable para juzgar. En ella se daba cuenta de que la Inspección del Poder Judicial ha abierto ahora un expediente disciplinario contra Cillán por tres faltas muy graves en la tramitación de una causa que no tiene que ver con el 11-M, sino con el precinto de una sala de fiestas de Madrid, y que ponen de manifiesto posibles arbitrariedades en sus decisiones, entre ellas nombrar a su supuesto “novio” administrador de la discoteca intervenida (con un sueldo de 2.500 euros) tras intentarlo con un supuesto “amigo” (sueldo de 18.000 euros). La investigación judicial revela asimismo que una secretaria y dos fiscales del juzgado atribuyen a Cillán actuar bajo la ingesta de bebidas alcohólicas que transforman en “irascible” su conducta y le llevan incluso a “confundir personas y delitos”.

La información parte del expediente del propio Consejo. Vista su reacción, es evidente que el Poder Judicial hubiese preferido que no se publicase. Mejor el silencio que la información al ciudadano. Mejor reunirse plenariamente para acusar de vejatoria la publicación de su propio informe que hacerlo para tratar con urgencia el caso de esta juez de la que un fiscal asegura que “confunde personas y delitos”. Debería preguntarse el Consejo si es moralmente aceptable que un periodista en posesión de esta información no la publique, si acaso las dudas fundadas sobre la capacidad de la juez Cillán y su gobierno no son hechos de interés público que trascienden absolutamente el umbral de la intimidad. ¿Acaso no es ella misma una funcionaria con unos poderes extraordinarios y que lleva una de las causas más graves de la historia de la democracia? ¿No es relevante para la ciudadanía saber lo que dicen los fiscales y funcionarios que tratan con ella en el ámbito de su trabajo público? ¿No es obligación de la Administración rendir cuentas sobre el cumplimiento escrupuloso de las normas por parte de los jueces? Así sería en un país donde el Poder Judicial situase el interés del ciudadano por encima del suyo propio. Que cada uno juzgue si esto ocurre en España. Mientras tanto, los periodistas cumpliremos con nuestro deber: informar verazmente de los hechos que consideremos relevantes y de interés público.

http://politica.elpais.com/politica/2012/01/28/actualidad/1327790785_254588.html

[CdE]

Pilar Ramírez

Benefició al Ayuntamiento de Marbella, gobernado por Jesús Gil y, de paso, a las empresas de su padre. Fue suspendida por cuatro años. Sigue impartiendo justicia.

http://politica.elpais.com/politica/2012/01/28/actualidad/1327789214_926686.html

La juez Pilar Ramírez Balboteo y la mafia italiana

La Fiscalía Anticorrupción acusó a la ex juez decana de Marbella Pilar Ramírez de proteger los negocios comunes de su familia con la mafia. El fiscal jefe, Carlos Jiménez Villarejo, acusó a la familia de la juez de mantener relaciones mercantiles con dos mafiosos italianos, Felice Cultrera y Gianni Menino, y con Jesús Gil.

Recientemente, La Opinión publicaba que, según Interpol Roma, en el año 1.991 Felice Cultrera y Gianni Menino "tenían el monopolio del trafico de cocaína de Sudamérica a Europa, blanqueando el dinero procedente del narcotráfico en inversiones en el sector inmobiliario".

Esta información propició la instrucción de las diligencias previas 365/91 en el Juzgado Central de Instrucción numero Cinco de la Audiencia Nacional, en las que se investigó a los ya citados, así como al anticuario afincado en Marbella Angelo Salamini y a Ana Muñoz Oriol, hermana de Ángeles Muñoz, la actual alcaldesa de la ciudad.

Ana Muñoz Oriol está casada con Felice Cultrera y creó junto con Juan Ramírez, el padre de la juez, la empresa Fisher Island SL.

Por su parte, El País relacionaba a Cultrera y a Menino con uno de los capos de la mafia rusa recientemente detenidos.



Guerrero Abogados y el ex juez Antonio Ruiz Villén

Antonio Ruiz Villén es socio de Guerrero Abogados, tal y como publica la propia web del bufete.

Cuando se produjo el famoso robo de expedientes de GIL, Antonio Ruiz Villén era titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella. En total desaparecieron 15 expedientes, 13 de los cuales contra Gil.

Ruiz Villén fue Secretario de la Junta de Jueces del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de Marbella en tiempos en los que Pilar Ramírez Balboteo era la Juez Decana de Marbella.



Salvador Guerrero, el vocal del PP para la Gestora de Marbella

Tras la disolución del Ayuntamiento de Marbella como consecuencia de la operación Malaya, el Partido Popular nombró como miembro de la comisión gestora a Salvador Guerrero.

Guerrero tuvo que renunciar al cargo al conocerse que su despacho, Guerrero Abogados, defendía a 2 de los imputados en Malaya: José Jaén (concejal de Cultura del Ayuntamiento) y Leopoldo Barrantes, (secretario municipal del Consistorio).

Guerrero es además el letrado defensor del ex coordinador de Hacienda y contable del Consistorio, Antonio Calleja, imputado en el 'caso Saqueo 2' de la Audiencia Nacional por la presunta malversación de 41 millones de euros de las arcas públicas.

Guerrero Abogados también lleva la defensa de, al menos, un imputado en el 'caso Ballena Blanca'.

http://ciudadanos-de-espartinas.lacoctelera.net/post/2008/07/21/operacion-jade-limusina-zagaleta-y-trama-liechtenstein

[mpt]

pos na, como pedia el 15m, que les den independencia; y va y lo hace el pp; "manda huevos", que diria el ejjperto de la peña;

http://blogs.elpais.com/ojo-izquierdo/2012/01/cosas-de-los-ruiz-gallard%C3%B3n.html

tambien podian hacer lo mismo con hacienda, que tampoco hay desertores que se pasan a la privada;

cada vez es mayor el número de empresas que pagan menos del 20 % de impuestos, deberían de revisar todas las deducciones que se aplican; allí hay mucha pasta y mucho desertor de clase que se volveria a trabajar para lo publico; ademas el argumento de que si les apretan se iran las empresas y los enjprendedores, es mentira casi siempre, pero con recesion global mundial y aqui con la nueva reforma laboral, no se va nadie; eso de la fuga de capitales y empresas vale pa los buenos tiempos y pa no empezar negocios dudosos cuando hay otros seguros; pero ahora estan caninos por pillar de donde sea, sirva de muestra los impuestos que pagan;

CdE, te falta un hilo de acusados por saltarse los impuestos;
pd: y pa wanderer, que se explica aqui debajo, por no poner mas post: pa apolitica la lola (qepd)

[wanderer]

pos na, como pedia el 15m, que les den independencia; y va y lo hace el pp; "manda huevos", que diria el ejjperto de la peña;

http://blogs.elpais.com/ojo-izquierdo/2012/01/cosas-de-los-ruiz-gallard%C3%B3n.html

tambien podian hacer lo mismo con hacienda, que tampoco hay desertores que se pasan a la privada;

cada vez es mayor el número de empresas que pagan menos del 20 % de impuestos, deberían de revisar todas las deducciones que se aplican; allí hay mucha pasta y mucho desertor de clase que se volveria a trabajar para lo publico; ademas el argumento de que si les apretan se iran las empresas y los enjprendedores, es mentira casi siempre, pero con recesion global mundial y aqui con la nueva reforma laboral, no se va nadie; eso de la fuga de capitales y empresas vale pa los buenos tiempos y pa no empezar negocios dudosos cuando hay otros seguros; pero ahora estan caninos por pillar de donde sea, sirva de muestra los impuestos que pagan;

CdE, te falta un hilo de acusados por saltarse los impuestos;

Pues me crossposteo del hilo de ppcc:

http://www.transicionestructural.net/transicion-estructural/ppcc-pisitofilos-creditofagos-invierno-2012/msg13744/#msg13744

He insisto, lo poner cuotas de representación política, me parece una aberración. Puede haber una cierta anomalía en que dentro del estamento judicial haya menor representación de "progresistas" que en el resto de la sociedad, pero eso no es algo que deba ser remediado mediante una intervención tan burda.

Como me contaba mi abuelo que vivió algún tiempo en el México revolucionario, la gente, incluso la que les apoyaba, cuando llegaban gritaban: "socorro, cierren puertas y ventanas, que vienen los NUESTROS".

Pues eso.

EDIT: Y añado, el artículo del País, me parece una lamentable colección de falacias, argumentos ad hominen y non-sequiturs.

[CdE]

Javier Gómez de Liaño

ex juez de la Audiencia Nacional


Dolores Márquez de Prado (su mujer)

ex fiscal de ese mismo organismo

David Lozano contrató a los que él pensó que eran los mejores abogados posibles: Javier Gómez de Liaño y su mujer, Dolores Márquez de Prado. Él es ex juez de la Audiencia Nacional y ella, ex fiscal de ese mismo organismo. Ambos han defendido a hampones tan importantes como, por ejemplo, Zakhar Kalashov, el mafioso ruso más poderoso de los que se ha detenido en España.
 
Según una llamada telefónica grabada a Alfonso Taborda, mano derecha de Lozano, Gómez de Liaño cobró 300.000 euros y según otra grabación, el abogado aseguraba a la familia y a los amigos de David que ‘le absolverían o le condenarían a cinco o seis años’… Pero, aún así, a David Lozano le cayó una condena de 25 años de prisión por el asesinato del portero…Y eso pese a la compra de testigos...

La policía averiguó que Alfonso Taborda, ayudado en ocasiones por Ivo y el grupo de los porteros búlgaros, localizó a varios de los testigos que debían declarar en el juicio contra David Lozano. A algunos les convencieron de manera bastante expeditiva y a otros les intentaron comprar… En cualquier caso, les hicieron ofertas que no se podían rechazar… Pero a algunos testigos no llegaron o no les convencieron…
 
Por eso llegó la condena de 25 años, por el testimonio de un par de testigos que no sucumbieron a las ofertas y porque la policía avisó al tribunal que iba a juzgar a Lozano de las maniobras que estaban haciendo con los testigos para que tuviesen claras las razones de las repentinas amnesias de muchos de ellos… Uno de los testigos que declaró contra Lozano contó en una reciente declaración ante el juez que le ofrecieron 60.000 euros por cambiar sus recuerdos y le dijeron que el dinero llegaba de parte del abogado de David…
 
Tras este varapalo, Lozano siguió moviendo sus hilos para tratar de que el Tribunal Supremo le baje o le quite su condena. En una conversación grabada a Alfonso Taborda, este le cuenta a Lozano, el preso por asesinato, sus esperanzas para el futuro: “En el Supremo vamos a tener muchas oportunidades, porque don Javier (se refiere con respeto a Gómez de Liaño, el abogado), dijo que se iba a mojar y María Dolores (su esposa y ex fiscal) dijo de su boca: “Mira, nunca lo hemos hecho, vamos a hablar con magistrados por detrás”.

En fin. Que tienen esperanzas para el futuro. Desde luego, los implicados basan casi todo en el dinero. En otra grabación del sumario se oye cómo explican a un traficante de drogas mexicano que Lozano se ha quedado ‘más tieso que un árbol’ porque ha pagado a su abogado, a casi todos los testigos y ‘un millón para un juez del Supremo’…
 
El alto tribunal no ha fallado aún. Y la policía no tiene la certeza de que ese soborno sea real. Aunque en el sumario sí se hace referencia a un magistrado, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, porque el padre de David Lozano, Heliodoro, se refiere a un tal Berdugo en una reunión que mantiene con unas personas a las que pide ayuda tras la sentencia de su hijo. Y la policía relaciona esa mención con ese magistrado que goza, por supuesto, de toda la presunción de inocencia del mundo…

http://www.transicionestructural.net/las-cloacas-del-sistema/la-gran-cloaca-%28iv%29-mafias-de-la-noche-madrilena/msg13034/#msg13034

[CdE]

¿ Quienes son los verdaderos acusadores de Garzón y por qué?


Ignacio Peláez, ex fiscal de la Audiencia Nacional tiene una relación muy estrecha con la trama Gürtel , es el abogado defensor de José Luis Ulibarri, uno de los principales imputados en la trama corrupta y del exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo del Gobierno valenciano.

Peláez estuvo envuelto en 2006 en un extraño asunto con los famosos , aunque finalmente fue absuelto “porque cumplía órdenes de sus clientes”. En aquella ocasión le defendió el exjuez de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, que ahora, qué casualidad, defiende a Francisco Correa, el líder de la trama Gürtel.

Hay más. Ignacio Peláez es el abogado defensor, además, de Jorge Dorribo, el empresario gallego que ha acusado al ex ministro de Fomento, José Blanco de recibir dinero.

http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120119031151AAd5GSt

martes, 5 de diciembre de 2000


Nombrado juez de enlace con Italia un fiscal opuesto a entregar mafiosos juzgados en rebeldía


Ignacio Peláez Marqués, fiscal de la Audiencia Nacional, será el magistrado de enlace en Italia para agilizar la detención y extradición de los centenares de mafiosos italianos refugiados en el santuario español. El nombramiento de Peláez ha causado sorpresa en medios judiciales españoles e italianos, ya que la Fiscalía de la Audiencia Nacional para la que trabaja se ha opuesto reiteradamente a la extradición de los mafiosos juzgados en rebeldía en Italia y que se refugiaban en España. Con esta designación el Ejecutivo cumple el compromiso suscrito en una directiva de la UE en 1996.

Además de Peláez, designado el viernes por el Consejo de Ministros, habían presentado su candidatura al puesto tres jueces, dos de ellos de la Sala de lo Penal de la Audiencia. Varios magistrados de ese órgano destacaron ayer la "contradicción" que supone nombrar juez de enlace con Italia a un fiscal que " hasta hace unas semanas recurría las decisiones de los jueces de Audiencia partidarios de extraditar a los juzgados en rebeldía". "Si alguien ha sido obstruccionista en la colaboración con Italia ha sido esa Fiscalía", añadían.

http://elpais.com/diario/2000/12/05/espana/975970821_850215.html

Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez, abogados de `Los Albertos´, imputados por el caso de `la carta falsa´

@C.H.

Martes, 19 de diciembre de 2006

Asimismo, el Auto detalla la intervención de los letrados en la mediación para la elaboración del contrato que firmaron Cortina y Alcocer con la pareja de hermanos Arnaiz, Javier y José María, por la que los Albertos se comprometían a pagar una cantidad de dinero (en torno a 4,5 millones de euros) en caso de que aportaran “material potencialmente probatorio” para ser presentado a la autoridad judicial.

http://www.elconfidencial.com/economia/noticia.asp?id=7692

[Petardazo Inminente]

Y me pregunto yo si, visto lo visto, no cobra mas sentido que nunca, en su mas amplio abanico de interpretaciones, este viejo latinajo:

http://es.wikipedia.org/wiki/Vim_vi_repellere_licet


 

[CdE]

Un empresario le culpa de estar detrás de una operación que le arrebató sus propiedades y empresas

Ignacio Peláez, el abogado que defenestró a Garzón, acusado de estafa

C.G. | 21/marzo/2012


Ignacio Peláez, el abogado que consiguió con su querella por las escuchas del caso Gürtel apartar a Baltasar Garzón de la carrera judicial, está acusado por un empresario de participar en una estafa contra él a través de personajes con un historial bastante turbio. 


Artículos relacionados       

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 Peláez, exfiscal, es el abogado del empresario leonés José Luis Ulibarri, uno de los principales implicados en el caso Gürtel por supuestos cobros de comisiones ilegales. También llevó la defensa del exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo de la Generalitat valenciana Rafael Betoret, condenado por la causa de los trajes, por la que también se juzgó al expresidente Francisco Camps. Y es además el abogado de Jorge Dorribo, el empresario farmacéutico que acusa al exministro de Fomento José Blanco de haber recibido una comisión de 400.000 euros a cambio de supuestos favores.


La denuncia del empresario Carlos Gómez

 Según publica Interviú, Ignacio Peláez ha sido acusado por el empresario, profesional y expresidente de su asociación colegial Carlos Gómez de una presunta estafa con la que se le despojó de sus empresas y de propiedades. La denuncia de Gómez está siendo investigada por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), y ha sido elevada a un juez de Estepona, que instruye el caso.


Se vendieron sus propiedades a personas vinculadas a Peláez

 De acuerdo con la denuncia de este empresario, tenía buena parte de su patrimonio a nombre de tres de sus empresas. Sin que supiera nada, se revocaron juntas generales, se le revocó del cargo y se vendió el patrimonio de las sociedades. Los compradores fueron varias personas de León, con antecedentes penales y vinculados de alguna manera con el abogado Ignacio Peláez.


Ortiz declaró que Peláez le recomendó hacer la operación en Estepona

 Las propiedades arrebatadas a Gómez son dos chales en Cabo de Palo, en Murcia, otro en Marbella, Málaga, y un solar edificable en Getafe. Los hilos habrían sido movidos por Mariano Ortiz Pérez, socio de Carlos Gómez y amigo de Ignacio Peláez. Ortiz Pérez habría actuado gracias a un poder notarial, con el que convocó una junta general y nombró nuevos administradores de las sociedades. En su declaración ante el juez, Ortiz Pérez afirmó que Peláez le recomendó que hiciera la operación con un notario de Estepona y aseguró que el abogado viajó con él allí para formalizar la operación.


Los hermanos Pintado Palomo y su relación con Peláez

Ortiz nombró como administrador de las empresas a Eduardo del Valle, que luego vendió las propiedades a Tendencias Oven, administrada por José Luis Barreiro, y este luego las pasó a Proyectos Junio VI, que entonces administraba José Manuel Pintado.

La venta a los hermanos Pintado Palomo se hizo en Palma de Mallorca ante un notario que el propio Peláez ha admitido conocer. José Manuel Pintado Palomo y su hermano Timoteo, leoneses, fueron juzgados y absueltos en un caso que investigó el atentado contra la vida del consejero de Obras Públicas José Cuiña (fallecido) por encargo del empresario José Martínez Núñez.

El abogado de los hermanos Pintado Palomo entonces fue Ignacio Peláez. Por su parte, Martínez Nuñez y su empresa Teconsa están implicados en el caso Gürtel , en el que Peláez actúa como abogado de varios imputados.


Peláez reconoció su amistad con los notarios que hicieron la operación

Ignacio Peláez ha tenido que declarar ante la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) por estos hechos. Ha reconocido su amistad con los notarios que han participado en las operaciones y con el imputado Mariano Ortiz, aunque ha negado cualquier responsabilidad en este caso. Ha acusado al empresario Carlos Gómez de ser un estafador profesional y de querer “ensuciarle”.


El Mercedes fue pagado desde el despacho de Peláez

 Según la acusación, Mariano Ortiz, que declaró que había viajado con Peláez, llegó a Estepona en una furgoneta Mercedes, alquilada en una oficina de Avis en la estación de Málaga, según ha podido saberse por la matrícula. Había sido alquilada por José Manuel Pintado Palomo, pero los datos de contacto y pago pertenecen al despacho del abogado Ignacio Peláez.

http://www.elplural.com/2012/03/21/ignacio-pelaez-el-abogado-que-defenestro-a-garzon-acusado-de-estafa/

El último sumario del verdugo de Garzón

El abogado Ignacio Peláez, acusado por uno de sus socios de participar en una estafa contra él

Fecha: 16/03/2012

Texto: Joaquín Vidal


El abogado que acabó con la carrera judicial de Baltasar Garzón está ahora acusado de estafa por un antiguo socio.

Según la acusación, Ignacio Peláez participó en una maniobra para despojarle de las propiedades de sus empresas por medio de personajes turbios. El móvil sería la venganza.

El hoy letrado fue un prestigioso fiscal de la Audiencia Nacional. Actualmente tiene notables clientes en su despacho.

El abogado Ignacio Peláez, cuya denuncia acabó con la carrera del juez Garzón, está acusado de participar en una maniobra para sustraer los bienes de un antiguo socio suyo, Carlos Gómez, empresario, profesional y expresidente de su organización colegial. Su denuncia dio pie a la investigación de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), elevada al juez de Estepona que instruye la causa. Se tratarí de un delito que se conoce en el argot como"de abogado".

Carlos Gómez tenía buena parte de su patrimonio a nombre de tres de sus empresas. Sin que él supiera nada, se convocaron juntas, se le revocó del cargo y se vendió dos veces el patrimonio de las sociedades. Los compradores fueron, según la denuncia, varias personas de León con antecedentes penales vinculados de diferentes maneras a Ignacio Peláez y su trabajo de abogado.

Todas las operaciones se llevaron a cabo en la notaría de José María García Urbano, en Estepona. Este notario, hoy alcalde de la localidad malagueña, reconoció en su declaración a la policía que esta operación le llegó a través de un abogado de Madrid, Ignacio Peláez.

El juez aún no ha decidido la imputación del conocido letrado.

http://www.interviu.es/reportajes/articulos/el-ultimo-sumario-del-verdugo-de-garzon
 

[CdE]

Currículum mafioso de José Martínez Nuñez (Teconsa-Gürtel) y los hermanos José Manuel y Timoteo Pintado Palomo

Archivadas las denuncias del expresidente de Retecal contra M.Núñez por sabotaje

Uno de los aspectos más oscuros de la historia de Retecal parece que ha llegado a su fin.

Los juzgados han decido archivar las denuncias de José Luis Uribarri contra José Martínez Núñez, que fue acusado de ordenar un incendio en las instalaciones de Retecal y Begar, empresas presididas por Uribarri.

Según se desprendía del escrito de diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid, "El constructor leonés José Martínez Núñez ordenó el sabotaje contra las oficinas de la constructora Begar de Valladolid. En la madrugada del 19 de febrero de 1999, dos encapuchados rompieron cristales de las oficinas de la constructora Begar, propiedad de José Luis Ulibarri, y lanzaron al interior varias botellas incendiarias, junto a una nota en la que se podía leer 'primer aviso'." (...)

"José Martínez Núñez ordenó a los hermanos José Manuel y Timoteo Pintado Palomo, que procedieran a causar daños en la sede de las empresas Begar y Retecal'. José Manuel y Timoteo Pintado, titulares de la agencia de detectives D'Ajenti Hermanos y detenidos a finales de 1999 por su presunta relación con los atentados a la empresa berciana del industrial Gumersindo Castro, encargaron a su vez el sabotaje en las oficinas de Begar a sus empleados Rafael Wolfang Pérez Álvarez y Gustavo Alonso Melcón."

"Estos dos empleados se personaron en Valladolid y tapados con sendos pasamontañas y portando garrafas de gasolina, un martillo y un objeto cortacristales, procedieron a romper la luna del cristal del portal, por donde introdujeron el líquido inflamable, que causó daños superiores a los 601.000 euros" (...) "Los hechos pueden revestir las características de un delito de coacciones y daños por parte de Alonso Melcón, los hermanos Timoteo Palomo y el constructor José Martínez Núñez. Rafael Wolfgan Pérez Álvarez no aparece mencionado en el escrito ya que se suicidó en julio de 1999 tras dejar una carta manuscrita en la que afirmaba que se había negado a asesinar a Xosé Cuiña por encargo de los hermanos Timoteo Palomo."

José Luis Uribarri es desde la venta de Retecal en Febrero, miembro del Consejo de Administración de ONO. También es presidente de la constructora BEGAR (accionista de Retecal y ONO) y fué presidente de Retecal desde 1997 hasta 2004. Ocupa el cargo de presidente en Televisión Castilla y León y es consejero en varias empresas socio-sanitarias.

A pesar de sus contactos empresariales, nunca consiguió el apoyo institucional de la Junta de Castilla y León con Retecal. En parte debido a su enemistad con la ex-consejera de Economía de Castilla y León, Isabel Carrasco, que a su vez era consejera de Caja España, (también accionista de Retecal y ONO) y que nunca fué partidaria de apoyar institucionalmente a Retecal ni a Ulibarri, aunque si al grupo Martínez Núñez.

José Martínez Núñez es un constructor leonés que desde 1987 ha obtenido obras de la Junta de Castilla y León por valor de 20.000 millones de pesetas y por la Xunta de Galicia por más de 7.000 millones. Fué relacionado por la Guardia Civil con varios hechos delictivos, entre los que se incluye un presunto plan para asesinar a José Cuiña, consejero de Obras Públicas de la Xunta de Galicia. Cuiña ha revelado que hace años mantuvo un agrio enfrentamiento en su despacho con Martínez Núñez, después de que éste exigiese, dando puñetazos en la mesa, la concesión de más proyectos de la consellería de Obras Públicas.

Además, la Audiencia de León investigó diversos actos de sabotaje, supuestamente atribuídos a José Martínez Núñez y producidos desde 1996 a empresas competidoras del grupo Martinez Núñez.

A pesar de la gravedad de los hechos, estas acusaciones apenas han salido en la prensa. Ni en el momento en que tuvieron lugar, ni en los 5 años de resolución judicial ni el día del sobreseimiento del caso, el pasado 21 de Mayo.

Resulta curioso como los medios de comunicación silencian a veces noticias de esta índole.

http://bandaancha.eu/articulo/2534/archivadas-denuncias-expresidente-retecal-contra-mnunez-sabotaje